Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta Yolanda Díaz por tacharlo de “abusador sexual”

Julio Iglesias pasa ya al contraataque tras las acusaciones de agresión sexual vertidas contra él por dos de sus extrabajadoras (en una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acabó archivada en enero por falta de competencia). El cantante ha presentado esta semana una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, por los comentarios que la política hizo en las redes sociales y en una entrevista de televisión. Los abogados de Iglesias, según consta en un escrito al que tuvo acceso Papallones, achacan a la dirigente de Sumar manifestaciones “injuriosas”, con las que atribuyó a su cliente de manera directa la condición de “abusador sexual”, mantener empleadas en régimen de “esclavitud” y erigir una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Según reza la demanda de conciliación, paso previo necesario para poder poner después una querella por calumnias o injurias, el cantante pide a Yolanda Díaz que se retracte, que reconozca “el daño causado” y que lo “indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”. Según detallan fuentes de la defensa de Iglesias, ejercida por el reconocido penalista José Antonio Choclán, esta es la primera demanda que presentan.

Para actuar contra la vicepresidenta y ministra de Trabajo, los abogados del artista fijan la mirada primero en un mensaje que Yolanda Díaz difundió el 13 de enero en la res social Bluesky: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, escribió, antes de remachar: “Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de eldiario.es por denunciarlo”.

Al día siguiente, Díaz concedió una entrevista a La Hora de la 1, donde dijo: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico. Se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. Aunque también, durante dicha intervención, la ministra se refirió al artista como “presunto agresor”.

Entre otros argumentos, el abogado del cantante reprocha a la vicepresidenta que atribuyese “a las denunciantes la condición de ‘víctimas’ de unos hechos no acreditados”. “Además, la entrevistada [en La 1] utilizó este caso concreto para extenderlo a una situación generalizada que sufren todas las mujeres, extrapolándolo a una suerte de ‘maltrato sistémico’ sufrido por estas”, prosigue la demanda, que mantiene que la ministra ha “incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado”, ya que “tiene la obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal y social, absteniéndose de toda actuación” que la vulnere”.

“La demandada emitió a la opinión pública claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias”, abunda el escrito firmado por Choclán, fechado este lunes. En el texto, el letrado apostilla: “Como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada”. “Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado, ni tampoco de sospechoso”, añade su defensa.

Los abogados del cantante llevan semanas estudiando qué acciones judiciales emprender después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara el 23 de enero la denuncia de las dos extrabajadoras. De hecho, para “determinar” si se cometió un “delito de denuncia falsa”, la defensa del artista español ha reclamado al ministerio público que le entregue el contenido íntegro de todas las actuaciones que hizo antes de dar carpetazo al asunto —incluido, las declaraciones de las dos exempleadas, a las que se otorgó la condición de testigos protegidos para no revelar su identidad—.