Una congresista colombiana denuncia las detenciones de sus connacionales en Estados Unidos: “Estamos ante una crisis humanitaria”

Una congresista colombiana que ha venido a Estados Unidos a ver de primera mano la situación de los migrantes de su país detenidos durante la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump ha quedado tan impresionada por las malas condiciones y las denuncias de malos tratos que ha pedido al presidente Gustavo Petro declarar un estado de emergencia para acelerar los procesos de deportación. Además, propone y busca apoyo de la comunidad internacional para crear una misión de verificación.

Carmen Felisa Ramírez Boscán, parlamentaria para la circunscripción de colombianos en el extranjero y quien está en plena campaña para reelegirse en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, visitó hace unos días un centro de detención de migrantes en Montgomery, Alabama. Allí habló con 12 mujeres colombianas, entre ellas una embarazada, que se quejaron de que todas tienen infección urinaria y no han recibido la atención médica adecuada. Una de ellas, de 70 años, le contó que había sido trasladada desde otro centro encadenada de cuello, pies y manos. También conversó con 18 colombianos detenidos que se quejaron de mala alimentación, terribles condiciones y falta del debido proceso.

“Me pareció gravísimo. Estamos ante una crisis humanitaria de connacionales que están siendo detenidos de manera ilegal por el ICE y está generando una situación peor, empeorando su salud física y mental”, denunciaba el miércoles la congresista, que hace parte de la coalición del presidente Petro, a las afueras de las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miramar, al norte de Miami.

“Prefieren morir en su país. Muchos me decían: ‘Mire, no me importa si tengo que regresar después de haber venido a solicitar asilo, sabiendo que tengo un caso, pero quiero regresar. No importa si me matan, pero que me maten en mi país’”, relata la legisladora. “Necesitamos buscar alternativas para sacar a la gente que está allí en las condiciones que están”.

Su visita ocurre en medio de la histórica ofensiva antiinmigrante de la Administración de Donald Trump, la cual ha generado fricciones diplomáticas con Colombia. A comienzos del año pasado, Petro bloqueó los vuelos militares estadounidenses de deportación denunciando que los migrantes eran transportados encadenados como criminales, y acusó al Gobierno Trump de tratarlos de manera indigna. La confrontación escaló a un choque diplomático y una breve batalla de aranceles, hasta que Petro aceptó seguir recibiendo deportados, pero en aviones proporcionados por Colombia. El mes pasado, en la antesala de una reunión con Trump en la Casa Blanca, el Gobierno colombiano anunció que se reanudaban oficialmente los traslados en aeronaves militares colombianas, con “20 vuelos, uno semanal”.

Colombia ha sido uno de los principales aliados y socios comerciales de EE UU de la región por décadas, pero la situación se ha tensado desde que Petro llegó a la presidencia en 2022 con una agenda de izquierda. No obstante, en la amigable reunión reconciliadora a comienzos de mes en Washington, se hallaron intereses comunes y el tema central fue la lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes de la relación bilateral desde hace ya cuatro décadas.

Es en este inestable contexto bilateral que la congresista Ramírez Boscán está recorriendo Estados Unidos. Acudió a otro centro de detención en Houston, Texas, al que no tuvo acceso, y el domingo pasado participó en la vigilia interreligiosa que se realiza semanalmente frente a la infame cárcel para migrantes Alligator Alcatraz, en los Everglades.

Radicada en Suiza desde 2011, la parlamentaria es una líder del pueblo indígena wayú, de La Guajira, que representa a los colombianos en el exterior por el oficialista Pacto Histórico desde 2022. A partir de cifras de la Cancillería colombiana y de la iniciativa académica Immigration Policy Tracking Project, la congresista asegura que hay 34.000 colombianos con orden de deportación en EE UU. No hay cifras exactas de cuántos colombianos se encuentran detenidos por inmigración, pero la Embajada estima unos 2.600, un número que la congresista valora como muy conservador, puesto que su oficina ha recibido reportes de personas detenidas que no aparecen en esa base de datos.

La Cancillería de Colombia dijo a Papallones que los consulados en EE UU recibieron 1.456 solicitudes de asistencia de colombianos en centros de detención, o sus familiares. Casi la mitad de los casos (691) fueron en el consulado en Houston, Texas. Los informes sobre las condiciones en los centros de detención coinciden en que la alimentación es básica o incluso en mal estado, y que no se garantiza dietas especiales por atención médica, y que los centros ofrecen atención médica pero con “deficiencias importantes” en la entrega de medicamentos esenciales o remisiones a especialistas. También destaca “la necesidad frecuente de que la autoridad consular intervenga para acelerar o priorizar casos” urgentes. “Las condiciones de detención tienen un impacto significativo en el estado físico y emocional de los detenidos. Los informes coinciden en la presencia de altos niveles de ansiedad, depresión y frustración, particularmente en quienes llevan periodos prolongados bajo custodia”, dijo la Cancillería.

Un grave problema es que la frecuencia de vuelos, uno por semana, no da abasto, señaló la congresista, que ha estado identificando casos de personas con riesgos de salud graves e informando a la Cancillería para que pida al ICE que los priorice. “De estos 30 colombianos y colombianas con los que hablé, solamente tres querían quedarse. El resto ha renunciado a la solicitud de asilo y ha pedido deportación”, dijo Ramírez Boscán. “Ellos no quieren estar detenidos” indefinidamente.

Según la política colombiana, todas las semanas su oficina recibe decenas de solicitudes pidiendo que intervengan ante el Gobierno de EE UU. Declarar un estado de emergencia, dice, “permitiría sacar un presupuesto del Estado para que Colombia pueda traer más aviones, para que más colombianos puedan regresar en un máximo de noventa días”. Sin embargo, señala, en clave electoral, que la oposición en Colombia ha rechazado “cualquier estado de emergencia”.

Para la congresista, “es un desafío hacer entender que este es un tema prioritario”. “Queremos llamar la atención de manera más amplia, invitar a los congresistas latinoamericanos que representan a sus diásporas de países como México, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina”, así como a congresistas de Europa, “para que hagamos una misión de verificación”, asegura la legisladora. Una misión de verificación es un mecanismo internacional de observadores que velan por el cumplimiento de acuerdos, como la que supervisa en Colombia los acuerdos de paz.

“Queremos ver en qué situación realmente están nuestros connacionales”, agrega. “No le va a gustar mucho al Gobierno de Estados Unidos, pero es una cuestión que tenemos que hacer, porque mi apuesta o la apuesta que tenemos es que, a partir de esta construcción colectiva, logremos que los países latinoamericanos, en bloque, manifiesten una posición frente a la situación migratoria de nuestros connacionales en Estados Unidos, en base a que se respeten los derechos humanos y el debido proceso”.

Las autoridades estadounidenses han bloqueado a legisladores demócratas que han intentado inspeccionar centros de detención de migrantes, lo que ha derivado en demandas contra el Gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha acusado a los demócratas de utilizar las visitas como “espectáculos” políticos y ha dicho que las visitas sin previo aviso interrumpen las operaciones. Los legisladores sostienen que, bajo la ley federal, el Congreso tiene derecho a realizar inspecciones, incluso sin aviso previo. Un juez federal les dio inicialmente la razón en diciembre, pero el litigio continúa.

Organismos de derechos humanos han señalado las condiciones inhumanas de los centros de detención y demandado su cierre. El DHS sostiene que las denuncias son falsas e infundadas y que a los detenidos se les garantizan sus derechos. Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dice que “es una vergüenza e ilustra la urgencia de la situación en la que se encuentran las personas en Alligator Alcatraz y otros centros de detención, que una diputada de Colombia tenga que venir a este país para abogar por su bienestar”.

Se estima que en EE UU viven más de 1,7 millones de colombianos —con algunos estimados superando los 2 millones—, en su mayoría radicados en Florida, Nueva York y Nueva Jersey. Sus llegadas por la frontera sur registraron picos de casi 20.000 personas en mayo de 2023 y diciembre de 2024.