La discusión en torno a la economía cobra importancia, al tiempo que la nación se centra en su crecimiento financiero.

En un país falta menos de un mes para las elecciones legislativas cuando secuestran a una senadora que busca la reelección, atentan contra la caravana de otro, unos más denuncian amenazas. A pesar de eso, la seguridad no es el principal asunto del debate. Tampoco lo es la corrupción, pese a que se multiplican los escándalos, pequeños o grandes, hasta el punto de que afectan incluso a ministros, al presidente de la mayor empresa de la nación o a congresistas que también aspiran a reelegirse. Menos el medio ambiente, pese a que el territorio ha vivido en los últimos años una sucesión de períodos secos con otros de lluvias torrenciales que hoy tienen a más de 150.000 personas damnificadas. La discusión se centra en la economía, con una debatida alza del salario mínimo, un creciente déficit fiscal, la propuesta del Ejecutivo de definir impuestos por decreto o un desempleo en uno de sus mejores momentos de la historia. El país es Colombia.

El salario mínimo constituye la temática que ha posicionado la economía en el eje de la controversia. Esto sucede desde el viernes anterior, cuando un consejero de Estado suspendió temporalmente el decreto a través del cual, al finalizar diciembre, el presidente Gustavo Petro resolvió elevarlo un 23%, lo que supone más de 18 puntos porcentuales sobre una inflación que terminó en el 5,1%. La totalidad de los aspirantes presidenciales emitieron sus posturas, ya que era un tópico forzoso, y Petro brindó un mensaje a la nación este domingo. Lo sorprendente es que los contendientes de la oposición, desde Abelardo de La Espriella hasta Paloma Valencia, junto al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, aconsejaron sostener ese incremento, admitiendo que la izquierda ha triunfado en esta disputa: proponer un recorte en el sueldo de aproximadamente 1,5 millones de individuos, a escasos días de las elecciones en Colombia, resultaba una acción políticamente suicida.

Eso, justamente, los llevó a seguir hablando de economía. “El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo”, dijo el candidato ultra. Algo similar dijo la senadora uribista. “El salario mínimo no se puede bajar. Lo que hay que hacer es bajarle los impuestos a los empresarios, para nivelar la situación económica actual y proteger el empleo”, dijo en un largo pronunciamiento titulado La dilapidación administrativa de Petro y la inconsistencia financiera del “gobierno del cambio””.

Los dos políticos no solo se referían a la propuesta -que comparten- de reducir la carga tributaria, propia de su visión económica, sino a los fallidos intentos de Petro de sacar adelante una reforma para aumentar los ingresos estatales y así tapar un hueco fiscal que el Gobierno ha calculado en unos 16 billones de pesos para 2025. El presidente ha decretado dos veces la emergencia económica en las últimas semanas, para así crear impuestos por decreto. Primero lo hizo alegando ese déficit, pero la Corte Constitucional le respondió que la negativa del Congreso no permite a un Gobierno decretar nuevos tributos. La semana pasada insistió con un segundo decreto, este justificado en la crisis ambiental en el Caribe, y que ha desarrollado con un nuevo impuesto al patrimonio a las más grandes empresas. De nuevo, cada medida ha desatado discusiones que centran la atención en la economía.

Aquello no implica que cada novedad financiera posea dicha repercusión. El pasado lunes se reveló la cifra de expansión económica, un 2,6%, la cual se sitúa por debajo de las expectativas y del 3,4% que el Gobierno preveía al concluir el año, aunque coincide exactamente con lo que el previo ministro de Hacienda vaticinaba al comenzar 2025. Tal estadística, el indicador más global y elemental del desempeño financiero de una nación, pasó desapercibida durante la contienda electoral. Esto evidencia que el motor principal no es la discusión económica, sino el posible impacto social de sus medidas, sobre todo en el periodo inmediato: el tiempo de los comicios legislativos del 8 de marzo y de los presidenciales del 31 de mayo.

Justamente con esa mirada, Valencia señala que el aumento del salario mínimo en el año electoral, el último del cuatrienio, fue para “tapar la corrupción infinita de su gobierno y comprar elecciones”. Y, en esa misma lógica, el Gobierno ha salido a defender el incremento con el concepto, amplio y pegadizo, de “salario vital”. “Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, reaccionó Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, tan pronto se conoció la decisión del Consejo de Estado del viernes pasado. Justamente la movilización social que la oposición teme y el oficialismo busca para llegar con sus bases muy activas al 8 de marzo. Y justamente un recuerdo más de que, para muchos, es cierto que lo que define las elecciones es “la economía, estúpido”.