Las petroleras podrán ser multadas con hasta seis millones si no facilitan datos sobre precios

Las petroleras se enfrentan a sanciones de hasta seis millones de euros si no proporcionan la información que les exige la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco del nuevo paquete de ayudas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán. El decreto ley publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entre otras medidas prevé una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% y una reducción del impuesto de hidrocarburos, habilita al organismo para solicitar a “los agentes que participen en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos” los datos necesarios para analizar el funcionamiento del mercado.

El objetivo del Gobierno, que anunció que dotaría a la CNMC de nuevas capacidades de supervisión y de sanción, es vigilar que en ningún punto de la cadena de distribución de los carburantes las empresas especulen con las ayudas para elevar sus márgenes. En otras palabras: se busca garantizar que las rebajas fiscales lleguen de verdad al bolsillo del consumidor.

Los agentes sobre los cuales se va a poner el foco son tanto empresas que operan a gran escala, por ejemplo compañías que importan y refinan productos petrolíferos, como estaciones de servicio y gasolineras. La CNMC podrá solicitarles “la información que resulte necesaria”, según reza el texto del decreto. “En particular en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualesquiera otros datos relevantes para el análisis del funcionamiento del mercado”, añade.

Se establece, además, una obligación de información periódica para las empresas de al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España, que deberán reportar cada semana a Competencia, durante tres meses, los datos sobre los costes a los que han adquirido la materia prima, así como precios a los que los han vendido a las estaciones de servicio —tanto las propias como las independientes—. Estos datos serán después enviados a los ministerios de Economía, Hacienda, Transición Energética y Consumo.

“El incumplimiento de los requerimientos de información a que se refiere el apartado primero tendrá la consideración de infracción grave”, añade el texto legislativo, según los baremos establecidos por la ley de hidrocarburos. Esas infracciones implican multas de hasta seis millones de euros en estos supuestos, en función de factores como la gravedad de la falta o el daño que la misma ha causado.

El Gobierno podrá solicitar a la CNMC, en un plazo de 15 días, que le traslade unas recomendaciones sobre la evolución de los márgenes empresariales de los actores económicos involucrados a lo largo de toda la cadena de valor de los carburantes. En virtud de las sugerencias recibidas, “el Consejo de Ministros podrá adoptar las medidas oportunas”. Las estaciones de servicio y demás establecimientos minoristas de combustibles, por su parte, estarán obligados a dar “la adecuada publicidad” a los descuentos fiscales aprobados en materia de carburantes, a través de “su propia cartelería y diseños corporativos” o de un “modelo descargable” desde la página web de la Agencia Tributaria.

El decreto ley, que entra en vigor este domingo y que la próxima semana se votará en el Congreso para que lo convalide, también contempla que la CNMC publique, antes del 31 de mayo de este año, un informe de cierre sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de los carburantes, “con especial atención a la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán, incluyendo el comportamiento de los márgenes, a fin de valorar la adecuación del marco regulatorio vigente”.

Los márgenes empresariales del sector energético se dispararon durante el anterior shock inflacionario, que empezó en 2021 y se agravó el año siguiente con la invasión rusa de Ucrania. Entonces, el Gobierno no aprobó rebajas fiscales a los carburantes, pero sí impulsó una bonificación generalizada y temporal de 20 céntimos por litro de combustible y un impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas —y también de la banca—. A día de hoy, los rendimientos de las empresas del sector se han reducido, pero siguen en niveles superiores a los que tenían antes de la crisis.

El plan para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes y presentado por el presidente Pedro Sánchez, incluye 80 medidas por un valor de unos 5.000 millones de euros. Además de la reducción de los impuestos a los combustibles, también incluye rebajas fiscales a la luz y al gas, el refuerzo de los bonos sociales térmico y eléctrico, así como ayudas para los sectores más afectados, como los transportistas profesionales, los agricultores o la industria electrointensiva.

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero ha desembocado en un conflicto que está afectando a todo el golfo Pérsico, epicentro mundial de la producción y comercialización de crudo y gas. La reducción de la oferta causada por el conflicto —la arteria clave para el paso de estos productos, el estrecho de Ormuz, está bloqueada, y han sido atacadas varias plantas energéticas en distintos países— está impactando de lleno en los mercados con fuertes subidas en la cotización, sobre todo del petróleo, que en el caso de la referencia europea (brent) ha roto la barrera de los 100 dólares.

La magnitud del zarpazo económico dependerá de la intensidad y la duración del conflicto, aún inciertas. Por esta razón también las ayudas aprobadas serán flexibles, y su vigencia y posible ampliación se acompasarán a los acontecimientos, según aseguró el viernes Sánchez.