Petro destituye al general de la Policía que acusa de intentar frustrar su reunión con Trump
El presidente colombiano acusa a Edwin Urrego, comandante de la policía de Cali, de haber intentado colocar droga en un vehículo de su comitiva


“Retírese del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al brigadier general Urrego Pedraza Edwin Masleider”, dice un decreto del Ministerio de Defensa de Colombia de este miércoles 11 de febrero. No se trata de un documento de trámite: es la ejecución de una orden del presidente Gustavo Petro para sacar al oficial que comandaba la Policía Nacional en Cali, la tercera ciudad del país, tras acusarlo de intentar sabotear su encuentro con Donald Trump de la semana pasada. Aunque el mandatario de izquierdas ha dado pocos detalles de lo ocurrido, y Urrego ha negado cualquier irregularidad, la decisión de sacar a uno de los oficiales de mayor rango de la policía concentra la atención de un país que enfrenta unas inundaciones sin precedentes en su costa Caribe, está atento a la evolución de la vecina Venezuela e inicia un ciclo electoral que definirá el sucesor de Petro.
“Hay un general que ordené retirar de la Policía”, dijo Petro este martes en Montería, una ciudad con barrios enteros anegados y donde realizaba un Consejo de Ministros dedicado a organizar la respuesta del Ejecutivo nacional a las inundaciones. “Alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro, con la misión de destruir la reunión con Trump“, afirmó, de paso, en medio de una de sus largas intervenciones y sin dar un nombre. No explicó cómo supo del intento de saboteo, no reveló qué pruebas tiene, no dejó claro siquiera si las drogas irían a su caravana en Colombia o en Washington. Pero sí dejó pistas: indicó que el oficial había tenido que ver con un allanamiento realizado en noviembre en la casa de su ministro del Interior, Armando Benedetti, en las afueras de Barranquilla, ciudad en la que entonces trabajaba Urrego como comandante.
La sindicación, que al principio pasó desapercibida entre otros anuncios, se formalizó con el decreto del mediodía de este miércoles. Previo a ello, Urrego ya había dialogado con varias emisoras locales, donde ha mantenido su afirmación de inocencia. “Es una total desinformación la que ha recibido el señor presidente. No obedece a la realidad. Pensar en realizar un acto así iría incluso contra la misma democracia”, señaló a Caracol Radio, y le indicó además que sus responsabilidades no guardaban relación alguna con el esquema de seguridad del presidente ni con el allanamiento en Barranquilla. “Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, finalizó en Caracol Radio, para luego anunciar que considera iniciar acciones legales para proteger su honor.
La reunión de Petro y Trump, que concluyó con sonrisas y una inesperada cercanía tras un año de insultos, desencuentros y crisis, representó un cambio en la política colombiana. A un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo y en pleno desarrollo de la campaña presidencial del 31 de mayo, le quitó a la izquierda uno de sus mayores obstáculos. Las encuestas indican que los colombianos tienen una percepción favorable de la potencia norteamericana y desean relaciones pacíficas, mientras que la derecha sostenía que eso sería impensable si la izquierda permanecía en el poder. El encuentro demostró que esa suposición no es inevitable; la derecha perdió un símbolo electoral y Petro reafirmó su logro. Por eso, cualquier intento de sabotear la reunión se interpreta como una maniobra política de gran calado.
En su intervención en el Consejo de Ministros, Petro mencionó otras circunstancias que lo colocan en una situación de “alarma”. El presidente acusó a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien asumió el cargo en 2024 tras ser propuesta por él, de liderar una estrategia para aislarlo mediante procesos contra individuos cercanos. Solo horas antes, la Fiscalía había anunciado que impondría cargos a Ricardo Roa, exgerente de su campaña presidencial de 2022, por haber superado los límites electorales en esa contienda, una infracción que en Colombia es considerada un delito. El mandatario también hizo referencia a su hijo Nicolás, acusado desde 2023 de supuestamente recolectar fondos para esa campaña y apropiárselos, así como a su exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien también enfrenta un juicio por presuntamente haber destinado recursos públicos a congresistas a cambio de su respaldo al Gobierno.
Además, el jefe de Estado reiteró una acusación que ya ha mencionado antes: la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida. Si en ocasiones anteriores había aportado detalles sobre la amenaza, esta vez se limitó a afirmar que había estado varios días “escapándome de que me maten” y que algunos “quieren dañar al presidente físicamente”. Hace casi un año exacto, había denunciado un intento más concreto: “Quieren disparar un misil a mi avión”, dijo entonces, culpando a un grupo de narcotraficantes, la “nueva junta del narcotráfico”. En su momento también cuestionó la decisión de Estados Unidos de reducir parte de la protección de la Casa de Nariño, la residencia presidencial de Bogotá, en un contexto en el que el magnicidio del senador y candidato opositor Miguel Uribe Turbay ha resucitado el miedo a una violencia política que azotó al país a finales del siglo XX.
La campaña presidencial de 1990, que presenció el asesinato de los candidatos Luis Carlos Galán (liberal), Carlos Pizarro (AD M-19, el partido surgido de la guerrilla en la que militó Petro), y Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica) no se ha borrado. En su campaña de 2022, el mismo Petro había evocado ese miedo. “Cuando me mezclo entre la multitud, cuando estoy en una tarima y hay una plaza llena, que en cualquier lugar podría alguien disparar”, comentó entonces a France 24. Hasta ahora nadie ha disparado; Petro está a menos de seis meses de terminar su mandato, y otro temor, el de una tensa relación entre un presidente de izquierda y las fuerzas militares y policiales, ha perdido intensidad. Tal vez no en el caso de Urrego, un oficial desconocido para el público hasta su retiro repentino.
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