FedEx inicia una demanda legal frente al Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de obtener el reembolso de los aranceles.

Dos días después de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles recíprocos al considerar que la vía aprobada por Donald Trump para eludir el control del Congreso no era adecuada, la empresa de mensajería Fedex ha presentado una demanda contra el Gobierno para reclamar la devolución total de los aranceles cobrados indebidamente.

“Los demandantes buscan un reembolso completo de los demandados por todos los aranceles IEEPA que los demandantes han pagado a los Estados Unidos”, afirmó FedEx en la acción judicial promovida ante la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos.

Fedex aclara en el escrito que, mientras los impuestos mutuos permanecieron activos bajo la legislación de facultades de urgencia de 1977, se vio obligada a traer productos de diversas naciones por los cuales abonó una cifra considerable de tributos. Subraya que “pagó los aranceles de la IEEPA a Estados Unidos y, por lo tanto, sufrió perjuicios causados ​​por dichas órdenes”. Y reitera: “Normalmente, cuando las mercancías entran (es decir, se importan) a Estados Unidos, el importador registrado paga un arancel estimado”, redactaron los defensores de FedEx en la documentación. Aduanas y Protección Fronteriza “posteriormente, determina la valoración final de la mercancía confirmando el valor final, la clasificación, la tasa arancelaria y el importe final de los aranceles de las mercancías importadas”.

Varias investigaciones han confirmado que las compañías y familias de Estados Unidos han cargado con la mayor parte de los impuestos aduaneros desde que el presidente Trump los estableciera en abril del año previo. El mandatario republicano recurrió a la ley de poderes de emergencia (IEEPA) alegando que la nación se encontraba en peligro debido al gran desequilibrio comercial y la problemática del fentanilo. No obstante, seis de los nueve jueces del Supremo estiman que dicha legislación, que le facilitó evitar el control del Congreso, no resulta la idónea para implementar esta clase de disposiciones.

El litigio de FedEx constituye el primer recurso interpuesto por una importante compañía de Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema. Diversas corporaciones optaron por iniciar sus procesos legales con antelación, previo a que el tribunal emitiera el veredicto que representó un duro revés para la estrategia económica fundamental de Trump. El gigante de la distribución minorista Costco demandó al Gobierno al comenzar diciembre del ejercicio anterior con el fin de solicitar el reembolso de las tasas aduaneras.

Cientos de pequeñas y medianas empresas se congregaron en la plataforma We Pay the Tariffs (Nosotros pagamos los aranceles) para exigir el retorno de los aranceles y calificarlos como ilícitos. Una entidad juguetera de Illinois y una distribuidora de alcohol de Nueva York, en representación del colectivo, junto a las protestas de diversos funcionarios demócratas, presentaron el litigio ante el Supremo, que el pasado viernes resolvió que el procedimiento usado por el presidente Trump para instaurar los aranceles (IEEPA) es ilegal.

Fedex, que destaca como la firma principal en iniciar el litigio tras el veredicto, ya había comunicado en sus reportes de beneficios trimestrales la repercusión de las tasas aduaneras en su contabilidad. En el documento de septiembre, informó a los accionistas que el perjuicio por los aranceles podría situarse en 1.000 millones de dólares hacia 2026. “Desde la perspectiva del cliente, ha sido un periodo muy estresante”, afirmó Brie Carere, jefa de atención al cliente de FedEx, en septiembre. Sumó que aquello había resultado “particularmente difícil para los pequeños exportadores”.

Las empresas no son las únicas que están reclamando la devolución del dinero de los gravámenes a la importación que el Supremo ha dictaminado que eran inconstitucionales. El pasado viernes, tras conocer el sentido del fallo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta a la Casa Blanca exigiendo un reembolso de 8.600 millones de dólares a los 5,1 millones de hogares que residen en su estado, lo que equivale a unos 1.700 dólares a cada familia.

“Sus impuestos arancelarios causaron estragos entre los agricultores, enfurecieron a nuestros aliados y dispararon los precios de los alimentos”, escribió Pritzker en la carta, que acompañó de una factura por el importe mencionado. “Esta carta y la factura adjunta constituyen un aviso oficial de que se debe una compensación al pueblo de Illinois, y si no cumplen, tomaremos medidas adicionales”.