El gobierno vinculará el apoyo con el cumplimiento de las condiciones de consumo energético.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030 que incluye una medida que venían reclamando desde hace años numerosas asociaciones: que la bonificación que reciben los distintos colectivos en el recibo de la luz esté ligado para todos ellos a la renta familiar. Esto afecta a los únicos beneficiarios que todavía hoy disfrutan de los descuentos en la factura sin que se les aplique dicho criterio: las familias numerosas, esto es, las que tienen tres o más hijos, sean cuales sean sus ingresos. El bono lo sufragan todos los consumidores con un pequeño recargo mensual en su factura.

Dado que la Estrategia contra la Pobreza Energética no tiene carácter normativo, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzará a audiencia pública la nueva medida para cambiar el real decreto que regula el bono social. Según ha declarado tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, “la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores, es lo justo”. Por ello, para determinar los criterios, se contará con la participación de todas las asociaciones. También se modificará el bono social térmico.

El objetivo de dicha estrategia, que se viene elaborando desde hace meses, es lograr identificar a los consumidores realmente vulnerables, que, en muchos casos, no están percibiendo el descuento. Según los datos publicados por este diario, un 30% de los hogares vulnerables, casi un millón, quedan fuera de los índices de pobreza energética y, por el contrario, se computa como vulnerable a 4,8 millones que no lo son. Corregir estos indicadores, basados básicamente en encuestas del Instituto Nacional de Estadística, es el objetivo del Gobierno.

Para el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica redefinir qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda. Para las modificaciones se contará con la opinión de diversas asociaciones y con la Mesa Social de Pobreza Energética, que se ha reunido esta misma mañana.

La estrategia surgió tras la crisis energética de 2021 con representantes de entidades sociales, el sector académico y el empresarial. El documento aprobado este martes incluye 13 medidas hasta 2030 con un objetivo troncal: “El acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna”, señala Transición en un comunicado de prensa.

Dentro de las diversas propuestas sugeridas, se contempla establecer el Observatorio de la Pobreza Energética, “para centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas”. Otros planes se orientan a la defensa del cliente, como asegurar el servicio a ciudadanos vulnerables y electrodependientes junto con la ampliación del bono social, que se ha elevado un 60% desde 2018, subiendo de 1,07 millones de domicilios a 1,72 millones actualmente, según estadísticas del ministerio.

Por otra parte, algunas medidas, como la supresión de prácticas comerciales como la contratación telefónica o publicidad no solicitada, refacturaciones incorrectas o penalización por permanencia ya se incluyeron en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se ha transpuesto el Reglamento general de suministro y comercialización, entre otras, para proteger a los consumidores en general y que fue aprobado la semana pasada también en Consejo de Ministros.

El bono, un maremágnum

En lo referente al bono social, el reciente plan aspira a “cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita”, indica Transición. Desde el área encabezada por Sara Aagesen se estima que, “con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan”.

El bono energético surge de una complejidad que combina múltiples factores, donde el umbral de subsidio se entrelaza con las condiciones específicas de cada hogar, mientras que el reconocimiento de necesidades varía según el contexto: los beneficiarios, sus circunstancias y las limitaciones inherentes a cada caso se entrelazan, mientras que el marco normativo mantiene su estructura, ajustando las condiciones con precisión y atendiendo a las particularidades de cada colectivo, sin perder de vista la esencia de la protección social.

Para tener derecho a las rebajas, el primer requisito es que el consumidor tenga contratada la tarifa regulada, o Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), siempre para potencias inferiores a 10 kW, y se aplica a la vivienda habitual. Los descuentos son del 42,5% para los considerados vulnerables (que se determinan según un multiplicador del IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y del 57,5% para los vulnerables severos. Para los que se encuentren en situación de pobreza extrema el descuento es del 100%. A partir de ciertos límites de consumo se deja de aplicar el recorte, y se cobra el PVPC.

Durante años fueron las compañías eléctricas las que sufragaban el bono social, pero, tras varias sentencias judiciales en su favor, lo pagan todos los usuarios eléctricos.