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El Ejecutivo prepara una disposición para extender la

El Ministerio para la Transición Ecológica somete a información pública una regulación reciente con la finalidad de mejorar los nudos de las redes y concretar futuras iniciativas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Marta Fernández (Europa Press)

El Gobierno toma medidas para mejorar la eficiencia de las infraestructuras eléctricas, una acción fundamental para facilitar la integración de planes que necesitan conexión y conllevan desembolsos de gran magnitud. De acuerdo con el borrador de real decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido recientemente a información pública, las instalaciones proyectadas deberán cumplir con diversos requisitos técnicos inéditos, facilitando así la liberación de capacidad adicional en el sistema. La cartera dirigida por Sara Aagesen pretende concretar dichas propuestas sin que esto conlleve forzosamente un incremento del gasto en infraestructuras, un pago que elevaría el importe final en los recibos de los usuarios.

Dicha normativa fija las pautas esenciales de diseño, equipamiento, operación y seguridad para los centros que se enlazan a las redes de transporte y distribución eléctrica. Tal como indica el escrito, el Gobierno intenta reducir eventuales saturaciones y ampliar considerablemente la capacidad de entrada a los sistemas eléctricos, algo fundamental para absorber la gran cantidad de proyectos que precisan conexión por su demanda de abastecimiento energético.

De acuerdo con la documentación remitida por la Secretaría de Estado de Energía, “para garantizar la integración efectiva y segura en el sistema eléctrico de todos los proyectos (electrificación de la industria, descarbonización del espacio marítimo y terrestre, hidrógeno renovable, centros de datos o almacenamiento), así como para maximizar el aprovechamiento de las redes existentes, resulta imprescindible establecer y actualizar los requisitos técnicos que deberán cumplir dichas instalaciones”.

Ante la saturación mostrada tanto por las distribuidoras eléctricas, propietarias de la red de baja tensión (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, fundamentalmente), como por Red Eléctrica, poseedora de la red de alta tensión, Transición busca soluciones para retener y atraer inversiones que están impulsando la economía española y que se espera que sigan elevando el PIB en los próximos años.

Este reciente reglamento desarrollado por el departamento liderado por Joan Groizard señala que, bajo el marco legal vigente, “no es posible habilitar nueva capacidad mediante inversiones en el refuerzo de red, sino que es necesario asegurar requisitos de robustez a las demandas ya previstas y las futuras, para que su comportamiento no impida la conexión de nuevas demandas. Es decir, la aplicación de las nuevas especificaciones contribuirá simultáneamente a la mayor seguridad en la operación y gestión de las redes y servirá de palanca para la optimización de las capacidades de estas”.

En la práctica, esta normativa va destinada a que, la nueva demanda que se conecta mediante electrónica de potencia (centros de datos y electrolizadores, fundamentalmente) tenga las exigencias necesarias para que no ocupen más espacio del debido. Con nuevas especificaciones sobre el criterio dinámico establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la red permitirá más conexiones. Es decir, que el espacio que pudieran acaparar las nuevas demandas puedan acometerse de forma que también puedan convivir con otros proyectos estratégicos, como promociones inmobiliarias en zonas donde hay problemas de escasez de vivienda u otros proyectos industriales que impulsan el empleo.

Bum de centros de datos

Con la normativa actual, los accesos a demanda solicitados por los centros de datos, que están concentrándose en España para impulsar la inteligencia artificial, o los electrolizadores para producir combustibles renovables, drenan la capacidad existente en otros nudos que comparten su zona de acceso, impidiendo atender otras demandas en decenas de kilómetros a la redonda. Esta nueva normativa viene a atajar este problema y permitir que convivan las demandas de empresas como Amazon o Microsoft con otros proyectos.

La fase actual es todavía temprana y se requiere un estudio pormenorizado para determinar el volumen de potencia que se logrará desbloquear. No obstante, las cifras iniciales, tras la divulgación de los mapas de capacidad por parte de Red Eléctrica el anterior 20 de febrero, sugieren que una tercera parte de los puntos de conexión permitirían obtener mayor margen en la red de transporte. Específicamente, se prevé que entre las cerca de 900 subestaciones con nudos de acceso en España, la capacidad existente logre incrementarse un 50% mediante la nueva normativa. Red Eléctrica indicaba el anterior viernes que en el 25% de la red aún hay capacidad disponible.

El conjunto de las disposiciones legales que el Gobierno intenta fomentar se adecúa igualmente a los estándares técnicos de la normativa comunitaria. España se adelanta a los códigos de red europeos e integra la totalidad de las acciones que otros territorios han adoptado de manera aislada. A pesar de ello, ninguna de estas naciones ejecutará el paquete íntegro de nuevas condiciones técnicas al mismo tiempo, lo cual representa un acontecimiento histórico en el plano global.

Evitar apagones

Al margen de lo anterior, el nuevo decreto que sale este martes a audiencia pública también recoge nuevas especificaciones para que la red sea más estable y evitar incidentes como el producido el 28 de abril de 2025, cuando toda la península Ibérica sufrió un apagón durante horas.

El Real Decreto 997/2025 que se aprobó el pasado mes de noviembre solicitaba que, en el plazo de tres meses, Red Eléctrica hiciera recomendaciones sobre cuestiones a mejorar para la estabilidad de la red. Este informe fue entregado al Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 6 de febrero y en base al mismo, la Secretaría de Estado de Energía va a impulsar un primer paquete centrado en que las instalaciones generadoras sean capaces de amortiguar las oscilaciones que perturban el sistema y que contribuyeron a la desconexión masiva de la pasada primavera.

Anteriormente, el marco legal no establecía la manera de gestionar la supervisión de tales fluctuaciones y hoy se busca contar con los protocolos operativos precisos para robustecer el esquema.

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