Caiga quien caiga

La inmediata dimisión del comisario principal José Ángel González Jiménez, de 66 años, como director adjunto operativo de la Policía, el cargo uniformado más alto del cuerpo, era la única salida posible después de que se conociese el martes que un juzgado madrileño le ha citado como investigado por una querella por violación presentada en su contra por una subordinada. La funcionaria le acusa de haberla agredido sexualmente y coaccionado de forma sistemática después para que guardara silencio. El ministerio suspendió este miércoles de su puesto a su número dos, el comisario Óscar San Juan, acusado por la querellante de presionarla también para que callase.

El relato de los hechos desgranado en la querella resulta estremecedor. Narra con crudeza la presunta violación, cometida por González en su vivienda oficial en Madrid el pasado abril, y cómo el director adjunto se sirvió de su cargo para dominar a la agente mientras mantuvieron una relación sentimental. Una vez rota esta relación a iniciativa de ella, la acosó, y después de la violación intentó culpabilizarla y que no denunciase los hechos. El propio Marlaska, juez de profesión, dijo este miércoles que da credibilidad al relato, como es inevitable tras la lectura de la denuncia.

Será la investigación judicial la que determine la calificación penal de los hechos. La investigación interna de Interior, sin embargo, debe seguir su propio cauce y llegar hasta el final cuanto antes, para dar respuesta política, caiga quien caiga, al impacto social que ha generado un caso así. El presunto violador es el policía de mayor rango de España. González llevaba en el cargo más de siete años, durante casi todo el mandato de Marlaska. Resulta lógica la conmoción política y en el seno de la propia Policía.

A diferencia de otros casos recientes de presunto acoso o abusos que han afectado a instituciones o partidos políticos, el ministerio ha actuado por el momento con rapidez y contundencia. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado el listón en la respuesta política ante hechos de esta gravedad al comprometerse ante el Congreso a dimitir si la víctima considera que él le ha fallado. La decisión, sin embargo, es suya, no de la víctima. Mientras, el PP ha acusado sin pruebas de forma exagerada al ministro de ocultar los hechos. Si los populares, como este miércoles reiteraron varios de sus diputados en una bronca sesión de control en el Congreso, consideran que el Gobierno está “encubriendo a violadores”, deberían acudir cuanto antes a un juzgado.

La querella fue presentada en enero y admitida a trámite por el juzgado el pasado día 12. Interior asegura que conoció el caso este martes. El abogado de la funcionaria confirmó ayer que no informaron al ministerio hasta ese día. El PP está cometiendo un serio error que además lesiona los derechos de las mujeres si pretende usar este caso para tapar su lamentable respuesta a las acusaciones de acoso sexual y laboral contra su alcalde de Móstoles por parte de una edil. La respuesta política, en este momento, no resiste comparación.

A la espera de que avance la investigación, el caso del exjefe de la Policía repite el mismo patrón de violencia sexual que mezcla el abuso de poder, el desprecio por una víctima a la que se cosifica y una sensación de impunidad. La persistencia de la violencia machista exige a todos y en particular a los dos principales partidos no echarse en cara los casos de supuestos abusos que afectan a cada uno. Este caso revela además que la persistencia de esa cultura impregna cualquier ámbito y puede darse incluso entre aquellos que lo saben todo sobre la violencia en la sociedad.