A 35 años de la caída de

La invasión a gran escala de Ucrania por Rusia entra en su quinto año. Esta guerra, que de hecho comenzó en 2014 con la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas de Donbás, supone el rechazo absoluto a las aspiraciones de los protagonistas de la desintegración de la URSS, cuyo 35º aniversario se cumple este año.

La contienda, que se ha cobrado centenares de miles de muertos, es una de las catástrofes que los líderes de las tres repúblicas eslavas de la URSS —Borís Yeltsin, presidente de Rusia; Stanislav Shushkévich, jefe del parlamento de Bielorrusia, y Leonid Kravchuk, presidente de Ucrania— pretendían evitar cuando firmaron la declaración del bosque de Belavezha (Bielorrusia), el 8 de diciembre de 1991.

Aquella declaración de 14 puntos, que constataba el “fin de la existencia” de la Unión Soviética “como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica”, se presentó en forma de denuncia del tratado fundacional de la URSS, de 1922, lo que fue una improvisación para acabar con la agonía del imperio, acelerada a partir del intento de golpe de Estado de agosto de 1991.

El año 1991 significó un cambio de era, un divorcio civilizado, que al comienzo se expuso como una resolución lógica pactada entre tres líderes eslavos, vinculados por la intención de eludir dinámicas turbulentas y erráticas, además de por el anhelo de suprimir el centro, personificado por el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov.

El acuerdo de Belavezha ratificaba la democracia, la unidad territorial y el respeto a las fronteras de los integrantes, las cuales coincidían con los límites administrativos de las repúblicas federadas soviéticas. Los signatarios acordaron armonizar su diplomacia, defendieron el recorte de armamento y de los presupuestos de defensa, y fijaron además el propósito de alcanzar el desarme nuclear con supervisión internacional. Actualmente, ese escrito, validado por una mayoría abrumadora en el Parlamento ruso, resulta ingenuo e idealista.

Inicialmente, los protagonistas se congratulaban por haber podido evitar el sangriento modelo yugoslavo. La perestroika (la reforma del sistema socialista tras la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985) había abierto la caja de Pandora de los conflictos políticos y étnicos a partir de los desordenes en Kazajistán en 1986, cuando un ruso fue designado al frente del Partido Comunista local. Luego, en 1988, se desencadenó el conflicto de Nagorno Karabaj, un territorio de Azerbaiyán donde la comunidad armenia expulso a la azerí y propició una cadena de limpiezas étnicas entre ambos grupos. En Asia Central y Georgia, entre otros lugares, hubo disturbios y muertos antes de que la URSS se disolviera.

Si nos atenemos a 1991 estrictamente, aquel no fue el año más sangriento, aunque hubo víctimas en Lituania (22 muertos), Letonia (seis), Rusia (tres muertos en Moscú en agosto) y en el Cáucaso.

La violencia armada se intensificó notablemente desde 1992, si bien las disputas originadas por la disolución del imperio empezaron a verse principalmente como sucesos variados, autónomos y desconectados unos de otros en contextos geopolíticos que ya se encontraban definidos.

Entre todos los conflictos que se han producido en estos 35 años en los espacios pos-soviéticos, la guerra de Rusia contra Ucrania es el de mayor magnitud, porque cuestiona el principio fundamental del llamado Consenso de Belavezha, un término acuñado por Guennadi Búrbulis, quien era secretario de Estado de Rusia en diciembre de 1991 y uno de los firmantes de la declaración del 8 de diciembre, junto al presidente Yeltsin (fallecido en 2007).

El fin de la URSS dejó cabos sueltos, que en parte se han ido acomodando con el tiempo. De las dos grandes amenazas para la cohesión interna de Rusia existentes en 1991, una se resolvió por las armas (el separatismo en Chechenia) y la otra (el soberanismo en Tatarstán) con diplomacia, astucia y presión política.

Entre los cabos sueltos no amarrados hasta hoy están el conflicto de la región del Transdniéster en Moldavia, y el estatus de las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, que fueron autonomías de Georgia en la época soviética. Encajonado entre el río Dniéster y Ucrania, el Transdniéster es una zona depresiva, aislada de Rusia por la guerra en suelo ucranio y donde priman los intereses económicos de la compañía Sheriff (más vinculada a Ucrania que a Rusia). La situación actual ha abierto una oportunidad para una solución capaz de encauzar los intereses de Sheriff en una perspectiva europea y de garantizar el respeto a la población local (eslava en su mayoría), en opinión de fuentes conocedoras de la cuestión. Sin embargo, Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, ignora a Tiráspol y personalmente es favorable a la unión de Moldavia con Rumania, justamente la idea que causó el conflicto con el Transdniéster en 1990.

Abjasia y Osetia del Sur funcionan hoy como protectorados de Rusia, que en 2008, tras la llamada guerra de los Cinco Días con Georgia, los reconoció unilateralmente como Estados e instaló en ellos bases militares. Osetia del Sur está prácticamente asimilada a su región hermana de Osetia del Norte (en Rusia), mientras que en Abjasia la expansión económica rusa se ha vuelto más agresiva e impaciente tras las sanciones impuestas por Occidente a Moscú.

El conflicto más vetusto de la antigua URSS, el de Nagorno Karabaj, parece haberse cerrado con la victoria de Azerbaiyán, que aprovechó la concentración bélica de Rusia en Ucrania para recuperar el dominio de la región. Habrá que ver si Bakú y Ereván acaban firmando un acuerdo definitivo de paz, como pretenden.

Crimea no era uno de los cabos sueltos dejados por la desintegración de la URSS, pero, pese a la tupida red de seguridades sobre la inviolabilidad de las fronteras ruso-ucranias en forma de tratados bilaterales e internacionales, Vladímir Putin cruzó el Rubicón en 2014 y aprovechó los problemas internos de Kiev para arrebatarle la península del mar Negro. A partir de ahí, cualquier otra transgresión ya era posible. La invasión de 2022 supone una enmienda a la totalidad en la arquitectura pos-soviética.

Los hombres que sellaron el destino de la URSS en diciembre de 1991 no consiguieron un corte limpio entre el pasado imperial ruso y un futuro orientado hacia la democracia y la armonización de intereses. Veinticinco años después, volvieron a reunirse como “tres misioneros eslavos” para predicar el Consenso de Belavezha, según dijo Búrbulis en 2016 al periodista Dmitro Gordón en Kiev.

Búrbulis, Shushkévich y Kravchuk crearon en 2016 la organización Forum Báltico-Mar Negro y un centro de investigación para desarrollar “prácticas de consenso”. Su fin era recuperar el diálogo y forjar ambiciosas estructuras en las que participaran los exdirigentes de países europeos situados entre los dos mares. Los “tres misioneros eslavos” se reunieron en Kiev, Kaunas, y de nuevo en Kiev, presentaron sus planes en el Parlamento Europeo, intervinieron en Harvard y mantuvieron sus actividades hasta 2018, por lo menos con el apoyo del expresidente ucranio Leonid Kuchma y del exsecretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Volodomir Gorbulin. Su labor, orientada hacia una Gran Europa estable, recibió poca cobertura mediática y en Rusia, Búrbulis, pese a su prudencia verbal, fue etiquetado como traidor y antirruso. La hora de los “misioneros eslavos” ya había pasado. En 2022, el año de la gran invasión, Shushkévich, Kravchuk y Búrbulis murieron en el plazo de mes y medio. El último en fallecer fue Búrbulis, el 19 de junio, de forma repentina en Bakú.