Malestar en los campus por el nuevo acuerdo

La Comunidad de Madrid hace público el acuerdo que el 3 de marzo firmó la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores para poner en marcha el nuevo modelo de financiación plurianual entre 2026 y 2031, pero reaviva la indignación en los campus, salvo la de las máximas autoridades académicas, que defienden lo pactado. Para las seis Plataformas de las Universidades Públicas autonómicas este ejercicio de transparencia llega tarde, ya que hasta ahora se les negó el acceso al contenido del plan sellado. “Es una subida inflada con el dinero de las matrículas y la generación de ingresos de las facultades”, denuncian tras acceder al documento. Consideran que las cifras anunciadas merman cuando se aterrizan: “La financiación es de 9.000 millones de euros en seis años, lo que puede parecer que aporta estabilidad, pero no tiene en cuenta la inflación durante este tiempo”.

De los 14.790,7 millones de euros comunicados por el Ejecutivo de Ayuso a principios de mes, 8.958 millones procederán de la Comunidad de Madrid, 3.335 millones de otros fondos del Gobierno regional que no se especifican en el texto y 2.496 millones de los ingresos estimados de los campus. Las plataformas señalan que la subida queda en un 0,5% del PIB, “o incluso menos”, muy lejos del 1% que establece la Ley estatal del Sistema Universitario (LOSU).

El Gobierno regional indicaba el 3 de marzo que los 14.790,7 millones de euros representan el monto económico total. De esa cantidad, según indicaban, 12.294 millones corresponden al ámbito autonómico e incorporan también el capítulo III, es decir, los recursos procedentes de precios públicos y tasas universitarias, así como los fondos destinados a programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas. Pero esta partida constituye ya un porcentaje significativo de la financiación de los campus. Las plataformas advierten de que gran parte de ese dinero lo reciben las universidades mediante los pagos de las matrículas de los alumnos, una cuantía económica que no proviene de los fondos de esta autonomía.

Desde la Comunidad de Madrid indicaban, además, que para 2031 los campus recibirán 549 millones de euros adicionales, con un incremento del 4% en fondos específicos (480 millones más). “Se estima que las universidades puedan generar otros ingresos propios cercanos a 2.500 millones de euros durante los años del plan”, señalaban. Pero esta última cifra, que entra dentro del presupuesto total anunciado, es una ambiciosa meta a alcanzar, no una inversión asegurada.

Según el texto que ahora se ha hecho público, la región ligará parte de la financiación de las seis universidades públicas al cumplimiento de objetivos estratégicos y resultados medibles, al refuerzo de los mecanismos de auditoría interna y externa, además de a la disposición de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes del 31 de diciembre de 2028. El acuerdo también incluye un grupo de trabajo para repartir los fondos por objetivos, los incrementos salariales pendientes y la creación de plazas residenciales.

En este último caso, las plataformas en defensa de la educación superior pública advierten de que en el dinero que las universidades tienen que generar aparecen inversiones y cesiones de terreno, lo que, a su juicio, sitúa a los campus públicos como activo de especulacion inmobiliaria o financiera. “La colaboración publico-privada aparece también como objetivo central para la generación de beneficios económicos, esto no casa con el carácter y la naturaleza de un servicio público educativo”, señalan.

Otros aspectos discutibles en la redacción del acuerdo, a su parecer, se sitúan en el “condicionamiento de parte de la financiación a objetivos medibles de tinte economicista cuya definición queda compartida entre la Comunidad de Madrid y las universidades”. Consideran que disminuye la autonomía de los campus y cambia el sentido de los objetivos de carácter educativo planteados por la LOSU.

Algunas de estas metas, como el mantenimiento de estudiantes matriculados, pueden trucar el presupuesto dada la bajada de inscritos “que la misma infrafinanciación crea en las universidades al no permitir su crecimiento en estudios ni plazas”, según advierten. Recalcan, además, que muchos de los fondos de ayuda son finalistas, no se consolidan, por lo que no añaden estabilidad más que puntual. Por todo ello, convocarán una asamblea general para movilizarse y se sumarán a las reivindicaciones del 19 de abril que ya han anunciado los sectores educativos: “No habrá paz para quienes nos asfixian, seguimos ahogados”. La Consejería de Educación y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid todavía no han respondido a las preguntas formuladas por este diario.

Críticas entre la oposición

Entre la oposición, el documento publicado también genera críticas. El portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, muestra su decepción: “Van a aportar 8.900 millones, excluyendo los precios públicos que aportan las familias y los proyectos de concurrencia competitiva, que no son de su competencia. Si se mantuviera la cantidad que aporta el Gobierno de Ayuso en 2025 sin subidas, recibirían 6.900 millones. Supone un 28,7% de aumento. Es una realidad penosa para la comunidad”.

Álvarez señala que la gravedad se aprecia si se compara con el año 2009, antes de la crisis. “Desde entonces hasta 2025 la inflación acumulada es de alrededor del 40%, y hasta 2031 se estima que alcance aproximadamente el 55%”. Para mantener el mismo nivel real de financiación, las transferencias de la Comunidad de Madrid a las universidades deberían aumentar en esa misma proporción, apunta. “Sin embargo, el presupuesto solo crecerá en torno a un 15% respecto a 2009, y hasta ahora prácticamente no había aumentado. Eso implica una pérdida de financiación real superior al 35%, pese a que el número de estudiantes ha aumentado”, concluye.

Juan Varela-Portas, profesor de la Universidad Complutense y diputado por Más Madrid, señala que lo único que se ha dado a conocer hasta el momento son unas “bases orientadoras”, que quedan sometidas a la ley de presupuestos, “que no tienen instrumentos jurídicos de seguimiento y verificación, y que aún no han sido aprobadas en Consejo de Gobierno”. Cree que apostar al año 2031 para conseguir una supuesta viabilidad financiera universitaria es un objetivo tardío.

“Se han perdido más de 15 años desde que empezaron los recortes, y ahora se pierden cinco más. Sin regalos fiscales a los ricos y pagos extraordinarios a Quirón, el aumento podría hacerse en un solo ejercicio presupuestario”, reivindica. La cantidad pactada es muy escasa a su juicio, “aun suponiendo que la inflación no se disparará”. Indica que la financiación no se aproxima a la de otras comunidades como Andalucía. “Cuando se terminen las transferencias, si realmente se producen, las universidades madrileñas seguirán siendo las peor financiadas de España y las más caras para los estudiantes”, advierte.

Para alcanzar la viabilidad financiera, cree que las universidades, especialmente la Complutense y la Rey Juan Carlos, van a tener que aplicar recortes en personal y gasto. “El acuerdo no les va a permitir ser competitivas en investigación ni atender la demanda docente en titulaciones más solicitadas y másteres habilitantes, tampoco recuperar las deterioradas infraestructuras”, señala.

Sobre la procedencia de las nuevas financiaciones se muestra escéptico. “Habrá que ver de dónde salen, si no hay más recaudación irán en detrimento de otros servicios y otras partidas, como el Plan Regional de Investigación, Ciencia y Tecnología, que ya ha sido rebajado en más de 150 millones sobre lo previsto”.

Varela-Portas niega poder hablar de hito histórico, como defienden los rectores: “Ayuso se ha visto forzada a cumplir con su obligación y lo hace de manera cicatera, a regañadientes, tarde y mal. Dice que va a aliviar la situación insostenible que ella misma ha causado, llevando a las universidades públicas al borde del abismo, pero mucho nos tememos que ni siquiera vaya a ser así. El escudo para preservar el mercado de las universidades privadas se mantendrá, el modelo no cambia”.