La guerra contra el narco 2.0

La mayor victoria del Gobierno mexicano. Un acontecimiento histórico. Un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. El país al fin le planta cara al narco. Estados Unidos celebra la maniobra y no hay quien no aplauda la caída de uno de los criminales más sanguinarios del planeta. Así ocurrió en 2009, cuando elementos de la Marina abatieron a Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, cabecilla del cártel identificado con sus apellidos. Volvió a suceder en 2010, luego de que elementos del Ejército acabaron con Ignacio Coronel, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. Se repitió en 2010, tras la ejecución de Arturo Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo. Y una vez más en 2012, tras la muerte de Heriberto Lazcano, el Z3, el fundador de los Zetas.

El 22 de febrero de 2026, sucede de nuevo, una vez confirmada la muerte de Nemesio Oceguera, el Mencho, máximo dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos del Ejército. Justo cuando están por cumplirse veinte años del inicio de la guerra contra el narco —es decir, de los primeros operativos conjuntos desplegados por Felipe Calderón en Michoacán en 2006—, el Gobierno de Claudia Sheinbaum recupera su estrategia. Consumidos los seis años de Andrés Manuel López Obrador, quien optó por una suerte de convivencia o apaciguamiento con el crimen organizado —una política conocida como “abrazos no balazos”—, a su sucesora no le ha quedado más remedio que dar un giro para satisfacer las exigencias de Donald Trump.

Igual que entonces, la consecuencia inmediata ha sido un recrudecimiento de la violencia: más de 250 bloqueos en veinte estados, 25 miembros de las fuerzas armadas caídos en combate y la paralización de actividades comerciales, deportivas y educativas —en una situación cercana a un estado de sitio— en buena parte del país. Un escenario paralelo al que generó en 2029 la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo —un vergonzoso episodio que se saldó con la decisión de López Obrador de liberarlo horas más tarde— o al provocado por la trampa, articulada por Joaquín Guzmán, otro de los hijos del Chapo, que condujo a la detención de Ismael Zambada, el Mayo, en 2024.

En estos veinte años, todas las fuerzas políticas han gobernado México: la derecha del PAN, el PRI en su vertiente neoliberal y dos gobiernos de la extravagante izquierda de Morena, sin que ninguna haya conseguido convertir al país en un lugar más seguro para sus habitantes. A la distancia, hemos constatado —como AMLO nunca dejó de señalar— que la decisión de Calderón ha sido la política más irresponsable y perniciosa en un siglo. Con leves matices, Enrique Peña Nieto no hizo otra cosa que continuarla. En cambio, cuando López Obrador intentó algo distinto, no solo no logró disminuir las cifras de asesinatos y desapariciones, sino que acentuó la amalgama entre la clase política y el crimen organizado. El saldo de todo esto: medio millón de personas asesinadas y unas 140.000 desaparecidas desde el 2006. Cifras propias de una guerra civil. Y un país que, entonces como ahora, se haya completamente infestado por el crimen.

Frente a las amenazas de Trump, Sheinbaum ha debido regresar al punto de partida de la mano de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, uno de sus hombres de más confianza, parte de las mismas élites policíacas que han articulado la guerra contra el narco desde la época de Calderón. Ante las acusaciones de inacción o complicidad con los narcos —con las imágenes de López Obrador saludando a la madre del Chapo como emblema—, se ha visto obligada a demostrar que ella sí está dispuesta a retomar la mano dura, por más que niegue que su guerra se parezca a la de su archienemigo. La constante entrega de criminales a Estados Unidos —violando el debido proceso en el camino— o acciones como la que condujeron a la ejecución del Mencho no son sino las ofrendas simbólicas que le entrega recurrentemente al Ogro del Norte.

Nada de ello pacificará al país. Al contrario: como demuestra la incapacidad del Estado para responder a la desestabilización causada por las células del CJNG—durante un día se comprobó que buena parte del país está en manos del narco, como ha denunciado Trump—, la violencia se acentuará a causa de las luchas intestinas entre los sucesores del Mencho que derivarán en su consolidación o su atomización: lo mismo que ha ocurrido con otros grupos, sin que una u otra salida altere el statu quo.

Quienes hoy celebran la drástica acción de Sheinbaum —no hay duda de que un Estado funcional debe perseguir a cualquier delincuente— apenas reparan en que la medida obedece a una lógica condenada al fracaso. Lo hemos constatado suficientemente a lo largo de estas dos oscuras décadas: México no se transformará en un país más seguro tras la desaparición del Mencho y las drogas no dejarán de llegar a cada punto de venta de Estados Unidos. Y ello se debe a que esta cortina de humo apenas busca paliar los síntomas —o distraer a Trump y a la opinión pública—, pero se desentiende por completo de las causas de la enfermedad.

Desde hace sesenta años, América Latina ha estado volcada en este combate fratricida —sin la menor esperanza de éxito— debido a una puritana política de salud de Estados Unidos, el país donde se concentra la mayor parte de la demanda de drogas. Mientras esta se mantenga, no habrá guerra que frene su entrada, al tiempo que miles o millones de personas pierden la vida en nuestros países. No deja de resultar inconcebible que la legalización de las drogas haya desaparecido por completo del discurso de nuestros políticos. Es cierto que esta medida ya no lograría acabar del todo con la violencia —en estos años, los narcos han diversificado sus actividades al tráfico de personas y combustibles, la extorsión y muchas otras actividades delictivas—, pero sería un paso imprescindible para erradicar una prohibición fallida.

Perseguir, detener o ejecutar a los capos del narco seguirá sin servir de nada mientras México no cuente con un auténtico Estado de Derecho. Y eso es justo lo que López Obrador y Sheinbaum han vuelto imposible: si antes de ellos nuestro sistema de justicia penal ya era inexistente —con índices de eficacia menores al 0,5%—, su reciente reforma judicial ha trasladado esa ineficacia a todos los demás tribunales, incluidos aquellos que deberían hacerse cargo de la corrupción que inunda al país o de vigilar las transacciones financieras de los distintos grupos criminales y los políticos que los solapan.

La disyuntiva, pues, no se encuentra entre “abrazos no balazos” o la guerra contra el narco 2.0 —dos formas distintas de fracasar—, sino entre repetir los mismos errores de estos veinte años o buscar una salida a la perversa lógica que los sustenta. Y ello pasa necesariamente por la construcción de un auténtico Estado de Derecho con jueces que al menos sean capaces de enjuiciar y condenar, de manera transparente, a todos los eslabones que sustentan y perpetúan esta cadena criminal.