Persiste el ambiente de conflicto en las facultades de Madrid tras

Este lunes hubo fumata blanca en la Puerta del Sol. Los rectores de las universidades públicas y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmaron por fin el nuevo modelo de financiación elaborado por el Gobierno regional, que prevé 14.790,7 millones de euros entre 2026 y 2031, de los que el Ejecutivo autonómico financiará un 83%. Ambas partes calificaron de “histórico” el plan plurianual. Sin embargo, mientras las autoridades académicas sellaban la tregua institucional, la paz no llegaba a los campus. “La asfixia económica se consolida a seis años vista”, advierten las seis Plataformas de las Universidades Públicas de Madrid. Consideran que el pacto es la “crónica de una estafa anunciada” escenificada “en un teatro bochornoso”, en referencia a la reunión celebrada.

“A través de abultadísimas cifras y a golpe de titulares vacíos, nos han intentado engañar”, manifiestan este martes mediante una nota pública en la que se declaran decepcionados con la portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), Amaia Mendikoetexea: “Ha hecho una oda al Gobierno de Ayuso como si la misma que ha incendiado nuestros campus estuviese ahora salvándonos del fuego”. Consideran que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha expuesto una gran cantidad de datos para desviar la atención del impacto verdadero del esquema de financiación. “El hecho fundamental es que el gasto universitario se mantendrá cerca del 0,4% o 0,45% del Producto Interior Bruto (PIB), muy alejado del 1%“, reprochan.

La Ley estatal del Sistema Universitario (LOSU) establece el objetivo de que la dotación pública de los campus alcance al menos el 1% del PIB hacia el año 2030. “Aunque la financiación pública aumenta en términos absolutos, en términos relativos al crecimiento esperado de la economía esto supone un estancamiento claro, que además se cronifica a seis años vista”, lamentan desde las seis plataformas.

Se consideran víctimas de un fraude y subrayan la relevancia de no permitir que les sobrepasen las estadísticas publicadas. “Tenemos la costumbre de leer cifras anuales, pero en este caso nos han presentado cifras lógicamente mayores porque se refieren a un periodo de seis años y agregadas para el conjunto de las universidades, donde además han incluido como si fuese inversión pública de la Comunidad de Madrid lo que son ingresos por otros conceptos”, manifiestan.

Los 14.790 millones de euros representan el presupuesto total con el que contarán las universidades. De esa cantidad, 12.294 millones corresponden al ámbito autonómico e incorporan también el capítulo III, es decir, los recursos procedentes de precios públicos y tasas universitarias, así como los fondos destinados a programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas. Pero esta partida constituye ya un porcentaje significativo de la financiación de las universidades. Las seis plataformas muestran su enfado tras asegurar que en la reunión que este lunes por la tarde mantuvieron con la CRUMA se les negó el acceso al acuerdo firmado, un síntoma claro de desconfianza, a su juicio.

Excluyendo las partidas generales vinculadas a la dotación por metas o la destinada a infraestructuras, entre diversas categorías, la Universidad Complutense obtendrá por parte de la Comunidad de Madrid a lo largo de seis ejercicios 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones. Independientemente de que el PIB probablemente se incremente en dicho sexenio —lo cual provocará que la subida relativa resulte inferior—, el gasto público pasará del 0,4% del PIB a superar ligeramente el 0,5%.

Estas cifras no permitirán paliar el déficit acumulado de años anteriores, ni garantizar una financiación estructural suficiente para cumplir con objetivos mínimos, según las seis plataformas. “Lo que implica este plan de financiación plurianual es que los fuertes recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades se van a seguir aplicando durante los próximos años. Si no se produce un incremento mucho mayor de la transferencia nominativa por parte de la Comunidad de Madrid, no queda otra alternativa que recortar gastos (principalmente de personal), pedir prestado, o suspender pagos”, advierten.

Desde el Ejecutivo autonómico indican que para 2031, las universidades públicas recibirán 549 millones de euros adicionales, con un incremento del 41 % en fondos específicos (480 millones más). “El modelo incluye financiación para programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas, y se estima que las universidades puedan generar otros ingresos propios cercanos a 2.500 millones de euros durante los años del plan”, señalan. El modelo está orientado a objetivos. Cada universidad deberá presentar anualmente una memoria justificativa del uso de los fondos y contar con contabilidad analítica operativa antes de 2028.

“Además, se contemplan fondos extraordinarios adaptados a las necesidades de cada institución: uno de Convergencia para corregir desequilibrios y déficit, y otro adicional para compensar efectos del nuevo modelo y financiar proyectos singulares que aumenten la competitividad universitaria”, explican desde la Comunidad de Madrid.

Son cifras claramente insuficientes para la oposición. “La inversión pública debe alcanzar el 1% del PIB madrileño en 2031 y el acuerdo firmado se queda muy por debajo”, señala la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. “Este acuerdo no resuelve ni de lejos el boquete que tienen las universidades y el déficit estructural de los campus públicas madrileños, que son además los peores financiados de todo el país y están a años luz de las capitales europeas. Es la constelación de un fracaso”, dice la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. Considera que la negociación se ha llevado a cabo en una posición de desventaja para los rectores, asfixiados y pidiendo créditos para pagar nóminas: “Les han hecho elegir entre susto o muerte”.

La CRUMA respalda la iniciativa

Sin embargo, la CRUMA valora positivamente la firma del acuerdo de financiación plurianual. Las autoridades académicas consideran que facilita gestionar la doble prioridad, estratégica y financiera, que atraviesan los campus públicos. Al mismo tiempo, subrayan que la construcción de un sistema universitario plenamente fortalecido es una tarea acumulativa que exige continuidad en el esfuerzo y coherencia en el tiempo.

Amaya Mendikoetxea ha declarado en su intervención que el documento del convenio define a las universidades públicas madrileñas como “un activo estratégico esencial para el desarrollo económico, científico, social y cultural de la región”. En este sentido, ha subrayado que el esquema de financiamiento pretende posibilitar que los campus “desempeñar plenamente sus funciones, planificar inversiones de largo alcance y reforzar la corresponsabilidad institucional”.

Las autoridades académicas destacan primordialmente cuatro aspectos clave de este sistema: la carga presupuestaria que conlleva una organización a seis años; su condición plurianual que posibilita observar el progreso hasta 2031, la adecuación al contexto de cada centro docente, por medio de dos dotaciones extra y la transformación constante hacia una importancia creciente de los capitales colectivos, ligados a propósitos y demandas estratégicas, potenciando así la búsqueda de metas y la responsabilidad compartida.

La CRUMA opina que el convenio otorga visión y seguridad a las seis instituciones universitarias públicas de la zona: “Este acuerdo no cierra una etapa, inaugura una nueva fase de crecimiento responsable, cooperación institucional y ambición compartida”. A su entender, Madrid dispone de la ocasión para situarse entre los grandes referentes continentales en enseñanza superior, ciencia y vanguardia, y los rectores perciben que este pacto los aproxima a dicha meta.

Movilizaciones

Las seis Plataformas de las Universidades Públicas de Madrid manifiestan orgullo por las metas alcanzadas: “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la paralización temporal de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable". Tras la caída de los pocholos, creen que ahora, con “una burda escenificación”, se intenta concluir con las protestas de los integrantes universitarios. No obstante, conforme a sus advertencias, “la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales”.

De momento, siguen con su hoja de ruta y llaman a apoyar cualquier iniciativa en defensa de la educación pública tras anunciar una manifestación para el próximo 19 de abril y posibles huelgas en aras de revertir el proceso de privatización. “¿Cómo nos relacionamos ahora con los rectores cuando han firmado un acuerdo en el que no hemos participado y que ni siquiera nos quieren enseñar?“, se preguntan.