Petro y su ministro de Salud señalan a la madre de Kevin Acosta por su muerte: “Los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos”

Tres días después de la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, que duró dos meses a la espera de un medicamento que lo mantenía protegido de la hemofilia que padecía, el Gobierno de Colombia ha evitado asumir cualquier responsabilidad en el hecho. El lunes por la noche, en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro ha señalado a su madre como la primera responsable de la muerte, ocurrida tras un accidente en bicicleta y ante la falta del tratamiento preventivo: “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos", ha dicho el mandatario.

Lo ha secundado el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien achacó el fallecimiento del niño al accidente que lo llevó a un estado crítico. No hizo comentario alguno sobre la responsabilidad de la entidad promotora de salud a la que estaba afiliado, la Nueva EPS, manejada por el Gobierno desde abril de 2024 y que desde diciembre le dejó de suministrar el medicamento que lo mantenía con vida. “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento”, dijo Jaramillo.

Kevin Acosta, muerto en la mañana del pasado viernes 13 de febrero, había sufrido días antes una caída en bicicleta que le causó hemorragias abundantes. Padecía de hemofilia A severa, una enfermedad que dificulta cortar el flujo de sangre. El niño llevaba dos meses a la espera de que la Nueva EPS —que tiene bajo su tutela los servicios de salud de más de 11 millones de personas— le diera el medicamento que mantenía su condición controlada. La última vez que recibió el fármaco, que debía suministrársele cada 28 días, fue el 12 de diciembre pasado. Tras la caída, su condición se agravó y tuvo que ser trasladado a Bogotá, donde murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia.

La explicación del ministro Jaramillo, médico de profesión, dista de la postura de autoridades en enfermedades sanguíneas. El pediatra Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, ha dicho este martes en Caracol Radio que las palabras del ministro son inapropiadas y ha añadido: “La hemofilia tiene un tratamiento que les permite a los niños y a los adultos tener una vida normal, una vida sin limitaciones, siempre y cuando reciban oportunamente un tratamiento, cosa que Kevin no recibió”. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, por su parte, ha explicado: “En hemofilia, la prevención es administrando el medicamento que les permite tener niveles mayores del factor de coagulación deficitario. La actividad física no solo está permitida, sino recomendada, con beneficios físicos, psicológicos y sociales”.

Catherine Pico, la mamá del niño, relató a Blu Radio que las dificultades empezaron el 31 de diciembre pasado, cuando Nueva EPS dio por terminado el convenio que tenía con la IPS Medicarte, la institución que suministraba el fármaco Emicizumab, cuyas dosis individuales cuestan alrededor de 35 millones de pesos (algo más de 9.500 dólares). En enero fueron remitidos a otra IPS, Integración Solux, pero allí tampoco consiguieron el medicamento. Según Pico, la EPS siempre supo dónde se encontraba el niño, y afirma que la imposibilidad de darle el fármaco que mantenía su condición bajo control no fue responsabilidad de la familia, sino culpa de las barreras burocráticas.

Pico también se refirió a los comentarios emitidos en el consejo de ministros del lunes. “El hecho de que sea hemofílico no significa que él no pudiera hacer actividades... No lo podía tener atado a una cadena o amarrado o bajo llave”. Dijo también que hay muchos atletas de alto rendimiento que tienen hemofilia y pueden competir en sus disciplinas con normalidad, siempre que tengan el tratamiento adecuado: “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente. El niño murió por falta de un medicamento”.

La Sociedad Colombiana de Pediatría ha emitido un comunicado este martes, en el que lamenta la muerte del niño y exige una investigación ante las denuncias por las dificultades que tuvo para acceder al tratamiento que lo mantenía con vida. La agrupación también ha rechazado que recaiga sobre la familia la responsabilidad por el deceso del menor: “Rechazamos enfáticamente cualquier señalamiento que pretenda trasladar responsabilidades a las familias”. Y más adelante: “La protección de la infancia es una obligación del Estado, del sistema de salud y de toda la sociedad. Ninguna madre o padre debería enfrentar la pérdida de un hijo mientras lucha por acceder a tratamientos que son un derecho fundamental”.

En los más de tres años de mandato, el Gobierno de Gustavo Petro ha intentado de muchas maneras reformar el sistema de salud del país. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones, sin éxito, ante el Congreso, que ha archivado los proyectos de reforma. El último de ellos, en diciembre pasado. Ya para ese momento, era palpable la crisis financiera del sistema de salud, por la cual Petro ha responsabilizado a las EPS, y que, en resumen, afecta a la atención de millones de pacientes.

La manera que el Gobierno ha encontrado para buscar cambios en el sistema ha sido a través de la intervención de las entidades promotoras de salud. En el caso de Nueva EPS, la entidad más grande del país y que prestaba sus servicios a Kevin Acosta, el Ejecutivo tomó su control en abril de 2024. En septiembre de 2025, la Fiscalía señaló la existencia de graves casos de corrupción en la EPS, con desvíos de dinero superiores a los 70.000 millones de pesos antes de su intervención. El síntoma más tangible de esa crisis en el sistema recae en los pacientes, que deben esperar semanas o meses por sus medicamentos, tal y como ha ocurrido en el caso de Kevin Acosta.