Un niño de 7 años pierde la vida en Bogotá mientras esperaba las medicinas que aseguraban su existencia.

Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años oriundo del departamento de Huila, en el centro de Colombia, murió en la mañana del viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Días antes había sufrido una caída en bicicleta que le provocó hemorragias, un accidente que resultó mortal para el niño, que sufría de hemofilia A severa, una enfermedad anticoagulante. El menor llevaba dos meses a la espera de que la Nueva EPS, la entidad de mayoría estatal que debe atender la salud de 11,7 millones de personas, le entregara los medicamentos que lo mantuvieron protegido por años. Nunca llegaron. La última dosis, de un tratamiento que debe aplicarse cada 28 días, la recibió el 12 de diciembre. Kevin fue trasladado a Bogotá cuando su estado ya era crítico. Fue demasiado tarde.

Su madre, Katherine Pico, ha sido clara en sus acusaciones. “[Kevin] murió a falta del medicamento que necesitaba, que era supremamente esencial para su salud”, ha dicho a la prensa, a al que también ha contado que en diciembre insistió una y otra vez para obtenerlo. Tras el accidente, Acosta fue llevado a un centro asistencial en el municipio huilense de Palestina. Su condición exigía traslado urgente a un hospital que contara con el medicamento específico para la hemofilia. Pero, según su madre, ningún centro quiso recibirlo por estar afiliado a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024, que acumula millonarias deudas y miles de quejas de sus afiliados. “Por más de que yo rogara que me trasladaran al niño para recibir el medicamento, no hicieron nada por él. La Nueva EPS se encargó de matarlo, de dejármelo morir”, ha reprochado Pico. La entidad no se ha pronunciado.

Distintas organizaciones médicas y de pacientes han señalado que la muerte de Kevin es una señal del alarmante deterioro del sistema. Raquel Lisman, presidenta de la Fundación Nacional para el Acompañamiento de los Trastornos de la Coagulación y otras Enfermedades Huérfanas, ha explicado que la EPS incumplió la resolución 0123 de 2015 del Ministerio de Salud, que le obliga a garantizar a las personas con hemofilia su “acceso oportuno y permanente” a medicamentos y servicios. La norma prohíbe las barreras administrativas que interrumpan el tratamiento y exige coordinar las atenciones de urgencia. “Kevin quedó solito, en una zona rural, sin atención y sin respuesta de la EPS”, lamentó.

Diego Gil, quien lidera la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, profundiza en la situación: “Es una radiografía de lo que están enfrentando miles de pacientes y familias con enfermedades raras en Colombia. Estamos en un contexto lleno de barreras, demoras y discontinuidades, en momentos en los que no hay margen para esperar”. La institución publicó un pronunciamiento inicial tras el siniestro, el 9 de febrero, donde manifestaba que Kevin se encontraba “sin tratamiento, sin red de atención especializada y sin garantías”, aun tratándose de una urgencia extrema. El organismo ya advertía que aquello era una “grave vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida de un menor” y demandaba a la Nueva EPS “responder por sus afiliados”.

Gil ha señalado que la situación presente de las EPS bajo intervención, las cuales abarcan a más del cincuenta por ciento de los colombianos, resulta ser “muy preocupante”. “Allí hay más de 16.000 afiliados con enfermedades raras y en el 2025 se registraron más de 530 fallecimientos en esa población”, manifestó. Gran parte de estas vinculadas a su condición crítica, “ocurren en un contexto de barreras de acceso, discontinuidades y un sistema desfinanciado que ya está operando fuera de los límites”. Debido a esto, menciona “el negacionismo y la desidia del Gobierno”.

La crisis profunda del sistema de salud golpea con especial fuerza a la Nueva EPS. La entidad no solo fue intervenida en 2024, sino que en noviembre pasado, el Estado adquirió la totalidad de sus acciones. Pero no por ello ha dejado de acumular cuestionamientos y quejas de usuarios. El pasado 4 de febrero, la Defensoría del Pueblo alertó de que estos reclamos “se dispararon” en 2025, cuando sumó 14.603 quejas, 107% más que en 2024, principalmente por demoras y negación de medicamentos. En total, la Defensoría ha recibido cerca de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho a la salud entre 2022 y 2025, y la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado más de 2 millones de reclamos en 2025 por fallas en atención, prestación de servicios y acceso oportuno a tratamientos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha escrito en X que Acosta “fue víctima de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud”. Ha añadido que su madre tuvo que atravesar múltiples barreras. “Los pulsos de poder por las reformas y transformaciones del sistema de salud no pueden ser una excusa para que el sistema incumpla sus responsabilidades”, ha reprochado.

A tres semanas de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas para las presidenciales de mayo, la muerte ha tenido ecos políticos. Paloma Valencia y Vicky Dávila, que compiten por la candidatura de la derecha en la denominada Gran Consulta por Colombia, han opinado. La primera ha aludido al presidente sin nombrarlo: “Uno no puede creer que a alguien no le importen los colombianos y, por ideología, prefiera dejarlos morir, prefiera destruir un sistema que funcionaba bien”. Y ha enviado un mensaje: “Miren a ver por quién votan porque todo lo que están haciendo con la salud no tiene perdón de dios”.

Dávila se ha mostrado más franca. “Kevin Arley no murió, el gobierno Petro lo asesinó con la crisis del sistema de salud. La Nueva EPS, que fue intervenida por el gobierno Petro, no le dio la medicina y lo mató, así de sencillo. Ahí tiene, Guillermo Alfonso Jaramillo”, ha manifestado, hablándole al ministro de Salud.