Sheinbaum garantiza apoyo de aliados para la

En el cierre de una sucesión de negociaciones prolongadas durante cuatro días, los mandos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, vinculados a Morena, consintieron signar un texto mediante el cual aseguraron los sufragios de la totalidad de sus representantes para el plan b de la reforma electoral del Ejecutivo. La validación del pliego con fecha del 13 de marzo concretó un consenso que intentaba recuperar la solidez de la coalición en el poder, deteriorada por el naufragio de la primera iniciativa fomentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acuerdo, al que tuvo acceso Papallones, los dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM y PT asumieron por escrito frente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, seis compromisos que incluyen votar a favor de la iniciativa en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los Congresos locales necesarios para aprobar la reforma constitucional. Además de Rodríguez, también firma el documento la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.

Sheinbaum encomendó a sus dos colaboradoras de mayor confianza la construcción del acuerdo para el plan b, luego de una reunión de más de cinco horas celebrada la noche del miércoles 11 de marzo en Palacio Nacional, tras el naufragio del plan original en la Cámara de Diputados. Esa misma noche, la presidenta presentó a los dirigentes y coordinadores de los partidos que la llevaron al poder sus ideas para un plan b, y ordenó construir los acuerdos necesarios para impedir que se repita el fracaso. Según asistentes a esa reunión, Sheinbaum dejó ver que del éxito del plan b depende el futuro de la alianza Morena, PVEM y PT, que pretenden competir aliados en las intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030.

En su sección fundamental, el escrito señala: “Los partidos que suscriben, a partir de sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras, manifiestan su compromiso expreso de apoyar, respaldar y votar con todos sus legisladores y legisladoras a favor de la propuesta legislativa en construcción, denominada ‘plan b’, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consistente en reformas constitucionales que persigan los siguientes objetivos principales”.

El escrito expone los cuatro pilares que más tarde se incluyeron en la iniciativa que Sheinbaum envió al Senado el martes 17 de marzo: erradicar beneficios y erogaciones desproporcionadas en las legislaturas locales y municipios; asignar el capital economizado a infraestructura y proyectos de bienestar en los estados; expandir y afianzar las herramientas de democracia directa (consulta popular y revocación de mandato), y establecer un modelo democrático más activo y moderado.

En una sección distinta, el escrito firmado precisa que el respaldo al plan b se ejecutará a través de las próximas medidas: “La discusión, defensa y votación favorable en las Cámaras del Congreso de la Unión, así como en los congresos locales que resulten necesarios para la aprobación de las reformas constitucionales. La promoción activa de la propuesta en medios de comunicación y entre sus bases militantes. Impulsar y aprobar reformas a las leyes secundarias que mejoren el sistema electoral”.

Los tres partidos de la coalición se comprometieron además a impulsar la reducción progresiva del gasto en el Senado hasta alcanzar el 15% de lo aprobado para el ejercicio fiscal 2026. Es decir, si el Senado ejerce este año un presupuesto de 5.103 millones de pesos, se estaría buscando recortarle 765 millones. También acordaron que ninguno de los dirigentes de los tres partidos, a nivel nacional, estatal o municipal, perciba ingresos superiores al salario de la presidenta (138.000 pesos mensuales netos). Este es otro de los propósitos impulsados por Sheinbaum.

El acuerdo establece dos salvaguardas adicionales: “QUINTO. Las partes se comprometen a mantener un diálogo permanente. El presente acuerdo no modifica ni sustituye los compromisos previos de la coalición política existente, sino que los complementa en lo relativo al plan b. SEXTO. El acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia hasta la aprobación definitiva de la propuesta o hasta que las partes acuerden su terminación”.

Al calce del documento aparecen las firmas de las presidentas y coordinadores parlamentarios de la coalición: Luisa María Alcalde, el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal, de parte de Morena; Karen Castrejón, el senador Manuel Velasco y el diputado Carlos Puente, del Partido Verde; el diputado Reginaldo Sandoval, y el senador Alberto Anaya, quien firma dos veces el documento, como presidente del PT y como coordinador de los senadores.

La semana decisiva del plan b

Aunque se suscribió este convenio, representantes del PT y el Verde siguen expresando dudas sobre la reciente propuesta de cambio electoral, sobre todo por el propósito de alterar las normas relativas al llamado y realización de la revocación de mandato, un mecanismo jurídico integrado a la Constitución en 2019 y que el exmandatario Andrés Manuel Lóipez Obrador optó por emplear en 2022, tras finalizar el primer trienio de su mandato. En ese momento, la revocación no fue impulsada por los detractores del presidente, sino por sus seguidores; consistió de hecho en un proceso de confirmación que facilitó que Morena congregara 15 millones de sufragios en favor de la permanencia de López Obrador.

Dentro de su propuesta, la mandataria plantea que el proceso de revocación se solicite al concluir el segundo o tercer periodo anual de gestión, programando la votación para el domingo inicial de junio, lo cual permitiría que la consulta sobre Sheinbaum coincida con los comicios federales y estatales de 2027. Dicha posibilidad es objetada por el PT y por un integrante del Partido Verde (el chiapaneco Luis Armando Melgar), dado que estiman inadecuado sincronizar el mecanismo revocatorio con la jornada electoral. Debido a la distribución de las bancadas en el Senado, es suficiente con que un par de representantes de la coalición gobernante se opongan para frenar el plan b, el cual requiere una mayoría calificada (dos terceras partes del Senado) por involucrar modificaciones a la Constitución.

La iniciativa será discutida este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, que es la última instancia en la que podría modificarse el dictamen para confirmar el apoyo de los seis senadores del PT y el senador del Verde que ha manifestado sus reservas. Morena tiene 67 escaños en la Cámara alta y la mayoría calificada se conforma con 86, por lo que necesita 19 votos adicionales. Sus aliados tienen 20 senadores (14 del Verde y 6 del PT), por lo que todos son cruciales para que prospere la reforma de Sheinbaum.

Lugo del fracaso de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, el nuevo encargado de las negociaciones con las bancadas del Verde y PT es Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena y político cercano a la presidenta. Mier ha programado que la discusión del plan b llegue al pleno el miércoles 25 de marzo. De la votación de ese día depende no sólo la reforma electoral de la presidenta, sino la cohesión y el futuro de la coalición Morena, PVEM y PT.