La Casa Blanca analiza solicitar a las entidades bancarias la verificación de la nacionalidad de sus clientes.

En una decisión que bloquearía el acceso de miles de migrantes indocumentados a un sistema bancario, la Administración de Donald Trump evalúa una nueva medida que podría obligar a los bancos en Estados Unidos a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, tanto actuales como futuros.

Esta medida, que según indican medios de prensa nacionales como The Wall Street Journal podría establecerse mediante un decreto ejecutivo o una disposición liderada esencialmente por el Departamento del Tesoro, obligaría a los bancos a requerir papeles suplementarios —tales como pasaportes o evidencias de nacionalidad— a quienes busquen inaugurar o mantener una cuenta bancaria. En el presente, no hay una regulación que vete a los extranjeros la apertura de cuentas en Estados Unidos, y las normas actuales no demandan la validación de la condición migratoria como parte de los trámites ordinarios.

Bajo las disposiciones de “conozca a su cliente” (know your customer), los bancos deben recabar información básica para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, incluyendo nombre, fecha de nacimiento y dirección, generalmente verificados mediante una licencia de conducir u otro documento de identidad. También están obligados a cumplir con leyes contra el lavado de dinero y a reportar transacciones sospechosas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), creada en el marco de la Ley de Secreto Bancario. Sin embargo, estas exigencias no incluyen la recopilación específica de datos sobre ciudadanía ni su reporte sistemático al gobierno.

La iniciativa iría más allá de esos requisitos. Según citaciones de personas familiarizadas con las deliberaciones internas, la medida podría aplicarse no solo a nuevos clientes, sino también a titulares de cuentas existentes, lo que implicaría una revisión retroactiva de millones de relaciones bancarias. No está claro si la posible orden obligaría simplemente a recolectar información adicional o si llegaría al extremo de exigir el cierre de cuentas de quienes no puedan presentar la documentación requerida. Aproximadamente la mitad de la población estadounidense no posee pasaporte, lo que ha generado inquietud sobre el impacto práctico de la propuesta.

La industria financiera ha reaccionado con alarma. Ejecutivos bancarios han manifestado preocupación por tener que solicitar una categoría inédita de documentos a sus clientes y por verse involucrados directamente en la aplicación de la política migratoria federal. Representantes de grandes bancos y de asociaciones del sector han declinado hacer comentarios públicos, pero fuentes del sector citadas por The Washington Post han descrito la idea como “inviable” y han advertido que verificar la ciudadanía de cada cliente sería logísticamente complejo y costoso.

Algunos bancos ya recaban pasaportes o números de Seguro Social como parte de sus procesos de identificación, pero no están obligados a determinar ni registrar formalmente la ciudadanía. Además, varias entidades importantes permiten abrir cuentas sin número de Seguridad Social. La eventual exigencia de prueba de ciudadanía podría traducirse en la pérdida de clientes extranjeros y en una reducción de depósitos, con posibles efectos en la capacidad de los bancos para otorgar crédito e invertir en economías locales.

La Casa Blanca ha declinado ratificar los pormenores de cualquier maniobra próxima. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, ha insistido en que toda referencia a disposiciones no comunicadas formalmente representa “especulación infundada”. Integrantes de la Administración han indicado que todavía no se ha autorizado decreto alguno y que las alternativas jurídicas siguen bajo evaluación.

Dentro de las opciones evaluadas se encuentra la alternativa de que el Tesoro, mediante FinCEN, emplee su facultad conforme a la Ley de Secreto Bancario con el fin de alterar las normas de comprobación de identidad. Sin embargo, una modificación de esta naturaleza tal vez necesite un trámite oficial de regulación. Simultáneamente, el senador republicano Tom Cotton ha comunicado su propósito de proponer leyes que prohíban a los inmigrantes indocumentados entrar al sistema bancario, describiendo dicha entrada como un beneficio exclusivo para aquellos que cumplen con la normativa nacional.

La discusión sobre las cuentas bancarias se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Administración para limitar el acceso de no ciudadanos a distintos ámbitos del sistema financiero y administrativo. En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha impulsado medidas para reforzar la verificación de ciudadanía en formularios federales, restringir ciertos beneficios y ampliar el intercambio de información entre agencias. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también ha puesto en marcha programas para rastrear a migrantes indocumentados mediante tecnologías remotas y vigilancia sobre el terreno.

Al mismo tiempo, la Administración ha denunciado prácticas de “debanking” contra conservadores y ha firmado órdenes ejecutivas para sancionar a bancos que restrinjan servicios por razones religiosas o políticas. El propio Trump presentó una demanda contra JPMorgan Chase por haber cancelado su relación bancaria tras el ataque al Capitolio, sucedido el 6 de enero de 2021, litigio que la entidad considera infundado.