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Choque entre el Gobierno y escribanos

La familia dueña de EM&E decidió retirarse de la operación tras las presiones de la SEPI. El Ejecutivo cuenta con SAPA de su lado, pero buena parte de los accionistas apoyan al todavía presidente de la tecnológica

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano (izquierda), y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos (derecha), en un evento el martes.Juan Vega (Europa Press)

Las grandes operaciones de concentración en el mundo empresarial español, últimamente, no están saliendo bien. Al fallido intento del BBVA de hacerse con el Sabadell en octubre del año pasado, ahora se suma el fracaso de la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La operación buscaba crear un “campeón nacional” de defensa terrestre capaz de tirar del resto del sector, para así aprovechar al máximo los miles de millones que lloverán en los próximos años —y que ya están lloviendo— al calor del rearme europeo. La operación ha caído por el encontronazo entre los dos sujetos que la promovían, los Escribano y el Gobierno, los dos máximos accionistas de la compañía, con un 14,3% y un 28% del capital, respectivamente. Pero, ¿por qué se dio marcha atrás? Esto es lo que se sabe hasta ahora y el recorrido cronológico de la fallida operación.

Escribano ya lidera la presid

Los inicios de esta operación se remontan a enero de 2025, cuando Ángel Escribano es nombrado presidente ejecutivo de Indra, en sustitución de Marc Murtra, quien marchó a dirigir Telefónica. Un mes antes, los Escribano habían aumentado su peso en la tecnológica desde el 8,3% hasta el 14,3%, afianzándose así como el primer accionista privado de la compañía. Por ello, la familia posee dos asientos en el consejo de administración: el de Ángel y el de su hermano Javier, quien a su vez pasó a presidir EM&E cuando Ángel quedó a los mandos de la tecnológica.

Con Escribano ya al frente de la dirección de Indra, la entidad comenzó a expandirse en los campos de espacio y defensa. En este último sector, la firma buscó primeramente hacerse con Santa Bárbara, el principal exponente nacional en sistemas militares terrestres, que cuenta con relevantes complejos industriales como el de Trubia (Oviedo) o el de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una potencia productiva de la que Indra carece. Santa Bárbara, integrada en la norteamericana General Dynamics, declinó la operación y Escribano se vio forzado a encontrar una opción distinta. Tras varios desacuerdos con la corporación de capital estadounidense, Indra se enfocó en la adquisición de la fábrica de Duro Felguera en El Tallerón, una operación que se concretó en julio.

Indra ratifica su atención hacia EME

En paralelo, a finales de abril salta a los medios que Indra está interesada en fusionarse con EM&E, una operación que desde el principio denotaba un obvio conflicto de intereses por tener a los Escribano tanto en la parte compradora como en la vendedora. Moncloa, que estaba preparando los Programas Especiales de Modernización (PEM), que conllevaban unos contratos milmillonarios para aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, no quería darle los proyectos relativos a la industria militar terrestre a una empresa estadounidense, sino a una española. Y esa iba a ser Indra.

No obstante, para lograrlo, inicialmente requería incrementar su volumen. Por este motivo, la SEPI respaldó desde el comienzo la transacción entre Indra y EM&E, a pesar de la pugna de intereses. Diversos inversores, tales como Amber Capital (que por aquel entonces contaba con un 7% y actualmente posee cerca de un 5%), que es además el socio mayoritario del grupo Prisa, responsable de Papallones, igualmente favorecieron la fusión. La sintonía de los propietarios con Escribano resultó tan evidente que su designación como máximo responsable obtuvo el aval del 98,49% de los sufragios en la asamblea general de socios celebrada el 26 de junio.

La firma zanja así su conflicto de intereses.

El 10 de julio del año pasado, el consejo de administración de Indra trata la operación de integración con EM&E y salta la sorpresa: los allí reunidos deciden crear una comisión ad hoc, integrada por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento de “las reglas aplicables para la correcta gestión de los conflictos de interés”, según informó al regulador bursátil, en un texto en el que no se mencionaba directamente a EM&E. El 30 de julio se oficializa la creación de dicha comisión que, a finales de agosto, sufrió la pérdida de un miembro, Bernardo Villazán, que presentó su dimisión aduciendo razones personales. No fue sustituido y la comisión quedó formada por tres vocales independientes: Belén Amatriain (presidenta), Eva María Fernández y Josep Oriol Piña.

Esta comisión elaboró un informe que fue votado en el consejo en diciembre, donde por unanimidad se decidió que la operación era “coherente” con la estrategia de Indra. Es decir, que lo aprobaron tanto la SEPI como SAPA, que fue contraria desde un principio a la integración por sus intereses con Santa Bárbara, con la que va de la mano en un proyecto millonario para el ejército de EE UU. Fuentes conocedoras señalan que entre los consejeros independientes que formaron parte de dicha comisión hay un gran enfado por la caída de la operación, sobre todo por parte de Amatriain, que considera que todo el trabajo de la comisión fue en vano.

El CEO encabeza los diálogos

Visto el encaje estratégico, llegó el momento de discutir cómo se llevaba a cabo la operación. A la par, en enero, el Supremo aceptó a trámite un recurso contencioso-administrativo, que Santa Bárbara presentó ante el Supremo contra las ayudas públicas por valor de 3.002 millones que Industria concedió a los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas del Ejército de Tierra, que tienen un valor conjunto de 7.240 millones. Santa Bárbara optaba también a esos contratos y no podía permitir quedarse fuera. Dicha arremetida judicial coincidió en el tiempo con el comienzo de las dudas por parte del Ejecutivo. A pesar de que La Moncloa comenzaba a enfriar la operación, esta seguía adelante con José Vicente de los Mozos, el consejero delegado de Indra, quien lideraba las conversaciones por parte de la tecnológica, y Javier Escribano por parte de EM&E —los hermanos no participaban de las conversaciones del consejo de Indra relativas a la operación por el mencionado conflicto de intereses—. A principios de febrero, De los Mozos llegó a asegurar que la operación ya estaría hecha si Ángel Escribano no fuese el presidente. Las especulaciones sobre el malestar de La Moncloa con los Escribano crecían, pero nadie se pronunciaba oficialmente.

El Gobierno planteó entonces que Indra comprase la mayoría de EM&E sin fusión, evitando así que la familia se hiciese con un peso superior al de la SEPI en el accionariado de la tecnológica. Este temor se sustentaba en el meteórico ascenso del valor de EM&E: la compañía, que en 2021 se tasó en 100 millones, se especulaba con que valía más de 1.000 millones cuando se hizo oficial el interés de Indra, y en estos días ya se colocaba por encima de los 2.000 millones, según estimaciones del mercado. Esto encendió las alarmas de Moncloa, que no quería arriesgarse a perder el control del campeón nacional de defensa terrestre.

La SEPI, al fin, se pronuncia

Tras un par de meses de especulaciones, la SEPI, finalmente, se pronunció en contra de la operación escudada en el conflicto de intereses, el cual “debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”, según el documento que remitió a la CNMV en la noche del miércoles. Si bien no lo decía explícitamente, el Gobierno estaba pidiendo la salida de Escribano de la presidencia. Indra convocó un consejo extraordinario al día siguiente, en el que se recibió la comunicación de que EM&E ya no estaba interesado en la operación. Fuentes conocedoras señalan que fue un consejo escueto, en el que no estuvieron los hermanos por el conflicto de intereses, y que el debate se limitó a leer la comunicación de los Escribano y tomar nota del abandono de la fusión. Ángel sigue siendo el presidente.

Y ahora, ¿qué?

De esta forma, el Gobierno se ha quedado sin la operación que buscaba para crear el campeón nacional en defensa terrestre y, además, ha visto cómo Escribano se queda con el bastón de mando, al menos de momento. La Moncloa lo convocó este viernes a una reunión para entablar un diálogo sobre cómo seguir a partir de ahora. Los hermanos se escudan en el apoyo que tienen de buena parte del accionariado, el cual no olvida que con Escribano en la presidencia la compañía se disparó un 184% en Bolsa el año pasado, siendo el valor del Ibex 35 que mejor comportamiento tuvo. Así, el Ejecutivo tendrá que convencer a unos consejeros independientes enfadados de que lo mejor para Indra es que Escribano dé un paso al costado. El miércoles de la semana que viene habrá un consejo en el que todas las espadas estarán en alto.

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