Desmantelan núcleo de fabricación de

El ejército y la policía colombianos han desmantelado un depósito y fábrica de explosivos en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, en un operativo que contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según las autoridades, el lugar pertenecía al Frente de Guerra Urbano de la guerrilla del ELN. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló una relación entre lo encontrado y las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo: “estos artefactos podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral”.

De acuerdo con un comunicado del ejército, entre el arsenal encontrado había “municiones de diferentes calibres, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, pólvora y componentes para artefactos explosivos improvisados (AEI)”. Sánchez, un general en retiro de la Fuerza Aeroespacial, dijo que el material decomisado habría permitido fabricar más de 70 artefactos explosivos por lo que el comandante general de las fuerzas armadas, Hugo Alejandro López, aseguró que se frustró una “amenaza directa contra la población civil”. También fueron capturadas dos personas.

Para Kyle Johnson, director de investigaciones de la Fundación Conflict Responses, no es claro que el armamento incautado estuviera destinado a un atentado en Bogotá ni a una estrategia de injerencia electoral del ELN. “Los tiros de fusil y los tatucos caseros que se ven, no son normalmente para uso en la ciudad, sino en la ruralidad, en combates”, explica. Los explosivos, en cambio, sí podrían usarse en entornos urbanos. Para él, la existencia de la fábrica no prueba que estuviera pensada para operar en la capital, aunque ve suficientes indicios de que perteneciera directamente a la última guerrilla del continente, y no a una red independiente de tráfico de armas.

Johnson recuerda que el ELN, como otros grupos armados, ha tenido presencia en las principales ciudades desde hace décadas. Desde 2015, sus estructuras son conocidas como Frentes de Guerra Urbanos y han cumplido sobre todo un rol logístico y político, con vínculos con el Frente de Guerra Oriental, que hace presencia en departamentos cercanos como Arauca, Casanare y Boyacá. Tras las respuestas estatales al estallido social de 2019 y 2021, buena parte de su red de milicianos urbanos se desarticuló, lo que redujo su capacidad militar local, y viró a tareas políticas y de apoyo logístico. En ese contexto, la fábrica en Usme podría estar relacionada con el abastecimiento de frentes rurales, aunque en noviembre pasado esa unidad intentó atacar la base militar de la ciudad de Tunja, a unos 150 kilómetros de Bogotá.

El experto lo refuerza con el tipo de ataques que suele hacer el ELN en la capital. “Las acciones suelen ser más grandes”, señala, en referencia a atentados como el de la Escuela de Cadetes en 2019, que mató a 23 personas, o el de la Plaza de Toros en 2017, que hirió a decenas. Por eso, cree que la fábrica reflejaría la necesidad del grupo de diversificar su logística desde la ciudad, pues tiene disputas territoriales con otros grupos ilegales en prácticamente todos los territorios donde hace presencia.

Bogotá, con seis de sus ocho millones de habitantes habilitados para votar en los comicios para el Congreso, concentra el 13% del censo electoral nacional . Es la única gran capital entre los 81 municipios en riesgo electoral extremo, según los Mapas y Factores de Riesgo de la Misión de Observación Electoral MOE.

Dentro de su reporte Bogotá vota poco y con riesgos concentrados: las alertas que deja el mapa electoral de 2026, la organización no gubernamental alerta acerca de la agresión política, haciendo hincapié en el homicidio del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe en medio de un evento proselitista al oeste de Bogotá, el pasado mes de junio. Dicho suceso, indica la entidad, “pone en evidencia la fragilidad de las garantías para quienes hacen política, incluso en la capital del país”. La MOE añade que tal panorama incrementa el riesgo para los postulantes, sobre todo para los debutantes (quienes representan 238 de los 247 candidatos a la Cámara), debido a que cuentan con dispositivos de protección más reducidos.

Aunque la MOE reconoce que Bogotá cuenta con una “sólida institucionalidad” para el proceso electoral, advierte que casi un tercio de los más de 1.000 puestos de votación presentan “algún nivel de riesgo” por fraude o violencia, con 36 de ellos en riesgo extremo. Usme, donde fue desmantelada la fábrica de explosivos del ELN, supera el 50% de puestos con algún nivel de riesgo y es la segunda localidad, después de Ciudad Bolívar, con más mesas en riesgo extremo.

Aparte del ELN, durante estos días la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó acerca de la “incidencia electoral directa” del Clan del Golfo, la principal estructura armada ilegal de la nación, y de la organización delictiva proveniente de Venezuela El Tren de Aragua. Ambas agrupaciones pelean por el dominio del territorio en los sectores de Santa Fe y Los Mártires, situados en el casco urbano central, empleando dispositivos detonantes en su pugna por las extorsiones. “Han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas dentro de estas localidades”, manifestó la líder de la institución responsable de proteger las garantías fundamentales.