Juez suspende provisionalmente las obras de un

En una decisión que supone un golpe temporal a los planes de la Administración del presidente Donald Trump para ampliar la detención migratoria, un juez federal ordenó detener la construcción de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maryland. La medida suspende por hasta 14 días los trabajos para convertir un enorme almacén en la localidad de Williamsport, en el condado de Washington, en una instalación capaz de albergar hasta 1.500 personas, mientras el tribunal evalúa una demanda presentada por el Estado contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE por presuntas violaciones a leyes ambientales.

La orden fue emitida el miércoles por el juez federal de distrito Brendan A. Hurston. El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, había solicitado la pausa de emergencia bajo el argumento de que el Gobierno federal avanzó con el proyecto sin realizar los estudios ambientales requeridos ni permitir comentarios públicos. Maryland, gobernado por el demócrata Wes Moore, presentó la demanda en febrero con el objetivo de detener la construcción del centro.

En su fallo, Hurson concluyó que el Estado demostró que las agencias federales probablemente no cumplieron con la legislación ambiental aplicable. “El Estado ha demostrado que es probable que los demandados no hayan cumplido con sus obligaciones en virtud de (la Ley Nacional de Política Ambiental)”, escribió el juez. Añadió también que “los demandados no parecen haber analizado detenidamente las posibles consecuencias medioambientales de sus planes para el almacén de Williamsport”.

La disputa gira en torno a un almacén industrial de más de 800.000 pies cuadrados (unos 74.000 metros cuadrados) situado en un parque industrial cercano a Hagerstown. El Gobierno federal adquirió el inmueble a mediados de enero por más de 100 millones de dólares con el objetivo de reconvertirlo en un centro de detención para personas bajo custodia migratoria.

Según los documentos judiciales, el proyecto contempla transformar el edificio —originalmente diseñado para uso comercial— en un centro que podría alojar simultáneamente a 1.500 detenidos. La propiedad se encuentra en un terreno de más de 50 acres en las afueras de Williamsport, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes.

Brown sostiene que el proyecto se está impulsando con demasiada rapidez como parte de la ofensiva migratoria del Gobierno federal. “Las autoridades federales de inmigración están sobrepasando sus obligaciones legales en un esfuerzo por construir un centro de detención de inmigrantes lo más rápido posible”, afirmó el fiscal general. “Una vez que comience la construcción, el daño a las vías fluviales, las especies protegidas y las comunidades de Maryland será irreparable”.

La demanda también advierte que el desarrollo del centro podría provocar escorrentías de sedimentos y contaminación hacia el arroyo Semple Run, que desemboca en Conococheague Creek y posteriormente el río Potomac. Además, el Estado argumenta que la infraestructura existente —especialmente los sistemas de agua y alcantarillado— no está preparada para una instalación de ese tamaño. Según la demanda, la falta de mejoras podría provocar “atascos y desbordamientos de alcantarillado que crean riesgos para la salud pública y daños medioambientales”.

Brown celebró la orden judicial como una victoria inicial para el Estado. “Aunque sea temporal, esta decisión detiene la construcción de este enorme centro de detención de inmigrantes mientras nuestra demanda sigue su curso en los tribunales”, dijo el funcionario. “No permitiremos que el DHS y el ICE se salten el proceso legal adecuado en su prisa por aumentar las deportaciones”.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó la decisión. En una declaración, un portavoz afirmó: “Seamos sinceros. No se trata del medio ambiente. Se trata de impedir que el presidente Trump vuelva a hacer que Estados Unidos sea un país seguro”. Funcionarios federales sostienen que las nuevas instalaciones cumplirán con los estándares de detención vigentes y argumentan que el proyecto generaría beneficios económicos para la región, incluyendo más de mil empleos y decenas de millones de dólares en ingresos fiscales.

La instalación en Maryland forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para ampliar la capacidad de detención migratoria en todo el país mediante la conversión de grandes almacenes industriales en centros de detención. Proyectos similares han sido identificados en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania y Texas.

Actualmente, existen alrededor de 220 instalaciones utilizadas para detener inmigrantes en Estados Unidos. Solo en 2026, el ICE ha gastado más de 690 millones de dólares en la compra de al menos siete edificios industriales con el objetivo de convertirlos en centros de detención.

La expansión responde en parte a los recursos extraordinarios aprobados por el Congreso el año pasado. Un paquete presupuestario de decenas de miles de millones de dólares destinado a la aplicación de leyes migratorias incluyó 45.000 millones para nuevos centros de detención, lo que permitió a la agencia acelerar la construcción de infraestructura y ampliar significativamente su capacidad.

Como resultado, el número de personas bajo custodia de ICE ha aumentado drásticamente. Mientras que al inicio de la administración actual había menos de 40.000 detenidos, esa cifra ronda ahora los 70.000 y podría seguir creciendo conforme entren en funcionamiento nuevas instalaciones.

La controversia en Maryland no es el único caso en que proyectos de detención migratoria enfrentan disputas legales relacionadas con normas ambientales. En Florida, por ejemplo, el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades, se encuentra en medio de una batalla judicial sobre si debe cumplir una revisión ambiental federal, en un litigio que también involucra el financiamiento del proyecto por parte del gobierno federal.