La denuncia de sabotaje de Petro pierde fuerza y apunta a una posible venganza

El retiro fulminante de un general de la Policía Nacional de Colombia se ha convertido en un espejo incómodo para el Gobierno de Gustavo Petro. Y para el país. Una semana después de que el presidente denunciara un supuesto sabotaje —que habría consistido en intentar sembrarle cocaína en su vehículo presidencial para boicotear su reunión con Donald Trump— la teoría del complot pierde fuelle, mientras crece la tesis de la venganza.

En los últimos días se han multiplicado las dudas sobre el informe que precipitó la destitución del general Edwin Urrego —y el coronel Óscar Moreno— y sobre los intereses que lo impulsaron. Las preguntas clave del caso siguen sin respuesta. ¿Alguien quiso de verdad entrampar a Petro? ¿Qué pruebas sirvieron para acabar con la carrera y la reputación del oficial señalado como cerebro del supuesto sabotaje? ¿Quién armó el informe que motivó el escándalo? La trama ha mutado en la conspiración sobre la conspiración y nadie quiere tener nada que ver con ella. Fuentes conocedoras del caso y cercanas a la presidencia empiezan a hablar ya de que pudo haberse cometido un “error”.

Las teorías que intentan descifrar qué pasó realmente han proliferado estos días en los medios de comunicación, alimentadas por los propios implicados. Muchos han apuntado hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti, como supuesto urdidor del plan que acabaría con la carrera de un general que le incomodaba, pero, al parecer, Urrego tenía más enemigos con razones para acabar con él. “Es demasiado fácil no solamente sacarte del camino, sino acabar con tu reputación, sacarte indefenso y desprestigiado”, lamenta una fuente conocedora del caso. La historia se ha complicado hasta tal punto que la cocaína en el coche presidencial quedó en tercer plano. Aquí todos se sienten víctimas de conspiraciones por un motivo u otro: Petro, el general Urrego, Benedetti, el ministro de Justicia y el resto de personajes de la trama. Nadie se siente a salvo de la mano negra del poder.

En la última semana, dos ministros clave –que se enteraron del caso por la prensa– han restado credibilidad a la teoría del sabotaje. El ministro de Defensa, superior del general acusado, fue prudente para no contrariar la versión del presidente, pero alertó en Caracol Radio: “Con desinformación se afectan honras y carreras”. Y añadió: “Es muy grave que esto llegue a ser cierto, pero también sería supremamente grave que no lo sea”.

El saliente ministro de Justicia, Andrés Idárraga, ha sido más contundente. Indignado porque en estos días se ha intentado vincular la denuncia con su cargo como Secretario de Transparencia de la Presidencia —adonde llegó la denuncia anónima con la que se construye la historia del sabotaje—, asegura a Papallones que el caso no pasó por sus manos. También afirma que hacía tiempo que le constaba que el general Edwin Urrego estaba incomodando a altos funcionarios del Ejecutivo. “Había inconformidad sobre sus actuaciones. Y obviamente estaban pidiendo sacarlo”, asegura. Pero evita señalar a quién molestaría el general. “Es probable que hayan mal informado, de manera intencional, al presidente de la República”.

—¿Quién?

—Esto puede ser una traición al presidente de la República por personas que dicen ser leales a él.

—¿Para qué?

—Han querido sostenerse cerca, así sea a costa de decirle mentiras.

La información que llevó a Petro a desatar el escándalo el pasado martes en un Consejo de Ministros proviene de un correo electrónico anónimo que alertaba de un presunto complot contra él y su ministro del Interior, Armando Benedetti. El documento, recibido a través del Portal Anticorrupción Colombia, acabó convertido en una presentación de diapositivas que vinculaba a Urrego con supuestas irregularidades, sin ninguna relación directa con la denuncia original. Se habla de que existe un robusto informe de inteligencia a Dirección General de Inteligencia (DNI) sobre el caso, pero no ha trascendido. Sí lo han hecho las diapositivas, que desde el comienzo, generaron suspicacias por sus inconsistencias.

Nada más estallar el escándalo, ya se apuntaba a una posible venganza del propio Benedetti, ya que Urrego fue el responsable del operativo policial que participó en el allanamiento que se hizo en su casa de Barranquilla —en el marco de una investigación por corrupción— el pasado mes de noviembre. El operativo enfureció al ministro. Fue el propio Petro el que alimentó esta tesis cuando, al referirse al general de forma indirecta, le dijo a Benedetti: “Eso tiene que ver con usted. Le allanaron su casa. Era para eso”. Urrego contó la semana pasada a este diario que había una intención de sacarlo de la Policía y sugirió que sería por este y otros casos que incomodaron al ministro.

Más allá de las inconsistencias, la presentación, que acabó filtrada a los medios, incluía una mención que terminaba de enredar el caso. Sin mayor contexto, menciona el operativo de julio de 2024 en el que fueron incautados varios equipos tecnológicos a una caravana en la que viajaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, comandante de una facción disidente con la que el Gobierno sostiene diálogos de paz. Un año y medio después del operativo, un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que en los dispositivos incautados aparecían conversaciones que apuntaban a que Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, y el general Juan Miguel Huertas, entonces comandante de Personal del Ejército, supuestamente habrían entregado información reservada a ese grupo armado.

Se da la coincidencia —aunque en este caso nada parece ser una coincidencia— de que el general Urrego era subdirector de la Dijín —la policía judicial— cuando esa institución lideró el procedimiento contra Calarcá. Y que el coronel Óscar Moreno (el otro oficial señalado en el supuesto sabotaje), era responsable del operativo. La mención de esta conexión, aparentemente remota, abrió de repente una nueva insinuación de venganza, en este caso de Mejía y Huertas contra Urrego. No por el operativo, sino por la filtración.

De nuevo, la conspiración fue alimentada por sus propios protagonistas. Este fin de semana, Mejía, que también se declara víctima de un complot en su contra, lanzó de forma indirecta en su cuenta de X que el general Urrego y el coronel Moreno pudieron haber filtrado la información que manchó su reputación. “Como custodios de información judicial o de inteligencia, Urrego y Moreno tenían la obligación de garantizar su confidencialidad y reserva [...] La divulgación de dicha información a terceros sugiere una posible negligencia o incluso una intención dolosa en la manipulación de la información”, escribió. Urrego niega tajantemente cualquier filtración.

Pero cuando aún no se había terminado de aclarar la conexión entre Mejía y Huertas, ha surgido otro potencial enemigo de Urrego: César Augusto Ortiz, un mayor retirado de la Policía que fue, hasta diciembre pasado, oficial de contrainteligencia de la DNI. Antes de aterrizar ahí, Ortiz fue el jefe de la Sijín, la policía judicial, en el departamento de La Guajira. Fue retirado de la institución en medio de dos denuncias penales por narcotráfico y contrabando en esa región. Una fuente interna de la DNI asegura que quien fraguó su salida de la Policía en 2023, por esas investigaciones, fue, justamente, el general Urrego. “Ortiz era parte del equipo que estaba trabajando en el informe contra Urrego” junto al exdirector de la DNI, Jorge Lemus, añade esta fuente.

La secuencia de los hechos revela, en todo caso, la fragilidad de cualquier reputación en Colombia. Un informe de inteligencia, del que no se conocen más evidencias que un anónimo y episodios ajenos a la denuncia original, bastó para precipitar la destitución de dos altos mandos policiales por unos hechos que niegan. No hubo polígrafo, ni una investigación disciplinaria conocida antes de sacarlos de sus cargos de forma fulminante.

Entre todas las preguntas que sobrevuelan este caso hay una más incómoda que las otras: si la denuncia de sabotaje pierde consistencia, ¿qué motivó realmente la salida del general Urrego? ¿Y quién la empujó? En este episodio, los silencios están pesando tanto como las supuestas pruebas. Y lo que falta por explicar empieza a ser más elocuente que lo poco que ya se explicó.