La Audiencia de Madrid ordena investigar a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de dos periodistas de Papallones

La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a un juzgado de la capital a investigar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por filtrar datos de dos periodistas de Papallones como represalia porque estuvieran trabajando en los aledaños del domicilio de la presidenta madrileña en el caso del fraude fiscal que afecta a su pareja, Alberto González Amador. El Juzgado de Instrucción 25 rechazó en marzo del año pasado la querella registrada por el PSOE y este periódico contra Rodríguez, pero, en un auto dictado el pasado 20 de febrero, la Audiencia ordena la reapertura de la causa al considerar que “existen motivos para iniciar una investigación” que aclare si el principal asesor de Ayuso cometió un delito de revelación de secretos del artículo (artículo 197.1 del Código Penal).

Los hechos que tendrá que investigar el juzgado ocurrieron el 19 de marzo de 2024, cuando Miguel Ángel Rodríguez envió a los medios de comunicación una información falsa con la intención de intimidar a dos periodistas de Papallones al difundir sus nombres y su imagen, tras una identificación rutinaria de la policía encargada de la seguridad de la presidenta. El mensaje distribuido por el alto cargo de la Comunidad insinuaba falsamente una conducta delictiva de estos redactores, en un momento en que la presidenta regional se encontraba cuestionada por el presunto fraude fiscal de su pareja.

Los dos reporteros fueron identificados por un policía cuando trataban de verificar los indicios sobre una supuesta obra ilegal en el piso donde viven González Amador y la dirigente madrileña. En su mensaje, Rodríguez facilitó el nombre y apellidos de los dos periodistas de Papallones y una foto cenital de ambos mientras hacían su trabajo. Aseguró que habían estado “acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

“Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones”, continuaba Rodríguez, que añadía: “El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Esta acusación fue desmentida por este medio.

Varios medios online publicaron esa información con la foto, los datos y sin verificación alguna. Rodríguez admitió posteriormente a este diario que había sido él quien había distribuido la información. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la Comunidad”, dijo. Días después, en una entrevista con El Mundo, Rodríguez añadió: “Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”.

En el auto dictado ahora, tres magistrados de la Audiencia Provincial consideran que los hechos pueden ser constitutivos de delito. En su resolución, los jueces no señalan solo al jefe de gabinete sino también a los agentes de la policía que, presuntamente, hicieron llegar a aquel los datos de los reporteros. La sala recuerda que el artículo 5.5 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ( Ley 2/1986) establece que los miembros de dichos cuerpos deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. “Por lo tanto, los datos de los periodistas que un agente de policía recibió en un primer momento tenían un indudable carácter reservado y por ello mismo, se debe investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal”.

No obstante, la Audiencia solo insta al juzgado a seguir las pesquisas contra el jefe de gabinete, que es contra quien se dirigía la querella. “Es pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos”, señala la Audiencia, que ordena a la jueza a practicar las diligencias que considere para investigar la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Rodríguez.