Gibraltar, un buen principio

El miércoles se hizo público el texto del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la regulación de las relaciones entre ambos con respecto a Gibraltar. Un documento de 1.000 páginas, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo y el Legislativo británico, que cambia la vida de una comarca en la que vive más de un cuarto de millón de personas. Sobre todo, ofrece un principio de certidumbre que levanta buena parte de las neblinas sobre el futuro de la colonia británica derivadas del Brexit.

Simbólicamente, el punto más relevante está en el artículo 28: “Todas las barreras físicas a la circulación de personas entre la UE y Gibraltar deben retirarse”. La Verja que construyeron las autoridades británicas en 1908 y que permaneció cerrada por orden del régimen franquista durante 15 años desaparece. Gibraltar queda así integrada de facto en el espacio Schengen, aunque sus residentes no podrán permanecer en la UE sin visado durante más de 90 días de un total de 180 (lo mismo ocurre con los ciudadanos de la UE en la colonia). El acuerdo también refuerza la cooperación entre las policías europeas (en especial las españolas) y la gibraltareña, incluidas persecuciones en caliente.

La frontera queda, en la práctica, situada en el aeropuerto, donde los visitantes que lleguen de fuera de la UE, por aire o por mar, pasarán por dos controles: uno británico (gibraltareño) y uno español. Las autoridades españolas tendrán la última palabra acerca de quién puede entrar y quién puede residir.

En el plano económico, Gibraltar se incorpora a la unión aduanera de la UE, de la que hasta ahora no formaba parte, eliminando los controles a la libre circulación de bienes y mercancías entre el Peñón y España (y, a través de ella, al resto de la UE). Corresponderá a las autoridades comunitarias inspeccionar que el mercado único se respeta. Igualmente, el acuerdo impulsa una armonización fiscal que rebaje las diferencias de precios entre la colonia y su territorio circundante —especialmente en combustibles y tabaco— con el fin de poner fin al contrabando, endémico en la zona. Mientras, los 15.000 trabajadores que cruzan cada día a Gibraltar —entre ellos, 10.000 españoles— tendrán el mismo trato que los británicos. No podrán ser discriminados en el empleo, la remuneración o las condiciones de trabajo, así como en las ayudas sociales e impuestos.

Pese a su longitud, el documento deja pendientes varios temas fundamentales, que deberán desarrollarse a través de la colaboración de las autoridades a todos los niveles. Entre los más importantes están las pensiones de los trabajadores transfronterizos y el impacto ecológico de Gibraltar en la bahía de Algeciras, tanto por la expansión territorial como por la práctica de la venta de combustible en las aguas controladas por Reino Unido.

Pero, sobre todo, lo que necesitará tiempo y tacto será integrar un territorio que a su vez ha sido estrella y agujero negro para la región: una fuente de prosperidad económica y de empleo que, al mismo tiempo, ha fomentado la criminalidad y la precariedad en otros municipios del Campo. El documento plantea un fondo de cohesión, pero no da más detalles.

El acuerdo es, pues, un principio y no un fin. Corresponde a todas las instituciones (desde la UE a los ayuntamientos, pasando por las autoridades gibraltareñas) seguir trabajando para completar todos los huecos. Es necesaria plena confianza entre todas las partes para que los ciudadanos del Campo de Gibraltar, respetando sus idiosincrasias, puedan ir derribando una verja que también es mental.