Petro lidera el esfuerzo por establecer el salario mínimo, mientras que otros participan en el debate.

Gustavo Petro ha hecho una nueva movida económica más polémica a solo meses de las elecciones legislativas de este año: decretar la última semana de diciembre un aumento d el salario mínimo para el 2026 de un 23%, para que quedara en 2 millones de pesos, un poco más de 500 dólares. Es una cifra muy superior a la inflación de Colombia en 2025, el 5,1%, y a lo que el sector privado y los sindicatos habían propuesto a finales del 2025, 9% y 15% respectivamente, en una mesa de concertación donde el Gobierno suele sentarse como árbitro entre ellos, no como el actor que sube la apuesta. Los gremios criticaron fuertemente la decisión, y muchas voces alertaron del riesgo de aumentar la inflación y profundizar el ya alto déficit fiscal. El decreto del salario mínimo recibió múltiples demandas y el Consejo de Estado, la semana pasada, lo suspendió. También pidió al Gobierno una mejor argumentación y le dio ocho días para emitir un nuevo decreto. Pese a esos ruidos, la movida económica de Petro le ha dado una victoria política. Tanto los gremios como las cabezas de la derecha ahora piden mantener ese aumento del 23%.

Esencialmente, candidatos en la derecha argumentan que el Ejecutivo puede dar alivios tributarios al empresariado que debe pagar ese salario. Algo similar ha dicho el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master, el gremio más grande de Colombia. “El país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo se han generado”, añadió el viernes pasado, tras conocer la decisión judicial. El presidente y sus seguidores convocaron a manifestaciones, el próximo jueves, para también mostrar el apoyo popular al aumento.

El Gobierno también convocó a un encuentro de la mesa de concertación este lunes, para escuchar las posiciones de empresarios y trabajadores sobre la suspensión. “Fue una conversación fluida, respetuosa, franca”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al salir de la reunión. “Hemos constatado que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor: [dicen] que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7%”. Las centrales sindicales, como era lo esperado, tampoco quieren modificar la cifra, contó el político de izquierdas. El ministro insistió en que se refería a “la mayoría”, puesto que la Federación Nacional de Comerciantes o Fenalco, ha insistido con que el incremento del 23% implica la pérdida de 773.000 empleos. Su cabeza, el antiguo congresista conservador Jaime Alberto Cabal, se negó el año pasado a mantener las negociaciones ante lo que consideraba una solicitud excesiva de los sindicatos.

La administración tiene actualmente la obligación de publicar el decreto que acate las condiciones demandadas por el Consejo de Estado, lo cual consiste básicamente en una justificación distinta. Quienes cuestionan al Gobierno indican que el mandatario basó la normativa en la novedosa premisa de establecer un “salario vital familiar”, la cifra requerida por un núcleo familiar para subsistir con dignidad de acuerdo con una investigación de la Organización Internacional del Trabajo, omitiendo elementos tales como la productividad o la inflación, requeridos por la legislación que norma las alzas.

“Los trabajadores y trabajadoras no viven solos, viven en su familia”, afirmó el jefe de Estado al promulgar su decreto en diciembre, en favor de su incremento, que se deriva del concepto de salario vital que ha amparado la Corte Constitucional. Según esta medición del presidente, hay un promedio de 3,4 integrantes por familia, y de ellos 1,5 laboran. La canasta familiar supera los tres millones de pesos, por lo cual el Gobierno estima que se solventaría ese mínimo vital familiar con 2 millones de pesos de sueldo por cada empleado. Admitió que es una subida que causa “presión sobre los precios”, aludiendo al riesgo de que aumente la inflación, pero deseaba “democratizar la riqueza para que la mayoría de la gente que trabaja viva mejor”.

Un mes y medio después, y dado el resultado de la comisión tripartita, lo más probable es que Petro reitere el aumento del 23,7% con el nuevo decreto. Aunque ahora tenga la tarea de ponderar los demás elementos en una argumentación distinta, ya ha logrado que los gremios empresariales y la derecha acepten su aumento, una victoria política clave para el primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea. Es una victoria también para sus candidatos al Congreso, que llegarán a las urnas en menos de tres semanas con el viento de haber logrado un histórico aumento del salario mínimo, de más de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación.