Los grupos de inversión dañan al olivar tradicional andaluz: la explotación superintensiva acapara los subsidios de la PAC e incrementa sustancialmente el consumo de agua.

Los grandes capitales y los fondos de inversión están asfixiando al olivar tradicional andaluz tanto a la hora de acaparar ayudas públicas como en las dotaciones de agua que reciben sus cultivos. Según los registros de la campaña 2023-24, el 0,08% de los beneficiarios de la Política Agraria Común (PAC), los que perciben ayudas superiores a los 500.000 euros, reciben el 10% del presupuesto, mientras que el 60% de los perceptores cobra menos de 5.000 euros al año. Por su parte, las explotaciones de olivar superintensivo han recibido dotaciones de agua que triplican la destinada al olivar tradicional.

“El reparto actual es profundamente injusto, grandes fondos de inversión y empresas con enorme capacidad financiera están recibiendo ayudas millonarias de la PAC mientras los pequeños y medianos agricultores luchan por sobrevivir”, ha afirmado Helena Moreno, titular de Agricultura en Greenpeace. Este organismo ha dado a conocer el reporte El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, en el que se constata la rápida mutación que experimenta el sector del olivar en España, que representa el 60% de la superficie total del país con 1,7 millones de hectáreas. El análisis avisa del crecimiento global del citado agribusiness,, donde fondos de diversa índole, empresas industriales y patrimonios familiares fomentan estas inversiones agrarias, destacando los beneficios que supone el desafío de nutrir a una población mundial en ascenso.

En el caso del olivar, las corporaciones de gran envergadura no únicamente obtienen terrenos y recursos hídricos, sino que además captan subvenciones estatales como la PAC, creadas en un inicio para apoyar los ingresos de los productores del campo. Conforme a los datos de los ejercicios 2023-2024 existen conglomerados como Atitlán, que obtuvo una cifra superior a 2,4 millones de euros en subsidios rurales, o la firma cordobesa De Prado que recolectó más de un millón de euros. Compensaciones de gran cuantía fueron otorgadas igualmente al fondo Cibus Bingham Limited después de adquirir la empresa andaluza Innoliva, la cual administra por encima de 4.800 hectáreas de cultivo de olivo superintensivo tanto en Portugal como en España. Así, el 1% de los principales receptores particulares, cerca de 6.800 propietarios, concentró prácticamente el 24% de la totalidad de los fondos, según indica el reporte.

El acceso al agua se ha convertido en el factor de rentabilidad clave para los fondos que especulan con el agribusiness. Las nuevas plantaciones superintensivas impulsadas por estos actores reciben dotaciones de agua que incluso en sequía permiten mantener la producción, a diferencia del olivar tradicional en secano. Según Greenpeace, la normativa de los últimos planes hidrológicos del Guadalquivir ha favorecido al modelo de olivar superintensivo, permitiendo dotaciones de hasta 3.500 metros cúbicos por hectárea y año, frente a los 1.000-1.500 del modelo tradicional. Lo que genera una desigualdad intrínseca en el propio sector.

“Lo que buscan los fondos es un volumen de tierra muy grande, si es posible sol y, sobre todo, el principal factor productor, el agua”, señala Francisco Elvira, secretario provincial de COAG en Jaén. Las provincias andaluzas de Córdoba, Sevilla y Cádiz, junto con Extremadura y el Bajo Aragón son las zonas donde más están proliferando las explotaciones de olivar intensivo y superintensivo.

Durante el año 2024, el territorio español destinaba una extensión de 2.830.330 hectáreas al cultivo de olivos, de acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un 6,23% de dicho terreno, lo que equivale a 166.420 hectáreas, contaba con una densidad superior a los 1.000 ejemplares por hectárea. Considerando que el 78,35% del suelo con tal concentración de árboles disponía de sistemas de irrigación, se concluye que España ya superaba las 130.000 hectáreas de plantaciones superintensivas bajo riego. Asimismo, en Andalucía la cifra de hectáreas ocupadas por olivar joven alcanza casi las 94.000.

No obstante, el progreso de la automatización y el sistema de administración externa está desarticulando el entramado social de las localidades. Andalucía ha visto desaparecer 178.957 puestos agrícolas entre 2017 y 2024, lo cual equivale a un descenso del 19,5% de su población activa. El escenario resulta especialmente alarmante en las provincias de Córdoba (-28,3%), Málaga (-28,3%), Granada (-27%) y Jaén (-26,6%), donde se ha reducido más de una cuarta parte de sus empleados en apenas siete años.

Pero es en municipios donde el olivar superintensivo ha crecido más, como Carmona (-31,9% de afiliados), Santaella (-31,3%) o Lebrija (-29,8%), donde la destrucción de empleo es superior a la media regional.

Francisco Molina, dueño de una finca de olivar tradicional, repartida entre riego y secano, en el área de Jimena, en Sierra Mágina (Jaén), manifiesta lo que entiende como una circunstancia injusta para el olivar tradicional, mayoritario en el territorio andaluz. “El canon que paga un olivar tradicional con respecto a un olivar intensivo es el mismo aunque consumamos menos de la mitad del agua”.

De acuerdo con Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía, resulta fundamental y prioritario comenzar el diálogo sobre el destino del agua: “Necesitamos hacer un reparto justo, con criterios sociales y ambientales, que garantice un mínimo para las explotaciones agrarias que realmente generan valor social, laboral y económico en el territorio donde se ubican. No podemos permitir que el agua se use como un activo financiero por parte de inversores que especulan y se lucran para ganar más dinero y ampliar las desigualdades en el sector primario”.

Pérdida de agrodiversidad

Al mismo tiempo, Greenpeace advierte de que este modelo está generando la pérdida de agrobiodiversidad cultivada. “La diversidad de variedades de olivar tradicional (hojiblanca, picual, picudo, nevadillo…), vinculadas a una cultura alimentaria y a un territorio, está modificándose hacia la uniformidad de variedades ultra productivas, pero con una mala calidad de aceite de oliva”, se indica en el informe. También se llama la atención sobre el peligro para la fauna, como es el caso de las aves que usan estos árboles como dormidero, que supone la cosecha con máquinas cabalgadoras.

El efecto en el tejido agrario andaluz es de gran calado, dado que casi el 70% del olivar se mantiene en secano, con una alta exposición a la sequía, y cerca de la mitad de las fincas sobrepasa los 50 años, acarreando costes elevados y una difícil mecanización. En este escenario, ante la falta de agua, el olivar tradicional experimenta un desplome en su producción, mientras que el superintensivo preserva sus rendimientos y saca partido del incremento de precios. Además, el sistema superintensivo aminora drásticamente la demanda de mano de obra por la automatización, impulsándose mediante un modelo “franquiciado”, donde firmas especializadas no aportan beneficios al territorio ni emplean prácticamente a habitantes de la zona.

“En los años en los que el aceite ha tenido un precio muy bajo, cuando se llegó a 2,50 euros el kilo de aceite, la gente empezó a pensar en abandonar el olivar, en dejarlo, no coger la producción. Tuvimos que estar empujando a los socios para recoger, porque si no al final lo íbamos a perder todo”, explica Ana Morales, de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales (Cádiz).

Adicionalmente, el empuje de los grupos de inversión ha incrementado drásticamente el valor del suelo, particularmente en Sevilla, donde el olivar de regadío se ha encarecido un 24,6% en cuatro años. Este aumento de precios, unido al hecho de que nueve de cada 10 transacciones de terrenos rurales en Andalucía se ejecutan actualmente sin préstamos hipotecarios (lo cual sugiere adquisiciones efectuadas con importantes fondos propios), impide que los productores tradicionales o la juventud logren adquirir parcelas adicionales con el fin de asegurar la continuidad entre generaciones, tal como expone el informe de Greenpeace.

Las demandas de esta organización para corregir estos desequilibrios pasan por reorientar las ayudas de la PAC, para que vayan a parar a los agricultores en activo y excluyendo a los fondos de inversión y holdings empresariales. También abogan por la condicionalidad social y ambiental, la transparencia corporativa real, el impulso del modelo de agricultura familiar y social, la regulación del mercado de la tierra y freno a la creación de oligopolios.

En lo que concierne al agua, plantean una distribución equitativa y duradera, transformando los planes hidrológicos para anular los permisos que favorecen a los sistemas de producción superintensiva, la instauración de bancos públicos de agua, la auditoría de las concesiones tradicionales y el progreso hacia una redistribución de los recursos hídricos que asegure el crecimiento de una agricultura social y ecológicamente equilibrada y vinculada a la zona.