Cinco miembros de una familia, empadronamientos sin certificar, buzones llenos: el demoledor informe policial sobre las viviendas protegidas de Alicante

Cinco miembros de una sola familia, tres hermanos y dos primos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, lograron adjudicarse otras tantas casas en el polémico complejo de viviendas de protección pública (VPP) de la cooperativa Les Naus, en Alicante. Domicilios supuestamente monoparentales en los que vive más de una persona. Cerca de 50 empadronamientos aún pendientes de certificar. Y 26 buzones repletos de cartas y publicidad que parecen demostrar que corresponden a inmuebles en los que no vive nadie. Estas son algunas de las conclusiones reflejadas en el informe realizado por la Policía Local (PL) en la urbanización de lujo que ha detonado una enorme polémica en Alicante, presentado este martes ante los medios, y que el Ayuntamiento trasladará a la consejería de Vivienda para que tome las medidas oportunas.

La visita piso por piso de agentes de las unidades de Disciplina y Barrios de la PL fue ordenada por el alcalde, Luis Barcala (PP), a requerimiento de la Generalitat y semanas después de que se lo exigiera la oposición. La intención, ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Cristina Cutanda, era verificar la legitimidad de los propietarios e inquilinos de esas viviendas, que en principio tendrían que haber sido destinadas a personas sin los recursos necesarios para comprarlas, pero que finalmente han sido adjudicadas, por parte de la promotora, a un número considerable de personas vinculadas a la concejalía de Urbanismo, al Ayuntamiento y los servicios territoriales de la consejería de Vivienda.

Los agentes, según ha detallado Cutanda, han encontrado varios casos singulares. Entre ellos, “cinco integrantes de una familia, al parecer tres hermanos y dos primos, a quienes la cooperativa habría adjudicado un piso”. Uno a cada uno. Las edades, además, han “llamado la atención” del gobierno municipal: “Hablamos de cinco jóvenes de entre 18 y 24 años”, explica Cutanda. “¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas?”, se pregunta, “¿con 14 o 15 años?”. El enigma es si “la normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una VPP” o si se usaron sus identidades para eludir los requisitos de ingresos familiares que exigía el pliego de adjudicaciones de la promoción, establecidos en 54.000 euros anuales.

No son la única familia de afortunados. Otra persona figura entre los cooperativistas junto a dos jóvenes con su mismo apellido, de 19 y 22 años. “Tenemos más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia se han quedado con inmuebles, aunque podrían ser más”, dice Cutanda. Por ejemplo, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, propietaria tanto ella como sus suegros. O la exdirectora general y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, con dos hijos y un sobrino entre los vecinos de la lujosa urbanización. Ambas dimitieron tras saltar la noticia.

El desglose policial continúa con más presuntas irregularidades. Entre los adjudicatarios de estas 140 viviendas de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero, en una urbanización con gimnasio, piscina, pistas deportivas y centro social, a precios que se mueven alrededor de los 200.000 euros en una zona donde los pisos cuestan el doble, de media, hay “89 con un solo residente”. “Este es un rasgo muy particular de Les Naus”, continúa la también concejala de Fiestas, “la abundancia de familias registradas como monoparentales”.

En al menos una veintena de estos inmuebles habita más de una persona. Y la sospecha, según fuentes de la oposición municipal, es que estas familias con un solo miembro podrían corresponder con la presunta irregularidad ejercida por el técnico que visó varias viviendas, expedientado por beneficiar a su mujer, con el método de ocultar los ingresos de uno de los cónyuges para no rebasar los requisitos económicos.

Los policías enviados a la urbanización de La Condomina, zona privilegiada del distrito de la playa de San Juan, detectaron también que en 46 viviendas no hay nadie empadronado. “Para vivir en estos pisos”, explica Cutanda, “es obligatorio” que los propietarios los conviertan en primera residencia y lo certifiquen “en un plazo de seis meses desde que firmaron la escritura”. La edil alicantina puntualiza que ese plazo no se ha cumplido en todos los casos, pero también revela que “en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha podido demostrar que viva nadie”.

Una situación similar a la de los 26 buzones con “apariencia descuidada, abundante correo y publicidad sin recoger”, síntomas habituales de ausencia de los propietarios. “Esto puede indicar que no aparecen [los adjudicatarios] habitualmente por el edificio”, refrenda Cutanda, “aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la urbanización” hasta que Barcala anunció las órdenes encomendadas a la Policía Local.

Desde la oposición municipal, la reacción a este informe ha sido instantánea. La portavoz socialista, Ana Barceló, sostiene que Barcala no puede pretender “presentarse ahora como un perjudicado en la estafa” de Les Naus. A su juicio, el alcalde no es “espectador, comentarista o víctima”, ya que “las verdaderas víctimas son las familias de Alicante que han visto vulnerado su derecho a la vivienda”. “El alcalde es el responsable político de toda esta trama porque no ha puesto ningún tipo de control en las adjudicaciones”, zanja Barceló.