Depredadores de la vivienda protegida

En un mercado donde el precio de la vivienda se ha disparado hasta hacerla inaccesible a buena parte de la población, la vivienda protegida debería servir de tabla de salvación para familias trabajadoras con bajos ingresos, jóvenes que buscan su primer hogar independiente o personas en situación de vulnerabilidad. Cuando este tipo de viviendas termina en manos de quienes cuentan con recursos o con las conexiones apropiadas no solo se traiciona la lógica misma de la política de vivienda pública, sino que se mina la confianza en las instituciones democráticas.

Es lo que ha sucedido en la urbanización Les Naus de Alicante. En verano de 2025 se inauguró la primera promoción de vivienda de protección pública en la ciudad en más de dos décadas. Sobre una parcela de titularidad pública se construyeron 140 pisos de tres y cuatro habitaciones, con garaje, trastero, piscina, club social y pistas de pádel, cerca de la playa de San Juan y por la mitad del precio de lo que cuesta un piso similar en la zona. El escándalo saltó al descubrirse que entre los adjudicatarios hay demasiadas personas vinculadas al propio Ayuntamiento, gobernado por el PP, incluida la concejala de Urbanismo, dos hijos de una directora general y un arquitecto municipal. Los tres cargos implicados han presentado su dimisión y la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación del caso.

Es clave que la justicia actúe, pero no es suficiente. Las primeras pesquisas desvelan que muchos de los adjudicatarios superan con creces los límites de renta exigidos o han amañado sus declaraciones de patrimonio. Algunos de los afectados han denunciado que se les pedía dinero en negro para acceder a uno de los pisos. Además, varios portales inmobiliarios han ofertado algunos de ellos para su alquiler o venta, cuando se supone que son residencias habituales y —al tratarse de vivienda protegida— no se puede vender, salvo excepciones muy regladas, en 30 años. El caso concentra las peores prácticas en ese ámbito. Mientras, miles de familias esperan una oportunidad.

Más de 80 asociaciones cívicas y vecinales se han manifestado contra la gestión municipal y exigen que los beneficiarios que no cumplan las condiciones devuelvan sus viviendas. Como recuerdan, la vivienda pública no es un privilegio sino una política social esencial que requiere criterios objetivos, igualdad de acceso y control de la gestión. En un país donde apenas se construye vivienda de protección y donde el parque de vivienda protegida social apenas supone el 3,4% del total (frente al 9% de media en Europa), la adjudicación irregular de las escasas promociones que se ofertan resulta más lacerante aún. El caso de Alicante pone de manifiesto la urgencia de repensar el modelo. La solución no es técnica, sino política. No se puede confiar la gestión de un bien público a cooperativas y promotoras con escasa supervisión. Requiere voluntad de construir un parque de vivienda con gestión directa por parte de entidades públicas, con equipos dedicados, auditorías externas, registros transparentes y requisitos estrictos y verificables. Lo contrario solo servirá para fomentar la cultura del pelotazo a costa de un derecho fundamental.