El catastrofismo como arma defensiva

Cada medida social de un gobierno progresista que toca el statu quo es recibida por los poderes económicos con grandes aspavientos, como si fuera el fin del mundo. Pero el mundo no se acaba. Si hubieran sido ciertos, como han sostenido la CEOE y Foment del Treball, que cada subida del salario mínimo interprofesional iba a ser un golpe mortal para los pequeños empresarios, ya no quedarían ni pymes ni autónomos en España. El SMI ha subido un 66% desde 2018 sin que se haya hundido la pequeña empresa, y sin embargo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha seguido insistiendo en ello este año por una subida para 2026 ¡de 37 euros! Un salario mínimo de 1.221 euros al mes por 14 pagas, cuando el alquiler medio de un piso en Barcelona está en 1.112 euros. Si es una catástrofe, lo será en todo caso para quien tiene que hacer frente a los costes de la vida con ese salario.

Lo mismo está ocurriendo con las medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Cataluña es la comunidad autónoma que con mayor determinación está aplicando lo previsto en la Ley de Vivienda para contener el precio del alquiler. Ha decretado como zona tensionada un total de 271 municipios en los que vive el 90% de la población. Pero sigue siendo insuficiente, y por esta razón, el Gobierno de la Generalitat ha pactado con los Comuns una actuación excepcional: impedir la compra especulativa. Los detalles de la propuesta podrán discutirse en la tramitación parlamentaria, pero supone un hito que ha sido recibido por la patronal y por los inversores inmobiliarios con el catastrofismo habitual. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, habló de “medida filocomunista” y arremetió contra el Gobierno de Salvador Illa por vulnerar el derecho a la propiedad privada.

Por esta regla de tres, todo el planeamiento urbanístico atenta contra el sacrosanto derecho a la propiedad privada en la medida en que regula qué se puede hacer en cada lugar y en qué condiciones. A eso tienen que atenerse los propietarios del suelo y los operadores urbanísticos. Lo mismo ocurrirá ahora con la vivienda. La posibilidad de intervenir está avalada, según el informe que ha hecho el abogado Pablo Feu, por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda. Considera el alto tribunal que, en una situación de emergencia resulta legítimo y constitucional intervenir sobre el mercado poniendo topes a los alquileres, siempre que sea una medida transitoria. Eso es lo que se pretende con la modificación de la Ley de Urbanismo que impedirá de forma excepcional la compra de vivienda con fines especulativos.

La regulación tiene como objetivo preservar la función social de la vivienda y evitar que los fondos de inversión y grandes tenedores puedan seguir acaparando un bien que es escaso y que precisamente por eso ofrece grandes rentabilidades. De hecho, con el actual ritmo de subida de los precios, ni siquiera necesitan alquilar: les basta dejar la vivienda vacía y venderla al cabo de unos años para asegurarse altos beneficios. Acaparar viviendas les permite controlar el mercado y seguir empujando los precios al alza.

La medida no afectará a ese comodín que se utiliza como excusa contra cualquier intervención: el del empresario autónomo que compra un piso para complementar su baja pensión. Ese autónomo podrá seguir comprando hasta cuatro viviendas, pero tendrá que ponerlas en alquiler con los topes que establece la ley. Y los inversores también podrán comprar, pero tendrán que ser edificios enteros, para no interferir en el mercado de la compraventa entre particulares, y también tendrán que ponerlos en alquiler tasado. Seguramente la medida no será suficiente, porque lo que hay que hacer es construir vivienda social de forma masiva, pero desde luego no será el fin del mundo. En todo caso sólo será el fin de la libertad de la zorra para entrar en el gallinero.