El rey emérito condiciona su regreso definitivo a España a poder instalarse en La Zarzuela
La Casa Real advierte que debería trasladar su domicilio fiscal a su país si decide volver. Juan Carlos I carece de ingresos conocidos desde que Felipe VI le retiró su asignación


Juan Carlos I quiere volver a residir en España. Así lo asegura cada vez que se le pregunta. Pero pone una condición irrenunciable: regresar a su casa. Es decir, al palacio de La Zarzuela, que fue su domicilio durante 57 años, después de que se casara con la reina Sofía en 1962 en Atenas. Ese el principal obstáculo, aunque no el único, para que se pueda materializar el regreso de Juan Carlos I, reclamado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El problema es que el palacio de La Zarzuela no es solo el hogar de la Familia Real, sino también la sede de la Jefatura del Estado. Por eso, para evitar que los escándalos que lo rodeaban dañasen a la institución, el Gobierno y la Casa Real pactaron que el rey emérito no pernoctase en La Zarzuela, ni en otras instalaciones del Estado, cuando viniese de visita a España. Esta condición fue trasladada por Felipe VI a su padre y aceptada por este.
El 7 de marzo de 2022, después de que se archivasen las investigaciones abiertas en España sobre la supuesta fortuna de Juan Carlos I en el extranjero –una decisión que previamente había tomado también la Fiscalía suiza— se despejó el horizonte penal de Juan Carlos I. El emérito remitió entonces una carta a su hijo en la que le comunicaba que tenía intención de “continuar residiendo de forma permanente y estable” en Abu Dabi, aunque viajaría con frecuencia a España. “En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”, añadía.
Lo que se presentaba como una declaración voluntaria de don Juan Carlos había sido laboriosamente negociado y aceptado por él a regañadientes, pero cumplido a rajatabla. Cada vez que ha acudido a Madrid para reunirse con su familia –en mayo de 2022, cuando mantuvo una larga conversación con su hijo; o en octubre de 2023 y noviembre de 2025, cuando participó en almuerzos privados en el Palacio de El Pardo con motivo de la mayoría de edad de la Princesa de Asturias y del 50 aniversario de la Constitución—, ha optado por regresar de inmediato a Abu Dabi, sin pernoctar en la capital española, pese a su avanzada edad.
Pese a ello, quienes están en contacto con él explican que el rey emérito ha convertido el regreso a La Zarzuela en cuestión de principios y que no está dispuesto a dar su brazo a torcer: quiere volver a la casa de la que partió en agosto de 2020 para iniciar un autoexilio que entonces pensaba solo iba a prolongarse unos meses, por lo que ni siquiera se llevó la mayoría de sus enseres personales.
El segundo gran obstáculo para el regreso del rey emérito, de carácter no sentimental sino práctico, es el económico. La Casa Real ha reiterado este viernes que Juan Carlos I puede volver a vivir cuando quiera al país en el que reinó durante 39 años, pero ha advertido de que, “para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la [imagen] de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”.
Desde que se marchó a Emiratos Árabes Unidos (EUA), en agosto de 2020, Juan Carlos I dejó de tener residencia fiscal en España, por lo que no está obligado a pagar impuestos y tampoco a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos o de los medios que sustentan su lujoso tren de vida en el golfo Pérsico. Tanto las investigaciones penales por un presunto fraude fiscal como las inspecciones que le abrió en su momento la Agencia Tributaria se archivaron por haber prescrito el posible delito, gozar de inmunidad hasta que en 2014 dejó de ser jefe del Estado o por las dos regularizaciones fiscales que realizó, una en diciembre de 2020 por un importe de 678.393 euros y otra en febrero de 2021, por 4,4 millones. En consecuencia, ya no tiene cuentas pendientes con Hacienda. Si residiera en España volvería a estar sujeto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales como cualquier otro ciudadano.
El domicilio fiscal en España le obliga a ser transparente
Eso significa que no podría utilizar libremente el avión privado por el que se desplaza por todo el mundo sin explicar quién lo financia y si su mecenas ha declarado esos gastos como donaciones y ha tributado por ellas. Además, supondría una vulneración flagrante del código ético impuesto por su hijo a la Familia Real, que impide aceptar regalos onerosos.
Para evitar estos problemas, el rey emérito debería contar con ingresos legales conocidos, de los que ahora carece, más allá de los beneficios que pueda reportarle su libro de memorias, Reconciliación, publicado a finales del año pasado. Felipe VI le retiró en marzo de 2020 la asignación de 200.000 euros anuales que percibía del presupuesto de la Casa Real, tras destaparse la existencia de fundaciones que manejaban sus fondos en paraísos fiscales, y no cobra ninguna pensión como militar retirado. Tampoco podría repatriar los fondos que supuestamente pudiera tener en el extranjero sin dar cuenta de su origen, pues se le podría investigar por blanqueo de capitales. La solución, según las fuentes consultadas, podría pasar por atribuirle una asignación con cargo al erario público o al patrimonio privado de su hijo, aunque nunca de cuantía suficiente para sufragar sus actuales gastos.
De momento, admiten en su entorno, Juan Carlos I no tiene el propósito de volver a residir en España. Lo que sí planea es visitar su país todos los meses a partir del próximo 12 de marzo y hasta septiembre u octubre, en estancias de cuatro o cinco días cada vez y así lo ha comunicado a La Zarzuela. Su objetivo es participar en las regatas del club náutico de Sanxenxo (Pontevedra), que preside su amigo Pedro Campos, realizar visitas médicas y reunirse con sus amistades. Estas visitas, que ya ha realizado en el pasado pero se harán más frecuentes, son compatibles sin embargo con mantener su residencia fiscal en el golfo Pérsico, ya que solo está obligado a trasladarla a España si pasa más de 183 días en un año natural. Volver definitivamente a España le obligaría a convertirse en un contribuyente más.
Todo la polémica sobre el eventual retorno del rey emérito se ha desatado después de que, el pasado jueves, a través de la red social X, el presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, asegurara que “la desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado”, en alusión a Juan Carlos I. “Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, añadió. “Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, concluyó. Fuentes del PP aseguran que Feijóo informó a la Casa del Rey antes de publicar su mensaje.
Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de “cortina de humo” para ocultar los pactos del PP con la ultraderecha la demanda de Feijóo, parafraseando a este último, quien había acusado al Gobierno de tapar sus escándalos con la cortina de humo de la desclasificación de los documentos secretos. Otras fuentes advierten de que Feijóo se ha creado un problema pues, si llegara a ser presidente del Gobierno se le preguntaría al día siguiente por el regreso del rey emérito.
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