El Gobierno prohibirá que los medios tengan más de un 35% de sus ingresos a través de publicidad institucional

El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de publicidad institucional que tendrá dos elementos centrales: por un lado, obligará a todos los medios, grandes y pequeños, a hacer pública su propiedad, para que los lectores, oyentes y espectadores puedan conocer quiénes son sus dueños por si hubiera conflictos de intereses, y por otro prohibirá que ningún medio pueda tener del total de sus ingresos más de un 35% de publicidad institucional o dinero público. La norma, como adelantó El Confidencial y confirmó Papallones, tiene previsto llegar al Consejo de Ministros este martes. En un primer momento, a finales del año pasado, el Gobierno se echó atrás con esta limitación, Entonces se hablaba del 30%, ahora del 35%, en cualquier caso se ha decidido recuperarla con modificaciones.

El objetivo de esta ley, según ha explicado en diversas ocasiones el Gobierno, es el de evitar que instituciones como gobiernos autonómicos o locales puedan estar financiando medios sin viabilidad económica, sin apenas audiencia, prácticamente sin ingresos privados vía publicidad o suscripciones, pero que se convierten en instrumentos al servicio de esos gobiernos que los financian.

Según los cálculos del Ejecutivo, esta limitación “del 35% de su cifra de negocios neta anual o de la del grupo al que pertenezcan”, como máximo de publicidad institucional de todas las administraciones juntas, no afectará a los medios más relevantes, de distintas líneas editoriales, porque ninguno supera esa cifra, que es muy alta. Además, según fuentes del Ejecutivo, se aplicará “a los medios de comunicación y plataformas en línea cuya cifra de negocios no supere los dos millones de euros y cuya audiencia se concentre, al menos, en un 70% en el ámbito de tres comunidades autónomas limítrofes como máximo”.

Aun así, podrían entrar en esta categoría algunos que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha calificado sistemáticamente como “pseudomedios” y que según los cálculos que maneja el Gobierno antes de poner en marcha la ley y ver los números exactos, reciben en algunos casos más del 50% de sus ingresos de administraciones públicas. En cualquier caso será muy importante ver la letra pequeña, que se someterá a consulta pública y podrá ser retocada en las próximas semanas, porque las administraciones pueden buscar trucos para esquivar la prohibición a través de empresas públicas o semipúblicas o subterfugios similares.

Es una normativa polémica, porque algunos de los más afectados podrían ser medios pequeños que están en campaña permanente contra el Ejecutivo, pero el Gobierno insiste en que lo que está haciendo es trasladar a la legislación española el espíritu de la norma aprobada en la Unión Europea por los tres grandes partidos, socialistas, populares y liberales, la llamada EMFA, que determina precisamente que la propiedad de los medios debe ser conocida y que tiene que haber límites a la publicidad institucional que sostiene a algunos de ellos. La regulación exigirá, además, a los medios “el uso de sistemas de medición de audiencia que cumplan con la norma europea que obliga a que sus metodologías sean transparentes”.

El ministro encargado de este asunto es Óscar López, de Transformación Digital, que es quien está encima del desarrollo normativo de los nuevos acuerdos en Europa para hacer frente a la desinformación, a los bulos, o también al uso fraudulento de la inteligencia artificial. Este reto se ha desarrollado en otras normas recientes y es parte de otras que se están preparando y precisamente de ello Sánchez y López han hablado en la reciente cumbre de inteligencia artificial en Nueva Delhi, la capital de la India.

El Gobierno está llevando adelante un potente paquete de reformas que afectan tanto a los medios, al derecho a rectificación, al derecho al honor, la responsabilidad de delitos cometidos en las redes sociales como los deep fakes con desnudos simulados de menores o la prohibición del uso de las redes a los menores de 16 años. Sánchez habla cada vez más de este tipo de asuntos en sus discursos en los últimos meses.

En La Moncloa tienen equipos especializados analizando el ecosistema informativo y de redes y están convencidos de que el campo de juego está totalmente inclinado de manera deliberada hacia la derecha pero sobre todo hacia los bulos y la desinformación, que en muchas ocasiones tienen más eco en las redes que la información contrastada de los medios con redacciones profesionales que buscan noticias. Y creen que la única solución posible es regular, como está haciendo la UE, para intentar “hacer las redes grandes de nuevo”, como suele decir Sánchez parafraseando el lema de Trump de “hacer América grande de nuevo”.

Sin embargo, todo este afán regulatorio llega en la fase final de la legislatura, y con las dificultades parlamentarias del Gobierno, cada vez es más improbable que puedan salir adelante muchas de ellas. Junts, clave para aprobar cualquier cosa, sigue en el no a casi todo y se niega a negociar abiertamente, insiste en que la relación con el PSOE está rota.

Por tanto, el PP y Vox, que se oponen tajantemente a esta regulación, hablan de “censura” y hacen gestos claros de defensa de los “pseudomedios” como invitar al acto de cierre de las recientes elecciones en Aragón al agitador ultraderechista Vito Quiles, lo tienen relativamente sencillo para sumar sus votos a los de Junts y tumbar cualquiera de estas iniciativas.

En el caso de esta norma se trata además de una primera vuelta, con lo que aún tiene muchos meses por delante de recorrido hasta llegar al Congreso. Pero en el Ejecutivo insisten en que ellos tienen que mantener su agenda legislativa e intentar aprobar lo máximo posible en el año y medio que queda en teoría de legislatura. Y en cualquier caso, si no se consiguiera, al menos quedaría el gesto político de la intención de sacar adelante una normativa que, de aprobarse, dejaría en evidencia a algunos medios que critican lo público y se reivindican como liberales, pero en realidad tienen casi todos sus ingresos vinculados a alguna administración.