Examen de un informe deplorable

El 22 de febrero marca un antes y un después para Claudia Sheinbaum en su combate al crimen organizado. La muerte ese día de un violento capo es éxito gubernamental que al correr de las semanas no puede ser opacado por declaraciones desconcertantes, como las de la Fiscalía.

Habiendo pasado un mes, la crónica de la captura de Nemesio Mencho Oseguera todavía presenta vacíos. El ejército, ejecutor de la misión, no suele distinguirse por ser comunicativo. Aun así, han divulgado algunos datos. En contraste, la parte obligada a resolver las interrogantes parece dedicada a provocar más incertidumbre.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió el lunes un comunicado con respecto a la acción de la Secretaría de la Defensa en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El boletín aumenta las lagunas con respecto a la planeación y ejecución del operativo.

Es preciso reproducir algunos párrafos del boletín para subrayar que las supuestas “precisiones” pretendidas por la FGR se quedan muy cortas. Por el contrario, abonan a la especulación sobre la diligencia de la actuación del ministerio público durante y después del operativo.

Van los párrafos esenciales del boletín liberado el lunes 16 de marzo:

En el transcurso de la acción policial se produjeron intercambios de fuego, producto de la resistencia mostrada por el individuo capturado y varios miembros de la estructura delictiva, ocurriendo dicha confrontación en un sector de campo libre, deshabitado y separado del punto aludido.

“El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles.

“Previo a ello, se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena.

Por lo tanto, esta Fiscalía no logra precisar si los artículos o evidencias que se ha indicado públicamente que se localizaron en dichas propiedades realmente estaban presentes en ese sitio.

“Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Resulta evidente que lo que le urgía a la Fiscalía es desmarcarse de la responsabilidad de responder sobre las llamadas “narconóminas del Mencho”, conjunto de documentos sobre supuestos pagos a criminales y autoridades publicados por la prensa en los días pasados.

En su fuga hacia adelante, la FGR sin querer confiesa que mientras la prensa pudo acceder al sitio de los hechos un día después, a hacer el trabajo reporteril elemental, así sea a riesgo propio, el ministerio público federal fue incapaz de presentarse en similar temporalidad.

Párrafo a párrafo, el comunicado constituye un relato que causa perplejidad.

Tapalpa y sus zonas aledañas no representan un terreno hostil ni un lugar “despoblado”. Sostener tal afirmación genera dudas sobre si la FGR posee las facultades necesarias para desempeñarse conforme a su deber en cualquier contexto, especialmente en un punto turístico frecuentado por millares de personas cada sábado y domingo.

Sobresale del segundo fragmento aludido que, por vez primera, un organismo admite la gravedad e indefensión vivida por días en Jalisco. Mientras la presidenta y el Gabinete de seguridad aludían a la estabilidad, la FGR afirma hoy que no observó “condiciones mínimas”.

El problema es que el operativo prácticamente concluyó cuando al mediodía del domingo el ejército dio a conocer que Oseguera había muerto. Si bien la reacción de los criminales con sus narcobloqueos duraría unas horas más, ¿la FGR, dotada con armas y capaz de coordinación con otras fuerzas de seguridad, no pudo acercarse a asegurar diversos inmuebles involucrados?

De ser cierto lo anterior, sería una gran confesión por parte de la Fiscalía de sus límites, una muy preocupante: teniendo México algunos de los cárteles más peligrosos del mundo, sus fiscales no pueden llegar antes que la prensa al sitio de un importante operativo.

La redacción en general del boletín de la FGR destila un sentimiento en contra de la prensa, a la que ni nombra y mucho menos reconoce. No es una autoridad dispuesta a investigar lo que, entre otros El Universal, los medios han divulgado: es un investigador pretextando tecnicismos.

Si tanto le interesara a la FGR la cadena de custodia, habría sido la más empeñada en que tras los sucesos del amanecer del 22 de febrero, nadie sino la más alta autoridad investigadora se diera a la tarea de acopio y resguardo de indicios de presuntos ilícitos, de pistas para hacer aún más potente el alcance del operativo de la Defensa.

Causan extrañeza los objetivos de la FGR: representa un abandono el menospreciar lo revelado, que no es más que un mapa donde se fijan facultades delictivas que solo se explican por aquello que también indican las narconóminas: la colusión de los funcionarios.

El 22 de febrero, criminales con armamento que hace presumir delitos federales convirtieron en un infierno calles y carreteras de varios estados. Y en Zapopan, Jalisco, una mujer embarazada murió por causa de las balas de esos delincuentes para nada del fuero común.

Asimismo, el estado de Jalisco tuvo la baja de un oficial estatal, y la Federación contabilizó 28 decesos, tres de ellos soldados y los restantes miembros de la Guardia Nacional.

Los fallecidos y los daños patrimoniales de centenares de ciudadanos que presenciaron la destrucción de sus coches, al igual que los negocios incendiados por los delincuentes, aguardan por una indagación de la Fiscalía General.

Si lo anterior fuera poco, entre lo más inquietante de la jornada fue la predilección de los criminales para destruir con fuego sucursales del Banco del Bienestar, en obvio mensaje directo en contra del Gobierno de Sheinbaum.

A un mes de lo ocurrido, existen múltiples informes y narraciones sobre el comienzo y la evolución de la intervención en Tapalpa, el contraataque de los grupos delictivos ese día en 20 Estados, el saldo de fallecidos oficiales, la reorganización de la banda y la falta de mando que se vivió por varias jornadas en Jalisco.

Lo que no hay, en contraste, es algún indicio del interés de la Fiscalía por investigar tan lamentable e inédita jornada, perseguir a los infractores de la ley y procurar justicia para todas las víctimas.

La población de México posee más razones, luego del reporte publicado el lunes por la FGR, para percibirse vulnerable frente a un incidente semejante al del 22 de febrero: si una de las entidades primordiales de vigilancia, como la representada por la Fiscalía, no acude de inmediato tras una confrontación es porque, de forma opuesta a lo esperado, se oculta como cualquier habitante, esperando a que ocurra “condiciones mínimas de seguridad”. Y si los periodistas optan por desempeñar su oficio y se presentan días antes que los fiscales, ampliamente distinguidos, sus hallazgos serán ignorados.

Hasta el presente da la impresión de que los únicos integrantes verdaderamente satisfechos por haber realizado su labor aquel día son los del Ejército quienes, a pesar de todo, no solamente han dado respuestas en la mañanera siempre que se les ha cuestionado acerca del exitoso operativo.

De ahí en más, parece que el Gobierno —con la Fiscalía federal en primer lugar— lo único que busca son pretextos para no investigar los hechos, y mucho menos a partir de ellos ampliar el alcance de la caída del Mencho para traducir los balazos y las bajas de esa jornada en una disminución de la capacidad mortífera y corruptora del CJNG.

Existen declaraciones que expresan bastante más de lo que se proponían inicialmente. Ciertamente, lo recopilado por los medios informativos podría verse cuestionado al momento de exhibirlo frente a un magistrado, sin embargo, la falta de voluntad para indagar y cuestionar a terceros sobre la mención de su localidad o cuerpo policial en un registro de pagos del narco, evidencia claramente la auténtica implicación de la fiscal Ernestina Godoy respecto a la justicia para las víctimas del 22 de febrero, al igual que para quienes vieron afectados sus bienes y paz por el poder sumamente devastador de los integrantes del CJNG.