Qué puede hacer la izquierda ante el capitalismo tecnológico

Estamos ante un tecnofeudalismo que ha acelerado las políticas neoliberales de los últimos 50 años: nuestros empleos corren el riesgo de precarizarse aún más por culpa de la economía de plataformas, y eso si sobreviven al asalto de la inteligencia artificial. Las redes sociales, antes vistas como herramientas al servicio de la libertad, ahora se perciben como una amenaza para la democracia. Y los dueños de las grandes empresas tecnológicas, como Elon Musk y Peter Thiel, apoyan el autoritarismo populista de Donald Trump y de la ultraderecha europea.

Se trata de un proceso que lleva un par de décadas gestándose, pero que aun así nos ha pillado por sorpresa a todos. Especialmente a la izquierda. Normal: la derecha ve en las redes una herramienta y en los oligarcas a unos aliados, pero la izquierda ha pasado del entusiasmo por las posibilidades democratizadoras de esos instrumentos a una decepción, sobre todo, por su manipulación algorítmica. ¿Qué hacer ante este panorama? La respuesta desde la izquierda (y no solo desde la izquierda) al avance del tecnopopulismo pasa por tres ejes relacionados: una reivindicación de la democracia frente al poder de las grandes empresas, una defensa de los trabajadores frente a la precarización y una apuesta por la soberanía tecnológica frente a la dependencia de Estados Unidos.

1. Democracia y algoritmos

Como recuerda por videollamada la ensayista McKenzie Wark, “ya no vivimos en el capitalismo de nuestros abuelos”. En El capitalismo ha muerto (2019), Wark escribe que el control de los medios de producción ha sido reemplazado por el control de la tecnología y de las leyes que regulan la información. En esta versión del capitalismo, trabajamos para las redes sociales y proporcionamos el contenido, pero sus dueños deciden qué vemos y cuándo lo vemos. Su modelo es similar al “capitalismo de vigilancia” que describe Shoshana Zu­boff, filósofa y profesora emérita de Harvard Business School: las grandes tecnológicas, como Facebook y Google, recogen millones de datos con la esperanza de vendernos publicidad personalizada, predecir nuestra conducta e influir en ella.

Esto supone dejar decisiones sobre nuestra libertad de información y de expresión en manos de empresas privadas que son opacas y arbitrarias. Y esto a su vez afecta a nuestros debates públicos, que quedan sujetos a lo que decidan los dueños y directivos de plataformas, en especial de las redes sociales, en función de sus intereses políticos o económicos (o ambos). Como ha ocurrido con X: desde que Musk compró la red social en 2022, su algoritmo se ha puesto al servicio de los mensajes de ultraderecha.

Una defensa pasa por regular las redes para que no influyan de forma indebida en nuestras democracias. Hay países, como el Reino Unido, que ya han anunciado la prohibición del acceso a redes a menores de 16 años. La UE aplica desde 2022 el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las plataformas a mejorar la transparencia de sus algoritmos y a proteger a los menores de contenido inapropiado o publicidad dirigida. Por ejemplo, el 6 de febrero la Comisión Europea exigió a TikTok limitar el scroll infinito, y señaló que el diseño de la red fomenta la adicción en los menores, y recientemente el Gobierno español ha pedido a la Fiscalía que investigue a Meta, X y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con herramientas de inteligencia artificial.

El Gobierno de Sánchez también ha lanzado una propuesta de ley que desarrolla algunas de estas iniciativas y que introduce la responsabilidad legal de los directivos de las plataformas por la publicación de contenidos ilegales. Esto ha provocado la respuesta airada de Elon Musk, que en X ha llamado a Pedro Sánchez fascista y “dirty Sánchez” (Sánchez el sucio), y la de Pável Dúrov en Telegram, que cargó contra el Ejecutivo con un mensaje a todos los usuarios.

La abogada Paloma Llaneza tiene dudas sobre el alcance de estas medidas: en su opinión, contamos con una legislación del siglo XIX para problemas del siglo XXI que es, por tanto, incapaz de afectar a empresas que no tienen sede en nuestro país. Explica por teléfono que “las medidas que mejor funcionan son las pequeñas y técnicas, no los grandes anuncios pensados para ocupar titulares”. Por ejemplo, reformas fiscales en Europa para obligar a las empresas a pagar impuestos en los países en los que ofrecen servicios y no solo en aquellos donde tienen sede. Sí defiende responsabilizar a los dueños del uso de sus plataformas, y pone como ejemplo lo que ocurrió con Dúrov tras su arresto en Francia en 2024 por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes hasta complicidad en la difusión de imágenes pedófilas. Desde entonces, la empresa colabora no solo con la investigación, aún abierta, sino también con la policía de otros países.

Pero eso no acaba con el problema de fondo: gran parte de nuestra vida pública transcurre en redes, donde hemos de seguir las reglas de estas empresas. ¿Debemos abandonarlas y renunciar a participar en el debate público? En los últimos años han surgido propuestas de plataformas descentralizadas, como Mastodon y Bluesky, en las que no hay algoritmo de recomendaciones y en las que los usuarios tienen más control sobre el contenido que les llega. De hecho, son muchas las voces que desde la izquierda reclaman no solo al Estado, sino también a entidades públicas (universidades, bibliotecas, centros de investigación), que inviertan o colaboren con redes sociales descentralizadas y basadas en software libre –con contenido o servidores, por ejemplo–, así como con otras iniciativas, como sistemas operativos o navegadores propios, que contribuyan a evitar la dependencia de las empresas estadounidenses.

Otra pregunta es si deberíamos haber concedido a las plataformas el papel de foros públicos, en sustitución de otros espacios de debate y activismo. Según el economista y miembro de CC OO Bruno Estrada, uno de los motivos que explican que el mensaje de los partidos de izquierdas no llegue a los ciudadanos está en cómo han abandonado las asociaciones y los grupos en los que los ciudadanos se organizaban para “luchar colectivamente para la resolución de sus problemas”. Parte de la izquierda, explica por videollamada, “ha considerado que eso ya no era necesario” y que se podía sustituir el contacto directo y el activismo por las redes sociales, en otro ejemplo de confianza ciega en una tecnoutopía que era un espejismo. En su opinión, esto ha empobrecido y limitado el debate y la reflexión colectiva, con pocas excepciones como el feminismo y el sindicalismo, donde se ha mantenido el activismo fuera de las redes.

2. El futuro del trabajo

El filósofo César Rendueles, autor de Redes vacías, explica por teléfono que la tecnología ha acelerado un proceso de globalización liberal y de mercantilización de nuestra sociedad que es anterior a X y a Facebook. Por eso, el capitalismo de plataformas no afecta solo al debate público, sino también a toda nuestra sociedad, incluido, claro, el empleo. Empresas como Glovo, Uber y Airbnb quieren vender un modelo de economía que llaman “colaborativa”, en la que ofrecen herramientas para poner en contacto a trabajadores con sus posibles clientes. Pero estas empresas no colaboran con nadie, sino que sus trabajadores “se dedican a versiones freelance de sectores previamente regulados”, lo que aumenta su precariedad y su indefensión, como escribe el ensayista Douglas Rush­koff en Throwing Rocks at the Google Bus (tirar piedras al autobús de Google, sin edición en español).

En este ámbito también es posible regular, como muestra el caso de la ley rider aprobada en 2021. Pero, además, para la izquierda, este es un terreno clave para recuperar a sus votantes tradicionales, los trabajadores. En España se arrastra una sensación de estancamiento desde hace décadas, unida a la crisis de la vivienda. Estrada recuerda que muchas de las propuestas de la izquierda se materializaban en lo que la socialdemocracia sueca llamaba en los años noventa “utopías cercanas”. Es decir, en avances como la expansión de la sanidad y la educación públicas, además de los derechos sociales y laborales. Sin embargo, en los últimos años las crisis económicas han generado en muchos jóvenes trabajadores una gran incertidumbre y una frustración de expectativas, en un contexto en el que parte del centroizquierda se ha alineado con políticas económicas neoliberales.

Por eso, tampoco es de extrañar que algunos trabajadores vean la economía de plataformas como una solución individualista en un contexto desesperanzador. La filósofa Stéphanie Roza explica por videollamada que el capitalismo quiere convencernos de que todos podemos ser pequeños capitalistas y que, cuando somos trabajadores autónomos, “somos libres y tenemos nuestra pequeña empresa”, lo que maquilla y disfraza la precariedad. Especialmente si recordamos que muchos de estos trabajadores (conductores, repartidores) son inmigrantes o hijos de inmigrantes, como recoge en su libro Marx contre les GAFAM (Marx contra los GAFAM, acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, sin edición en español).

A esta situación se une el posible impacto de la inteligencia artificial, que amenaza con destruir empleo en multitud de sectores —en especial, la traducción y la programación—. Y eso sin crear empleos que compensen estos despidos, aparte de microtrabajos precarios como el etiquetado de datos o la corrección de errores de la IA. Se trata de empleos ocultos, muy mal pagados, que tradicionalmente se han hecho en países más pobres y que muestran las carencias de una tecnología no tan artificial como se vende. Un ejemplo reciente: Mauricio Peña, director de Seguridad de Waymo (filial de Alphabet, la propietaria de Google), ha admitido que sus taxis supuestamente autónomos necesitan asistencia de trabajadores que están en Filipinas.

Resulta difícil evaluar el alcance real que tendrá la IA, y hay analistas que hablan de estancamiento o de burbuja. Pero, si se cumplen los peores pronósticos para los trabajadores, hay pensadores como Rutger Bregman y empresarios como Bill Gates que proponen gravar a las empresas de IA y a las que sustituyan a empleados por máquinas. El objetivo es sufragar una renta mínima universal que haría innecesario el empleo remunerado o que facilitaría la reducción de jornada.

Rendueles se muestra partidario de intervenciones fiscales decididas, pero recuerda que esto no puede ser un fin en sí mismo, sino parte de un proceso para recuperar nuestra soberanía como ciudadanos. El objetivo es que “los parlamentos nacionales recuperen el control de su economía, de su espacio público, de su tecnología”. En una línea similar se manifiesta Adela Cortina en su obra ¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?, donde escribe que podemos influir en el futuro tecnológico a través tanto de la regulación como de las decisiones que tomemos como votantes y consumidores. La última palabra sobre lo que crean los humanos la deberían tener los humanos.

3. La soberanía tecnológica

La regulación de la IA y de la tecnología despierta temores, y algunos analistas temen que frene la innovación. Sobre todo, si las empresas estadounidenses pueden trabajar con menos restricciones y las chinas cuentan no solo con el apoyo de su Gobierno, sino con un control estatal férreo de datos y contenidos, en un capitalismo autoritario que algunos aplauden por eficiente, pero que es incompatible con las libertades democráticas.

Es decir, la regulación afecta sobre todo a las compañías europeas, que quedan en situación de inferioridad. Un síntoma: entre las 20 tecnológicas más grandes del mundo solo hay dos de la UE (ASML y SAP). No es una situación catastrófica, pero se entiende que en X se haya convertido en un meme la idea de que Europa solo es una potencia mundial en burocracia.

Al descrédito del intervencionismo y de las leyes se añaden los recortes en los servicios públicos, en especial después de la Gran Recesión de 2008, que han llevado a muchos trabajadores (y jóvenes aspirantes a emprendedores) a pensar que lo público solo es una rémora. Pero esta imagen es, como mínimo, incompleta: la economista Mariana Mazzucato escribe en El Estado emprendedor que muchos avances (incluidos internet, el smartphone, los jets e infinidad de medicamentos) se convirtieron en negocios rentables porque recibieron inversión pública cuando aún no se sabía si tendrían éxito. Y eso por no hablar de que las empresas se benefician no solo de las infraestructuras públicas existentes —carreteras, satélites, seguridad policial, redes eléctricas y telefónicas—, sino también de contratos y ayudas públicas. Incluso los más críticos con el gasto estatal, como Elon Musk, se han beneficiado de subvenciones y contratos públicos, como los firmados por Tesla y SpaceX.

Mazzucato propone una vía alternativa al tecnofeudalismo estadounidense y a la dictadura digital china, y defiende que el Estado se implique más en ideas incipientes, cuando las empresas aún no se atreven a invertir, a cambio de recibir beneficios económicos por su participación. Es decir, la regulación debe acompañarse de iniciativas públicas y estas deben ser compensadas.

Una idea más clásica es la que ofrecen los estadounidenses Ezra Klein y Derek Thompson en su libro Abundancia, en el que apoyan el papel del Estado, pero también la necesidad de simplificar la burocracia y la regulación para fomentar la construcción de infraestructuras y la investigación científica. El desafío está en cómo eliminar las trabas a la innovación sin renunciar a la protección de los derechos de trabajadores y consumidores.

La izquierda no lo tiene fácil en un mundo amenazado por la guerra, la crisis climática y el auge del tecnofeudalismo. Pero, como apunta Rendueles, quizás sea un buen momento para defender un proyecto político, tecnológico, energético y económico propio. Incluso desde la Unión Europea, algo que hace una década parecía imposible, pero que ahora parece inevitable, porque la alternativa es pasar a ser el vasallo de un imperio estadounidense hostil y antidemocrático.

Si esto sale bien, el resultado puede ser paradójico, pero reconfortante: el principal aliado, no solo de la izquierda, sino de una Europa independiente y reforzada, habrá sido Donald Trump.