Morena, el Verde y el PT se

Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) han anunciado que respaldarán el plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Los legisladores de la coalición sostuvieron un encuentro este viernes con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para afinar los detalles de esta nueva iniciativa, planteada por Sheinbaum tras el naufragio de la primera propuesta. Los legisladores publicaron este sábado un comunicado en el que confirmaron que participarán a favor de la iniciativa que aborda la financiación de los partidos políticos. “La presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población", señala el texto difundido por los senadores de la coalición.

Este domingo, los dirigentes de Morena, el Verde y el PT han sellado esta alianza con un anuncio oficial que han grabado desde la Secretaría de Gobernación. Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, ha reconocido que el plan B propuesto por la presidenta “recoge una idea fundamental: el deseo del pueblo de México de tener una democracia más austera, más justa, y verdaderamente representativa”. Alcalde ha confirmado que el acuerdo con los partidos de la coalición atiende el tema del financiamiento al sistema electoral, así como en las estructuras de los ayuntamientos y el Congreso. “Significa menos burocracia, pero más recursos que se quedaran en los municipios y en los estados”, ha añadido.

Al anuncio también han acudido los dirigentes del Partido Verde y el Partido del Trabajo, Karen Castrejón y Alberto Anaya. Castrejón ha confirmado que las formaciones de la coalición respaldarán el proyecto de Sheinbaum porque amplía “las herramientas democráticas de los ciudadanos”. “Acompañaremos esta propuesta porque apuesta por instituciones modernas, transparentes, comprometidas con el pueblo y sobre todo austeras y eficientes”, ha mencionado la dirigente del Verde.

El Verde y el PT rechazaron esta semana en la Cámara de Diputados la primera propuesta de Sheinbaum que ponía sobre la mesa la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, así como una reconfiguración de la representación proporcional en el Congreso. La mandataria maniobró inmediatamente ante el rechazo de su iniciativa y anunció el planteamiento de un plan B para la reforma electoral. Esta segunda propuesta obligó a los legisladores de la coalición a sentarse en una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación en las últimas 48 horas. Los legisladores de la coalición han insistido en que sus votos buscaban conservar los valores de la Cuarta Transformación de austeridad republicana. “La democracia verdadera se fortalece cuando el poder público se pone al servicio del pueblo”, apuntaron en su mensaje.

Finalmente, en la madrugada de este sábado, salió humo blanco de la sede de Gobernación en la calle Bucareli. Los legisladores no han hecho pública la letra pequeña de los nuevos acuerdos, pero han adelantado que se encuentran satisfechos con puntos como la distribución del dinero en los partidos políticos a nivel nacional. “Esta propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados. Por el contrario, los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras”, han añadido en su comunicado.

El objetivo del Gobierno es presentar la nueva iniciativa en el Congreso en el arranque de la semana. Sheinbaum necesita los votos del Verde y del PT para abordar los cambios constitucionales que supone la reforma electoral. El plan B de la presidenta contempla limitar el presupuesto anual de los 32 Congresos estatales para evitar que un solo legislador cueste al erario hasta 34 millones de pesos al año; establecer un máximo de regidores en los ayuntamientos según el tamaño de la población, para evitar cabildos grandes y costosos; permitir que los temas electorales puedan ser sujetos de consulta popular; abrir la puerta para adelantar la revocación de mandato y empatarla con la elección federal de 2027; y ajustar las disposiciones de salarios máximos para que los funcionarios electorales no puedan ganar más que la presidenta de la República. Todo ello, para generar ahorros por 4.000 millones de pesos, según las estimaciones de la presidencia.