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Mientras avanza la competencia por los minerales críticos, la Amazonía está cada vez más amenazada. Estamos hablando de biodiversidad, seguridad, autodeterminación y derecho a la vida

La historia de Venezuela ha estado signada por su abundancia en recursos naturales estratégicos y su aprovechamiento por parte de agentes extranjeros. Actualmente, la atención internacional está volcada sobre su petróleo, pero hay otros recursos en disputa. En nuestra investigación El precio del progreso: el lado oscuro de los minerales críticos en la Amazonía advertimos un objetivo que tiene toda la atención de Washington: el de las arenas negras.
La novedad está en los actores internacionales involucrados y la diversidad de los minerales. El sur venezolano, cuyo suelo posee grandes reservas de estos codiciados materiales, está siendo explotado bajo la dominación de grupos armados colombianos, principalmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según testimonios de indígenas, pobladores y mineros, lo extraído se divide mayormente entre el ELN, fuerzas armadas y traficantes internacionales calificados por ellos como “chinos”. Aseguran que estos últimos llegan en helicóptero a las minas, custodiados por el grupo armado, para llevarse “toneladas” de material por vía aérea.
China no solo tiene las mayores reservas de elementos de tierras raras del mundo, también es el principal destino de los minerales críticos venezolanos, y si bien la mayor parte se exporta a través de empresas estatales, hay un porcentaje importante que antes de ser enviado es contrabandeado a Colombia donde se legaliza con datos fraudulentos, beneficiando a grupos armados y funcionarios corruptos. Además, poseen el 91% de la capacidad de procesamiento, lo que le otorga al país un poder geopolítico enorme: incluso si otros países extraen las tierras raras, necesitan enviarlas a China para procesarlas.
Por su parte, la Administración de Trump ha hecho explícita su intención de tener acceso a estas materias primas. En un pasillo del Air Force One, el Secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró con respecto a Venezuela: “Tienen acero, tienen minerales, ¿cierto? Todos los minerales críticos. Tienen una gran historia minera que se ha oxidado”, y el Secretario de Energía, Chris Wright, destacó la presencia de "inmensos" recursos naturales, también en referencia a los minerales del país, durante su reciente visita a Caracas.
También han hecho público su deseo de dominio territorial sobre Groenlandia, otro país con extensas reservas de minerales críticos, y firman importantes inversiones en el sector de refinación de tierras raras. Los minerales críticos, cruciales para el sector de Defensa e inteligencia artificial, otorgarían al país una ventaja geopolítica.
Mientras avanza la competencia por los minerales críticos, la Amazonía está cada vez más amenazada. Estamos hablando de biodiversidad, seguridad, autodeterminación y derecho a la vida. Quienes extraen el material están en una suerte de esclavitud moderna; mineros y miembros de comunidades indígenas en Venezuela describen circunstancias inhumanas, pagos indignos, trabajo forzado, explotación sexual, castigos corporales, restricción de movilidad, prisiones cercadas con alambre de púas en medio de la selva y ejecuciones sumarias.
Si bien históricamente el ELN ha sido un aliado del chavismo, para la presidenta encargada Delcy Rodríguez el grupo podría convertirse en una piedra en el zapato respecto a los nuevos intereses estratégicos entre Caracas y los Estados Unidos, dado que gran parte de los ingresos de la extracción mineral provienen de áreas donde la guerrilla comparte ganancias de manera extraoficial con las fuerzas de seguridad del Estado, y cantidades significativas de estos minerales salen del país a través de rutas no oficiales.
Del otro lado de la frontera, el ELN resulta ser una fuerza incómoda para otro presidente, Gustavo Petro, cuyo equipo negociador de paz no logró alcanzar éxitos en la mesa de diálogo, mientras aumentaban las hostilidades en áreas controladas por el grupo. Como la seguridad rural de Colombia ha retrocedido durante su gobierno, acciones militares contra el ELN podrían permitirle a Bogotá demostrar a sus ciudadanos que además de ofrecer la zanahoria también empuña el garrote.
Para ambos países, acciones militares dirigidas hacia el ELN podrían ser bienvenidas y sorprendentemente están en la agenda de Washington. Pocos creerían que a Trump le interesen realmente los esfuerzos de construcción de paz en Colombia o que busque activamente al ELN, pero sin duda podría usar el argumento de lucha contra el narcotráfico para intentar eliminar este obstáculo en la obtención de los minerales críticos y la infraestructura petrolera que intenta revivir, algo que se evidencia en los frecuentes ataques a oleoductos en Colombia como modo extorsivo.
Cuando Petro visitó la Casa Blanca el 3 de febrero, en un encuentro inesperado entre dos enemigos políticos, se discutió combatir al ELN bajo la bandera de operaciones contra el narcotráfico. Un bombardeo contra el ELN en Catatumbo ocurrió ese mismo día. Es probable que las extensiones de estas acciones en Catatumbo y Arauca tengan prioridad, pero la Amazonía también está en la agenda, incluyendo operaciones sobre la franja fronteriza.
Para Petro, esta reunión es una declaración contundente en materia de seguridad al final de su gobierno y una manera de contrarrestar a quienes lo critican por distanciarse de un enorme aliado geopolítico. Para Trump, representa una posibilidad de impulsar acciones militares contra un grupo al que responsabiliza del narcotráfico y que se asienta sobre importantes reservas de recursos naturales.
Cualquier inversionista enfrentará obstáculos legales, éticos y socioambientales. Además, deberá considerar serias limitaciones logísticas por la falta de infraestructura y riesgos de seguridad en zonas con presencia de grupos criminales y movimientos guerrilleros que figuran en listas de sanciones estadounidenses.
Es decir, si las empresas estadounidenses quisieran realizar actividades mineras directamente, es seguro que los grupos armados nacionales y extranjeros intentarían detener, extorsionar o atacar a estas empresas, desatando una nueva ola de violencia que inevitablemente tocaría a los pueblos indígenas y sus ecosistemas, quedando atrapados nuevamente en toda esta lucha de poder. Y si en cambio prefiriesen comprar directamente a empresas estatales venezolanas, estarían adquiriendo minerales provenientes de minas ilegales donde ya desde hace años se cometen graves violaciones a los derechos humanos y financiarían indirectamente a grupos armados, incluyendo al ELN.
Para comunidades indígenas sumidas en crisis, particularmente en el contexto del colapso económico venezolano, la extracción ilícita de minerales se ha convertido en un salvavidas económico. Pero existen alternativas. Ninguna comunidad invitó a grupos armados, traficantes o multinacionales extranjeras a ocupar sus territorios. Estos actores llegaron para explotar vacíos institucionales, no para responder a necesidades locales.
Escuchar las voces de quienes viven en estos territorios y entender qué buscan para su propio desarrollo es impostergable y fundamental. Muchas comunidades acumulan necesidades urgentes; algunas podrían incluso considerar la minería de subsistencia como vía de progreso, pero bajo condiciones radicalmente diferentes a las que imponen el ELN o las redes criminales transnacionales.
El problema de fondo es que ni Caracas, ni la guerrilla colombiana, ni Washington han mostrado intenciones de conversar con las comunidades y, mientras las fuerzas exteriores involucradas vean a la Amazonía colombo-venezolana como tablero geopolítico o una reserva de minerales críticos, mientras sigan ignorando deliberadamente la agencia de sus habitantes, cualquier estrategia está inevitablemente condenada al fracaso.
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