Cataluña llega al límite por el bloqueo

Durante el último mes y medio el Gobierno catalán pasó días, semanas enteras incluso, alertando de que sin apoyos para lograr la aprobación de sus presupuestos este 2026 sería necesario “limitar el gasto de las conselleries”. Tras las advertencias, el lobo finalmente llegó este miércoles con la retirada, en principio temporal hasta el verano, del proyecto de presupuestos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han decidido concederse cuatro meses más para intentar alcanzar un acuerdo que dé a la Generalitat sus primeras cuentas desde 2023. Mientras, el listado de actuaciones prioritarias carga con retrasos endémicos desde la crisis financiera de 2008, cronificados luego en los años de inestabilidad institucional del procés. Por lo pronto, el president Salvador Illa se ha apresurado a sellar la paz con el personal administrativo aprobando un suplemento de crédito por valor de casi 6.000 millones de euros que garantiza el pago de las nóminas de los funcionarios y cumplir el compromiso de aumento de sueldo para Mossos y docentes.

Pero, la capacidad de inversión de la Generalitat queda al descubierto y añade incertidumbre al desarrollo de infraestructuras y proyectos que se habían anunciado como prioritarios tanto por el actual Govern como por los anteriores. No los condena necesariamente al olvido, porque el Ejecutivo de Salvador Illa alega que se pueden explorar métodos para afrontar los pagos, pero estira unos plazos de ejecución que ya acumulan mucho hastío.

Uno de los escasos temas que genera consenso unánime en Cataluña es la denuncia del déficit que se sufre en cuanto a infraestructuras. La Cambra de Barcelona ha identificado actuaciones prioritarias hasta 2030, que requieren una inversión pública de más de 14.500 millones de euros, de los cuáles un 23% tiene que ser aportación de la Generalitat. Se trata de intervenciones de mejora sobre las carreteras, puertos, aeropuertos y la red ferroviaria “Hay riesgo de colapso”, manifiesta Miquel Martí, vicepresidente de la Cambra.

Los que están en el cajón no son proyectos abstractos. En la ciudad de Barcelona, una de las carpetas que lleva años arrastrando los pies es la unión de las dos redes del tranvía por la Diagonal. Se trata de una obra de calado, casi tres kilómetros de plataforma y vías para completar un proyecto que arrancó en 1992 con la convocatoria de un concurso para crear un tranvía que una hasta nueve ciudades del área metropolitana, al norte y sur de la ciudad. El tramo que falta afecta a una de las principales arterias de la ciudad y tiene que servir para que 250.000 desplazamientos diarios por trabajo que hoy se realizan con vehículos privados pasen a hacerse en transporte público. El Ayuntamiento ha alertado de que 80 millones de euros del proyecto dependen de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) vía presupuesto de la Generalitat.

Una infraestructura tranviaria adicional por ejecutar es la encargada de vincular el transporte entre Tarragona y sus localidades colindantes más relevantes: Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca. El plan presupuestario para 2026, actualmente paralizado, incluye una asignación de 101 millones de euros destinada a promover una construcción que teóricamente debería captar 9,5 millones de trayectos cada año en la que constituye la segunda zona metropolitana más grande de Cataluña. El president Illa lo ha definido como “proyecto vital para la prosperidad” y, hace doce meses, fijó su puesta en marcha de cara al periodo inicial de 2028. En la actualidad, el mismo Illa realiza una nueva predicción: “hasta finales de 2029 esto no lo podremos poner en funcionamiento”. “Ya advertimos que hacer esta obra en seis años iba a ser imposible”, recalca la Associació per la Promoció del Transport Públic.

La lentitud no solo viaja en tren. En 2009 era presidente de la Generalitat José Montilla (PSC) y su consejero de Política Territorial era Joaquim Nadal. Juntos presentaron un proyecto para desdoblar un tramo de 20 kilómetros de la carretera C-16 en el Berguedà. El presupuesto era de más de 600 millones de euros para solventar un cuello de botella que genera enormes colapsos de tráfico hacia el Pirineo. Desde entonces, el despacho de mando de la Generalitat lo han ocupado Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa, y Joaquim Nadal ha repetido como conseller, pero bajo las siglas de ERC. La C-16 sigue igual, con un colapso aún peor, pese a que la Generalitat ha presentado otros proyectos para hacer obras. Todas las ideas han chocado con la falta de presupuesto. El último plan, presentado hace unos meses, prevé una inversión estimada de 240 millones de euros e incluye un novedoso sistema para habilitar un tercer carril móvil, en función de las necesidades del tráfico. Este viernes, la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, reveló que el Govern valora una propuesta de la compañía Abertis para abordar el desdoblamiento a través de “una iniciativa privada”.

En Berga, hartos de soportar los atascos que provocan los vehículos que buscan atajos por las calles del pueblo para evitar el tapón que se arma en la carretera, han cortado la salida norte del municipio durante los viernes por la tarde-noche, en la franja de punta de tráfico de los vehículos que suben de Barcelona hacia la Cerdanya. Es una alternativa pensada para “penalizar a aquellos que quieren ahorrarse unos metros de cola para ir a otra comarca y perjudican a nuestros vecinos”, señala el alcalde de Berga, Ivan Sànchez (CUP).

El proyecto de presupuestos que perfiló la conselleria que comanda Alícia Romero prevé 166,8 millones de euros “para la conservación y la mejora de la seguridad de la red viaria”. En Olot (Girona), hace tres décadas que se reclama una variante para sacar tráfico del núcleo urbano. Por una población donde residen 39.000 vecinos cruza un volumen de 20.000 vehículos diarios, según cálculos de la Generalitat. Las cuentas catalanas de este año preveían una partida de 6,4 millones, como parte de un paquete de más de 360 millones que se prevé hasta 2033. El Ayuntamiento de Olot, gobernado por Junts, ha advertido que rechaza aplicar la Zona de Bajas Emisiones hasta que la variante no sea una realidad.

En Mollerussa (Lleida), los Mossos d’Esquadra llevan años esperando tener dependencias policiales nuevas, sin goteras ni limitaciones de espacio para trabajar. Se les prometió que iba a estar lista en 2024, pero los años han pasado con la obra paralizada y con cada vez más quejas de los agentes. El proyecto de presupuestos contemplaba una partida de 7 millones de euros para la nueva comisaría.

El boceto de cuentas también reserva 13 millones de euros para la primera residencia pública de Sabadell, un equipamiento para la gente mayor que acumula dos décadas de reivindicaciones vecinales. En el capítulo sanitario, donde las listas de espera afectan a los pacientes y también a las remodelaciones, se reserva 14 millones para reformas en el Hospital Trueta de Girona, 17,8 millones para la ampliación del Verge de la Cinta de Tortosa, 54 millones para el Joan XXIII de Tarragona o 6,8 millones para el Hospital Arnau de Vilanova.

El Govern argumenta que el frenazo de los presupuestos es temporal y subraya que confía en desbloquearlos en un plazo de tres meses, cuando el calor ya empiece a agobiar. Esquerra Republicana tendrá otra vez la llave para aprobarlos. Oriol Junqueras ya ha advertido que no es buena idea meterle “presión”.