La Audiencia Nacional exime de responsabilidad a CaixaBank por la trama de blanqueo de capitales de la mafia china

Casi ocho años después de que C aixaBank fuera imputada en la Audiencia Nacional como presunta partícipe de una trama de blanqueo de dinero de la mafia china, la entidad ha quedado eximida de cualquier responsabilidad penal. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha concluido que el sistema de prevención de delitos que el banco español tenía entonces en marcha era eficaz y, por tanto, no debe responder por las conductas presuntamente ilícitas que habrían cometido empleados de una decena de sucursales por seguir operando con ciudadanos chinos investigados por varios órganos judiciales.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el Código Penal y se intensificó en 2015, cuando se estableció la obligatoriedad de que l as empresas contaran con un modelo de prevención de delitos (compliance) eficaz para evitar la persecución de la justicia. Desde entonces, numerosas compañías han sido investigadas por los tribunales, cuyas imputaciones se han ido levantando o confirmando tras constatarse si dichos sistemas normativos estaban diseñados y han funcionado correctamente.

La investigación de la Audiencia Nacional contra CaixaBank, como persona jurídica, se inició tres años después de esta modificación del Código Penal, en abril de 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó acciones contra el banco, el ex responsable de cumplimiento normativo en el momento de los hechos de la entidad, así como 11 empleados por su presunta participación en una trama de blanqueo de ganancias ilícitas de fraudes y fondos procedentes del contrabando de mercancías vinculado a organizaciones criminales de China. Las sospechas surgieron en el marco de la causa que se abrió contra el banco chino ICBC (cuyos cuatro exdirectivos españoles fueron condenados en 2020 a penas de tres a cinco años) por el lavado de dinero de varias organizaciones criminales de ciudadanos chinos.

El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), detectaron una serie de comportamientos irregulares, y similares a las de ICBC, realizadas en varias sucursales del banco español, entre los años 2011 y 2015. En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno imputó a CaixaBank, como persona jurídica, como responsable de las operaciones llevadas a cabo en una decena de oficinas, donde se habría ayudado a clientes chinos a ocultar fondos, pese a conocer que estaban bajo lupa judicial.

Según indicó el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 (ahora denominado Sección de Instrucción Tribunal Central de Instancia Plaza 2) en el auto de imputación, entre 2023 y 2015, distintos juzgados madrileños y la propia Audiencia Nacional, que ya investigaba conocidas tramas chinas como las denominadas Emperador (cuyo cabecilla era el empresario Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial de Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada) o Snake (dedicada a la importación masiva de mercancía desde China y sin pagar impuestos en España) realizaron diversos requerimientos a estas sucursales para averiguar el patrimonio ilícito de los investigados. Pese a ello, las oficinas implicadas continuaron trabajando con los clientes chinos.

En dicha resolución se destacaba que las sucursales de CaixaBank siguieron “bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. En esta línea, cuestionó las transferencias de 193 clientes (todos ellos habían sido objeto de requerimientos judiciales) por el valor de 99,1 millones a China y Hong Kong. Añadió que pese a las peticiones de los órganos judiciales, 165 usuarios siguieron operando, llegando a transferir 31,7 millones.

En base a estos hechos, además de imputar a 11 empleados, de los cuales cinco han quedado ya fuera de la causa, el juez entendió que el sistema de prevención de blanqueo tuvo “graves fallos” al no contar con las medidas necesarias y adecuadas para evitar las conductas cometidas por los empleados de las sucursales. Este fue el motivo por el que CaixaBank ha tenido la condición de investigada hasta que, el pasado enero, el juez acordó, a instancias de la Fiscalía, el archivo de estas actuaciones con respecto al banco, así como al ex jefe de cumplimiento normativo, al concluir que el sistema de cumplimiento interno en vigor entonces sí cumplía los requisitos previstos en el Código Penal y, por tanto, funcionó correctamente.

“La resolución de archivo subraya como motivos del archivo la eficacia del modelo de compliance de CaixaBank y la cultura de cumplimiento normativo del banco”, afirma la entidad en el informe sobre las cuentas anuales del ejercicio 2025. “Con el archivo queda clarificada la ausencia de responsabilidad penal de la persona jurídica en los hechos investigados”, concluye el banco.