El Consejo de Educación de Cataluña se divide por las

“Ha sido un proceso frustrante y fracturante”. Así define Tiago Ferreira, representante de las asociaciones de familias (Affac) el debate en el seno del Consell d’Educació de Catalunya sobre el decreto que debe regular la Formación Profesional online. Tras siete sesiones y más de un centenar de enmiendas, el ente tiene preparado un dictamen, que será llevado a votación el martes, en el que pide suprimir uno de los pilares de la futura normativa: que los centros privados catalanes solo puedan realizar los exámenes finales presenciales en Cataluña. Las patronales han logrado hacer valer su criterio, en contra de la posición de sindicatos y familias, pero también de Educación.

El Departamento ha impulsado el proyecto de Decreto de organización de las enseñanzas profesionalizadoras en modalidad virtual para regular un sector que ha crecido de forma descontrolada en la última década -actualmente roza los 60.000 alumnos, casi triplicando la privada presencial- y suscitando reproches ante el deficiente nivel y la escasez de vacantes para desarrollar pasantías, en ciertos momentos. Educación ya intentó poner coto a la expansión del sector en 2021 con una orden que fue tumbada en los tribunales, a raíz de un recurso de Ilerna, la principal empresa del sector. Ahora vuelve a intentarlo con un decreto.

El reglamento reciente establece como pilar fundamental el requisito de que las instituciones acreditadas en Cataluña lleven a cabo las evaluaciones de cierre presencialmente dentro de este territorio. Dichas entidades particulares inscriben a estudiantes de diversos puntos de España y, anteriormente, las convocatorias definitivas se organizaban en instalaciones distribuidas por la geografía nacional, llegando a utilizarse hoteles para tal fin. Una cuestión esencial, que además genera controversia, consiste en disminuir el límite de estudiantes por docente de los 90 vigentes a 75, un total que baja a 60 cuando se trata de programas de especialización.

La subcomisión de FP del Consell d’Educació que ha analizado el proyecto de decreto ha elaborado un dictamen, al que ha tenido acceso este diario, en el que propone suprimir esa obligación de realizar los exámenes en Cataluña. Es la posición que defienden las patronales, tanto de los centros privados, como empresariales. “El proyecto de decreto va más allá de la normativa estatal, que sí permite hacer los exámenes fuera de la comunidad, pero cumpliendo ciertas garantías. Imponer una restricción territorial está injustificado, y además es un agravio respecto a otras comunidades”, defiende Sílvia Miró, directora del área de Trabajo de Pimec y miembro del Consell. Miró considera que este punto de la norma perjudica a los alumnos, normalmente con cargas de trabajo o familiares, que deben trasladarse a otra comunidad para hacer un examen, con el coste que ello supone. “Hay que adaptar la FP a la realidad actual, cada vez más virtual y flexible”, añade Miró, que quita hierro a la intensidad del debate y defiende la “normalidad en que haya diversidad de opiniones”.

“Lo que ha pasado con los exámenes es algo vergonzoso. Lo que no nos interesa es formar gente aquí y después que se marchen a otras comunidades, eso es una barbaridad”, critica otro miembro de la comisión. Otras de las voces del Consell coinciden en apuntar que “las patronales se han hecho su espacio, han defendido sus intereses”, y lo achacan al hecho que la presidencia de la subcomisión estaba en manos de un representante de Foment del Treball. “El trabajo del Consell es asesorar al Departamento para lograr la mejora educativa, y no debe para satisfacer intereses de entidades particulares o de una parte interesada, como las empresas privadas de servicios educativos”, añade Ferreria.

Aparte del lugar de realización de las pruebas, otro de los aspectos que ha provocado gran controversia es la proporción de alumnos por docente. Hoy en día, el máximo se sitúa en 90 alumnos, aunque la reciente regulación lo disminuye a 75. Las diversas organizaciones sindicales sugerían una bajada mayor, hasta los 50 o 60, al tiempo que las asociaciones empresariales solicitaban mantenerlo en 90. Al final, esta controversia no ha quedado reflejada en el borrador del dictamen, que valida el planteamiento del Govern de fijarlo en 75.

El dictamen incluye otras enmiendas a la normativa, como permitir hacer los exámenes en periodos festivos como Navidad o Semana Santa, garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza o que el Institut Obert de Catalunya cuente con una partida presupuestaria propia, entre otros.

Pendientes de la normativa estatal

Las fuentes consultadas apuntan que esta propuesta de dictamen no es definitiva, ya que durante el pleno de este martes se pueden presentar nuevas enmiendas, que serán debatidas durante la reunión.

De igual modo, el Departamento de Educación concuerda, junto a otras fuentes consultadas, en que el decreto aún tiene un extenso proceso por delante antes de su aprobación, y que en este intervalo se vigilará de la regulación del sector que ha impulsado el Gobierno central, ante una regulación de jerarquía superior, por lo que será preciso evaluar si el decreto de la Generalitat debe ser modificado para adecuarse a la norma estatal.