La trama de contactos tras el escándalo de viviendas protegidas en Alicante

Son las seis de la tarde del jueves y, en la parte posterior del edificio Les Naus de Alicante, epicentro del escándalo de adjudicación de viviendas de protección pública que ha provocado una catarata de dimisiones en el Ayuntamiento (PP), cuatro mujeres terminan la clase con el profesor de pádel junto a la piscina. En la pista de al lado, los hombres sostienen un intenso partido. Acaban de encender las luces. Raquetas, toallas, zapatillas y ropas deportivas de colores llamativos. No es la imagen habitual en un edificio de viviendas protegidas construido sobre un solar que fue del Consistorio, precio fijo y facilidades de pago. Es la primera promoción de protección oficial que se entregaba en Alicante en 20 años y el listado de beneficiarios ha puesto contra las cuerdas al alcalde popular, Luis Barcala.

La polémica arrecia desde que, el pasado 29 de enero, el diario Información publicó que la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez; un arquitecto del consistorio, Francisco Nieto; y dos hijos de una alto cargo, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, figuraban entre los adjudicatarios de viviendas públicas. Desde entonces, estos 140 pisos vendidos a 215.000 euros y ubicados a pocos pasos de la playa de San Juan, donde una vivienda similar supera los 400.000 euros, monopolizan la vida política valenciana. Según la normativa de la Generalitat, para hacerse con una de esas viviendas hace cuatro años había que ganar un máximo de 64.000 euros brutos anuales por unidad familiar con hijos (unos 2.900 euros netos mensuales) o 54.000 euros en el caso de solteros. El salario medio mensual bruto en la comunidad, según los últimos datos del INE, asciende a 2.181 euros.

En la confluencia de las calles Las Redes y Periodista Asunción Valdés de Alicante (366.000 habitantes), los niños llegan del colegio y los repartidores tocan al telefonillo. Los vecinos están hasta el moño. Hay movimiento en el polémico edificio, pero también en los periódicos, en el Ayuntamiento y en los juzgados. Una juez de Alicante investiga ahora las denuncias presentadas por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios y ha ordenado ya las primeras diligencias.

El reguero de beneficiarios vinculados directa o indirectamente al Ayuntamiento no ha cesado. Son, principalmente, responsables públicos de Urbanismo donde se tramitó la construcción, una parte de ellas Viviendas de Protección Oficial (VPO) y otras Viviendas de Protección Pública (VPP), que tienen menos controles. En la lista también hay abogados, arquitectos y empresarios. En Les Naus no hubo sorteo público porque las viviendas fueron adjudicadas por Fraorgi, una cooperativa privada, y no directamente por la administración. La lista, según la constructora, se conformó por orden de inscripción. La Generalitat intervino después solo para visar los contratos y comprobar que los compradores cumplían los requisitos legales de la vivienda protegida.

Gracias a ello, entre los 140 beneficiarios hay también administradores de empresas relacionadas con la informática, el calzado, la salud, la alimentación, la venta de seguros o el dueño de dos bares de copas en playa de San Juan y el centro de la capital alicantina. En medio de las sospechas sobre el origen económico de muchos de ellos hay apellidos especialmente afortunados: varios grupos familiares de tres y dos hermanos que han sido adjudicatarios de la promoción, como ha comprobado este periódico.

Más allá de las consecuencias políticas y legales, el caso cuestiona la eficacia de los sistemas de control y ha sacado a la luz la red que mueve los chollos y pelotazos en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana.

El escándalo de Les Naus está vinculado a una clase media/alta bien relacionada y con información sobre lo que se firma y tramita en los despachos en los que se diseña el urbanismo de Alicante, tanto del Ayuntamiento como de los servicios territoriales de la Consejería de Vivienda. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, dimitió cuando se conoció que ella misma había sido beneficiada de la promoción, además de su excuñada y suegros.

También dejó el cargo María Pérez-Hickman, jefa de Contratación en el consistorio, con dos hijos y un sobrino entre los miembros de la cooperativa de Les Naus. Un arquitecto municipal, Francisco Nieto, y varios técnicos nutren el mismo listado, al igual que el funcionario de la Generalitat responsable de visar las licencias, que favoreció a su mujer, propietaria de otra de las VPP, y que ha sido suspendido de empleo y sueldo. A ellos de dirige inicialmente la denuncia de la Fiscalía ante el juzgado de Instrucción de Alicante.

También el asesor de la vicealcaldesa de la pasada legislatura, Miguel Ángel Sánchez, abandonó su cargo de jefe de gabinete de la consejera de Turismo, Marián Cano, tras conocerse que su exmujer vive en la misma urbanización. En el elegante edificio nuevo residen también la hermana de la secretaria de la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, y una funcionaria municipal con la que entabló amistad cuando ambas fueron candidatas a Bellea del Foc, el máximo cargo representativo de las fiestas alicantinas de las Hogueras de San Juan, en 2017. Una exinterventora de la Generalitat, actual tesorera del Ayuntamiento del municipio vecino de Sant Joan, es otra de las adjudicatarias. El promotor de la urbanización y los dos hijos del notario que escrituró la cooperativa figuran también entre los agraciados con uno de estos pisos baratos.

El difícil acceso a la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles, según el CIS. La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, denuncia: “Hay 5.400 personas en listas de espera porque la vivienda es una necesidad, pero para este alcalde la necesidad es privilegio”. “El Ayuntamiento”, añade Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes valencianas, “es el kilómetro cero del que sale toda esta corrupción”. Incluso Vox ha pedido también la dimisión de Barcala, quien gobierna en minoría. Ni el alcalde ni la constructora han querido responder a las preguntas de este periódico.

Carlos Gómez, profesor de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, se refiere a los polémicos beneficiados por estas viviendas como las “clases extractivas”. “Son élites que se apoyan entre sí”, afirma el profesor. “Con la llegada de Luis Barcala en 2023 se frenaron elementos de control y de redistribución. Se hace la primera gran promoción de vivienda protegida en los últimos 20 años y se convierte en una gigantesca maquinaria a su servicio. Todo esto, al final, crea una ciudadanía desconectada y desconfiada de lo público”, añade.

Cuando el profesor habla de “maquinaria” incluye también la decisión del Gobierno autonómico presidido entonces por Carlos Mazón de aumentar a finales de 2024 los ingresos máximos permitidos para poder acceder a una vivienda. Actualmente, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 54.600 euros, una cantidad que puede elevarse hasta los 66.000 euros en caso de hijos o discapacitados a cargo. El anterior decreto, del Botànic, rebajaba los ingresos hasta un máximo ―excepciones al margen― que rondaba los 48.000 euros. Con este cambio, un barrio de clase media/alta seguirá siendo de clase/media alta.

Liberto Carratalá, profesor de la Universidad de Alicante y miembro de la Asociación Valenciana de Sociología, recuerda que las políticas de vivienda deben ir enfocadas “a favorecer a unos estratos determinados de la sociedad frente a las élites”. “Les Naus está en una zona que ya tiene un estatus social donde las transacciones inmobiliarias dan pingües beneficios”, explica.

Mientras tanto, algunos de los nuevos vecinos piden que todo se aclare “cuanto antes”. La Policía visitó esta semana el edificio para pedir documentación piso por piso. “Pasamos por corruptos y yo cumplí todos los requisitos”, se queja airado un hombre que pasea a su perro frente a la polémica urbanización. En los últimos días han aparecido pintadas ofensivas en la recién estrenada pared de la urbanización y nunca una mudanza fue tan agridulce.