El aumento de la violencia vuelve a poner en peligro a los que luchan por la paz.

La guerra que Colombia intenta apagar todavía arde en muchas regiones, ahora en una etapa todavía más fragmentada. Las alertas electorales siguen activas para los territorios más golpeados por un conflicto armado de más de medio siglo, los mismos donde en las legislativas del 8 de marzo se votarán los 16 escaños reservados para representantes de las víctimas. El análisis de los factores de riesgo electoral para las circunscripciones de las llamadas “curules de paz” revela un alarmante aumento en la gravedad de los peligros que atraviesan esas zonas, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), una preocupación que comparte con otras entidades, como la Defensoría del Pueblo. La violencia se recrudece en lugares como Catatumbo o Arauca, en la frontera con Venezuela; Cauca, sobre el corredor del Pacífico; o el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país.

Dichas 16 curules –denominadas formalmente circunscripciones transitorias especiales de paz, o Citrep– se asocian a las áreas más impactadas por la confrontación, donde se ponen en marcha planes particulares de desarrollo –o PDET, según la terminología del Estado–. Suman casi 170 municipios distribuidos por toda Colombia. Concursan cerca de 250 candidatos –una cifra bastante inferior a la de hace cuatro años–, quienes cuentan con el aval de agrupaciones sociales, rurales, étnicas, de víctimas o de mujeres, entre otras.

Pero la violencia acecha. De esos 168 municipios, 103 registran algún nivel de riesgo; 63 de ellos se encuentran en riesgo extremo, de acuerdo con el mapa consolidado de la MOE, en el que coinciden factores indicativos de fraude y de violencia. Si solo se contempla la variable de violencia, las cifras son aún más dramáticas, pues en casi la totalidad de esos territorios hay injerencia de grupos armados ilegales –96,4 %, para ser más precisos–. En regiones donde las disputas entre grupos armados todavía producen un enorme impacto humanitario, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para hacer campaña es limitada, entre muchos otros obstáculos.

El deterioro en materia de protección, que abarca el homicidio de diversos dirigentes comunitarios, se ha vuelto evidente en el último tramo de la administración de Gustavo Petro, la cual intentó diálogos conjuntos con los grupos irregulares bajo la debilitada estrategia de paz total. La inestable zona del Catatumbo representa un caso claro de este incremento en la hostilidad. En ese lugar, las disputas entre el grupo insurgente ELN y un sector disidente de las antiguas FARC provocaron un saldo de 160 víctimas fatales y superaron los 100.000 exiliados internos a partir del ataque de los elenos hace algo más de doce meses. Poblaciones completas quedaron nuevamente en medio de los combates en el transcurso de las celebraciones decembrinas. Una situación igualmente alarmante ocurre en el Cauca, donde persisten los choques con otro grupo disidente, que hace siete días sostuvo secuestrada por varias horas a la senadora Aida Quilcué. Asimismo destaca Arauca, donde a principios de este periodo mataron a dos guardaespaldas pertenecientes al senador Jairo Castellanos.

Los distritos de paz se proyectaron para dirigentes locales, quienes frecuentemente se encuentran más desprotegidos. “Lo que hemos notado es que esas causas estructurales del conflicto, como se conocen en términos más académicos, persisten en esos territorios; dificultan vías de comunicación, deficiencias en acceso a puestos de votación, coincidencia con economías ilegales, no solo asociadas al narcotráfico, también a la minería ilegal, al tráfico de migrantes, a las extorsiones”, señala Diego Alejandro Rubiano, quien coordina el Observatorio Político Electoral de la MOE. “Hablamos de territorios rurales donde coinciden distintos actores armados, muchos de ellos en disputa”, rememora. Aparte de extender la presencia regional en el Legislativo, dichos escaños pretenden contribuir a las acciones de reparación y no repetición establecidas en los acuerdos de paz, además de establecer vínculos entre la población y los organismos estatales.

“Desafortunadamente tenemos otro elemento que adicionar a esta ecuación, y es la ola invernal”, añade Rubiano. En cuatro de dichos distritos, aproximadamente el cincuenta por ciento del padrón de votantes podría verse perjudicado por desbordamientos y complicaciones en la distribución de materiales para los comicios, señala. Dentro de estas figura la zona meridional de Córdoba, una crisis que ha recibido gran atención mediática, aunque no representa el único caso. Las precipitaciones igualmente ponen en riesgo la región sur de Bolívar, especialmente en localidades como San Pablo y Cantagallo; el territorio de Yondó, en Antioquia; así como el área del Pacífico Medio, que incluye poblaciones del Cauca como Guapi, Timbiquí y López de Micay.

A pesar de su importancia, el proceso de elegir a los representantes en el marco de la elección se mantiene tal cual, con cada uno de los elementos clave manteniendo su integridad.

La corta historia de las circunscripciones de paz ha sido accidentada. El acuerdo que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que cumple 10 años en este 2026, se proponía poner a las víctimas en el centro, instalarlas como las mayores beneficiarías de ese pacto tan arduamente negociado. De allí nació la idea de las curules de paz, que tuvieron que superar una larguísima cadena de obstáculos. Una confusa votación en el Senado, en el 2017, provocó una dilatada batalla jurídica, y solo vieron la luz en 2022, con cuatro años de retraso. La principal condición es que solo pueden postularse víctimas registradas. Los partidos están vedados, al menos en teoría. Como proceso electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación por parte de maquinarias políticas. O incluso las lluvias.