Los socialistas llevarán a Fiscalía una permuta de suelo municipal en Valencia por 39 viviendas protegidas ya apalabradas

El Gobierno municipal, de PP y Vox, aprobó en octubre del año pasado una permuta de suelo público municipal a cambio de un edificio residencial de nueva planta ubicado en la avenida del Pianista José Roca Coll de Valencia, con 39 viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada y a medio construir. A cambio de ese edificio, el Ayuntamiento entregó a la promotora Domio cuatro solares edificables en los barrios de Malilla y Nou Moles, también para la construcción de VPP, y una compensación adicional de 1,7 millones de euros. Cuatro meses después de la operación, los socialistas han anunciado que la llevarán a la Fiscalía ante la posibilidad de un “presunto fraude”. Su portavoz municipal Borja Sanjuan ha asegurado que la promotora incumplía uno de los requisitos del pliego de condiciones de la permuta porque los pisos habían sido comercializados previamente, con el abono incluso de una prerreserva por parte de los beneficiarios. El portavoz del Gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que “todo es perfectamente legal”.

Sanjuan ha explicado que un año antes de aprobarse esta permuta de solares municipales, donde la promotora podrá desarrollar 250 VPP, la empresa había alcanzado acuerdos para venderles las viviendas a 39 familias, que incluso habían abonado 1.000 euros en concepto de prerreserva. La promotora presentó una declaración responsable garantizando que cumplía con todos los requisitos para presentarse al concurso público, “algo que, sin embargo, no sucedía y pese a todo el Ayuntamiento le otorgó la permuta, lo que implica que o se aprobó el acuerdo irregularmente o se falsificó la documentación”, ha denunciado este jueves el portavoz socialista.

Según recoge el pliego de condiciones de la citada permuta, “los edificios residenciales de obra nueva ya construidos ubicados en el término municipal de València que se ofrezcan para permutar, deben estar libres de ocupantes. Y respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”, han mostrado los socialistas.

“Nos hemos reunido con las familias afectadas y nos han aportado la documentación que demuestra que la empresa quiso rescindir el acuerdo que habían alcanzado para comercializar las viviendas e incluso se ofreció a devolverles el dinero. Les hemos explicado que el acuerdo con el Ayuntamiento no solo es indecente porque deja a 39 familias sin viviendas sino que, además, también podría ser constitutivo de un delito. Por eso, hemos decidido llevar toda la documentación a la Fiscalía”, ha continuado Sanjuan.

El responsable socialista exige transparencia al Gobierno local que preside María José Catalá, del PP, y que el Ayuntamiento actúe con toda la contundencia, paralizando esta operación y después, dando todas las explicaciones oportunas. “Visto lo sucedido en Alicante y sin querer culpar a nadie, Catalá debe aclarar inmediatamente si era conocedora de esta situación o si autorizó la operación siendo consciente de que la empresa ya había apalabrado las viviendas con 39 familias valencianas que cumplían los requisitos para recibir una vivienda protegida pública”, ha incidido.

La permuta que los socialistas llevarán a Fiscalía hace referencia a un edificio residencial de ocho plantas, con 39 viviendas de 90 metros cuadrados, la mayoría de tres habitaciones, 30 plazas de garaje y 21 trasteros en una superficie total construida de 6.115 metros cuadrados. Las familias afectadas entregaron 1.000 euros como reserva de las viviendas (más garaje y trastero), que tenían un precio de 230.000 euros más IVA.

Tras la permuta con el Ayuntamiento, las 39 familias se han quedado ahora sin la vivienda que habían señalizado tres años antes, en plena escalada del precio de la vivienda en Valencia, denuncia Sanjuan, quien insiste en que es “un gran pelotazo para la promotora”. El portavoz socialista ha explicado que la promotora depositó en una notaría el importe de todas las prerreservas, aunque algunos de los que la abonaron firmaron actas de disconformidad.

El portavoz socialista añade que además se han aprovechado de la subida de módulos de la VPP, pues las 39 se lanzaron a precio antiguo y las 250 que ahora podrá desarrollar la promotora, también como pisos protegidos, será mayor. El módulo antiguo era de 2.200 euros y el actual está a 2.400 euros, asegura el edil.

El portavoz del Gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha respondido a la denuncia de los socialistas: “Creemos que el proceso es limpio y correcto y lo que esperaba del grupo socialista es que pidiera perdón porque durante sus ocho años de gobierno únicamente fueron capaces de construir 14 viviendas”. Según Caballero, “estamos tranquilos con el proceso, todo es perfectamente legal, y lo que busca el PSPV es tratar de desviar la atención y tratar de buscar otros escándalos donde no los hay para tapar los suyos propios”, ha manifestado en alusión al caso de abuso sexual en el que está implicado el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.