El Gobierno de Trump solicita al Supremo permiso para acabar con el TPS de más de 350.000 haitianos

La Administración de Donald Trump ha elevado el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos a su última instancia. Este miércoles, ha solicitado al Tribunal Supremo que le permita poner fin al TPS que ampara a cientos de miles de ciudadanos de la nación caribeña que viven en Estados Unidos. Puntualmente, ha pedido a los magistrados que bloqueen una decisión de un tribunal de apelaciones inferior que concluyó el viernes pasado que el Gobierno había violado la ley al cancelar el TPS para los ciudadanos de Haití. Este programa permite a ciertos migrantes de algunos países especialmente designados, entre ellos más de 350.000 haitianos, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El procurador general ante el Supremo, D. John Sauer, instó a los magistrados a despejar el camino para eliminar las protecciones, al sostener que “los tribunales inferiores están intentando nuevamente bloquear importantes iniciativas de política del poder ejecutivo de maneras que causan daños concretos al interés nacional y a las relaciones exteriores”. También añadió que los inmigrantes haitianos eran conscientes de que el programa podía terminar en cualquier momento, ya que esa posibilidad forma parte de “la naturaleza temporal” del TPS. El tribunal ha pedido a los abogados de los inmigrantes que presenten su respuesta antes del lunes que viene.

Esta es la segunda petición de emergencia pendiente ante el Supremo relacionada con la eliminación del TPS para cierto grupo. A finales de febrero, la Administración también pidió a los magistrados retirarlo para inmigrantes sirios. Los nueve jueces del Supremo, divididos entre seis conservadores y tres progresistas, no se han pronunciado en ese caso.

En el caso de Haití, inicialmente, la Administración había fijado el 3 de febrero como fecha de expiración del TPS. Pero un grupo de haitianos presentó una demanda ante un tribunal federal para detener la medida, argumentando que el Gobierno no había tenido en cuenta las condiciones existentes en el país —como exige la ley— y que la decisión estaba predeterminada y motivada por prejuicios raciales. Un día antes de que el programa expirara, una jueza federal bloqueó su cancelación mientras avanzaba el caso en las cortes y se llegaba a una decisión en firme, para evitar el escenario de que fuera cancelado durante un tiempo y luego restablecido.

La Administración recurrió esa decisión, lo que llevó el caso al panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia. El fin de semana pasado, la mayoría de los magistrados concluyó que el Gobierno no había demostrado, como reclamaba, que sufriría un “daño irreparable” si el programa continuaba vigente para los inmigrantes haitianos mientras seguían los procedimientos judiciales. El tribunal también señaló que los haitianos enfrentarían “daños sustanciales y bien documentados” si perdían el estatus de protección, aunque fuera de forma temporal.

El intento de retirar estas protecciones forma parte de un impulso más amplio impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional. A través de ello, y otras medidas similares, como la eliminación del llamado parole humanitario, a lo largo del último año el Gobierno de Trump ha convertido a más de 1,5 millones de migrantes que estaban protegidos en nuevos indocumentados susceptibles a la deportación.

El TPS es una designación creada por el Congreso en 1990 que el Gobierno estadounidense puede otorgar a migrantes procedentes de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis que hacen que las condiciones allí sean especialmente peligrosas. Las personas de esos países que ya se encuentran en Estados Unidos pueden permanecer y trabajar temporalmente, y la protección puede renovarse mientras se considere que el regreso a su país no es seguro. Cuando un país pierde la designación de TPS, sus ciudadanos pierden el estatus legal y pueden ser deportados.

Haití recibió por primera vez esta designación en 2010 tras el devastador terremoto que sacudió al país. Desde entonces, el programa ha sido prorrogado varias veces dada la situación que continúa deteriorándose en la nación del Caribe. Actualmente, Haití afronta una grave crisis marcada por la violencia de las bandas, la inestabilidad política y la escasez de alimentos.

Muchos de los cientos de miles de haitianos en Estados Unidos que se benefician del TPS llevan años viviendo en el país, hacen parte de sus comunidades, tienen familiares estadounidenses, pero también apoyan a sus seres queridos en Haití. Las recientes decisiones de tribunales inferiores les habían ofrecido un respiro, pero ahora deben volver a contener la respiración.