Hija de Trump? No, "

La congresista conservadora colombiana Ángela Vergara asegura estar viviendo un calvario. El pasado viernes aprovechó sus redes sociales para denunciar que su hijo, Rafael Alonso Vergara, de 22 años, había sido detenido en Estados Unidos por agentes de la policía migratoria (ICE) y que llevaba 18 días “encarcelado y encadenado”.

A través de un video colgado en redes manifestó: “Es una persona que estaba a la espera de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo y su seguro social. Un joven que ni siquiera tiene una infracción de tránsito pero que, al igual que muchos colombianos, está viviendo un martirio”.

Vergara forma parte del Partido Conservador, el cual ha manifestado su respaldo al Partido Republicano en Estados Unidos y ha aplaudido la reincorporación de Donald Trump a la Casa Blanca. Ante los señalamientos en su contra, desmiente los rumores que sugieren que celebró las expulsiones de latinos o que instó a una maniobra militar de Washington en Colombia.

La representante a la Cámara, usualmente poco visible en el debate nacional, ha usado sus redes y ha hablado con varios medios de comunicación para ofrecer más detalles sobre el arresto de su hijo: asegura que fue detenido en una vía pública en el Estado de Luisiana a las 4 de la mañana, y que, tras ser identificado como un inmigrante, fue arrestado por agentes del ICE.

Vergara residía en Estados Unidos a partir de 2022. Pasado un año de su arribo, resolvió gestionar el asilo. Desde el mes anterior, inmediatamente después de saber de la captura de su hijo, la dirigente manifiesta que la táctica jurídica ha consistido en requerir el regreso voluntario a Colombia, dado que creía que era la vía más ágil. “Mi hijo no es un indocumentado. Mi hijo es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles están sufriendo en EE UU. Hay personas como él que no son delincuentes”, subrayó.

Desde el regreso al Despacho Oval para su segundo mandato, Donald Trump ha endurecido la política migratoria. Ha elevado la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza. Les ha conferido más autonomía y poderes para que realicen redadas indiscriminadas en busca de inmigrantes sin papeles, al tiempo que ha limitado los visados y endurecido los convenios con otros países.

En el último año ha deportado a más de 650.000 inmigrantes sin documentación, según cálculos de la Administración estadounidense.

Los oficiales de inmigración del ICE y de la Patrulla Fronteriza han pasado a ser el gran temor de muchísimos extranjeros y blanco de reproches debido a sus métodos desmedidos. Ataviados de forma similar a fuerzas paramilitares, con las caras cubiertas mediante máscaras o pasamontañas, se han posicionado en regiones y urbes bajo administración demócrata, tales como Minneapolis, Chicago o Los Ángeles.

Han realizado redadas y controles sorpresa, abusando de la fuerza. Unos 3.000 efectivos de estos agentes fueron desplegados en Minneapolis, donde han protagonizado algunos de los capítulos más despiadados de estos cuerpos. Con apenas dos semanas de diferencia, agentes migratorios asesinaron a tiros de Reneé Good y Alex Pretti cuando protestaban pacíficamente en sendas manifestaciones contra la política represiva de Donald Trump. La muerte de estos ciudadanos estadounidenses fue el detonante de una ola de indignación que recorrió Estados Unidos.

Trump sugirió que aliviaría la presión migratoria, pero días después volvió a la carga y se jactó de las deportaciones masivas. Encomendó al zar de la Frontera, Tom Homan, que apaciguara la tensión en Minnesota. Y este anunció el repliegue de la policía migratoria, pero aseguró que mantendrá las redadas contra los inmigrantes.

Ángela Vergara realiza actualmente una petición a su Estado, solicitando una “intervención” con el objetivo de que “los colombianos puedan regresar de manera rápida a su país”. Mediante una misiva enviada a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, la congresista insta al Ejecutivo de Gustavo Petro a agilizar la gestión de traslados humanitarios para nacionales retornados con el soporte de la Fuerza Aérea, buscando evitar que los compatriotas permanezcan por tiempo indefinido en instalaciones de reclusión incluso cuando ya solicitaron una partida voluntaria o si no cuentan con procesos administrativos o legales pendientes en Estados Unidos.

En cuanto Trump se instaló en la Casa Blanca y puso en marcha su política de expulsiones masivas, el presidente Petro resolvió paralizarlas sosteniendo que no se ofrecían garantías humanitarias para los compatriotas retornados. Sin embargo, luego de una cordial cita con Trump hace un mes en la Casa Blanca, el gobernante de tendencia izquierdista determinó reiniciar los trayectos empleando naves civiles y militares.

La difícil situación de este hogar no ha pasado desapercibida para los usuarios digitales, quienes han manifestado críticas ante “la hipocresía” de la legisladora. Vergara, vinculada al histórico Partido Conservador, pertenece al grupo conocido como bancada provida del Congreso: una asociación de senadores y representantes opuestos al aborto que sintoniza con múltiples principios que también promueve la corriente MAGA de los republicanos en EE UU.

Tras el atentado contra el activista conservador Charlie Kirk, el pasado septiembre, Vergara lamentó su muerte y alertó del supuesto riesgo que existe para los llamados provida en EE UU y Colombia. “Su partida representa una pérdida para quienes defendemos con firmeza la vida, la familia y la libertad. Que este doloroso hecho nos recuerde la urgencia de unirnos en la defensa de nuestros valores frente a la violencia y la intolerancia”, manifestó entonces.

Tras la noticia también han sido publicados varios bulos, como que la congresista es fundadora de un movimiento llamado “Latinas por Trump” o que ha pedido abiertamente una intervención de Washington en el país. Ambas acusaciones, de las que no hay pruebas conocidas, han sido rechazadas por la congresista.