España subvencionó con 8.000 millones actividades que destruyen la naturaleza en 2024, cuatro veces más que en conservarla

En un contexto de relajación de las políticas medioambientales en la Unión Europea y de pérdida continuada de biodiversidad, Ecologistas en Acción ha analizado las ayudas que concedió España a parte del sector primario ―agrario, pesquero y forestal― en 2024. El estudio refleja que se subvencionó con 7.915 millones de dinero público a empresas y actividades que dañan la biodiversidad; cuatro veces más que a la conservación de la naturaleza, que contó con 2.000 millones. El 87% de las subvenciones denunciadas son ayudas directas, la mayor parte procedentes de fondos europeos, mientras que el 13% restante corresponde a exenciones fiscales para pesticidas y otros agroquímicos en la agricultura y combustibles (gasoil de barcos, calderas de biomasa).

“No se trata de eliminar todas las subvenciones, sino de que el Estado español revise y reforme aquellas que resultan perjudiciales para el medio ambiente”, explica Jesús Martín, uno de los autores del informe, elaborado con la colaboración de Economistas sin Fronteras. Todo ello en un contexto en el que España arrastra un déficit anual de 3.493 millones de euros en financiación para la conservación de la biodiversidad, que ha retrocedido a un ritmo de entre un 2% y un 6% por década durante los últimos 50 años en el mundo, según el último informe de IPBES, un grupo de expertos de la ONU.

El sector más beneficiado por ese dinero público es el agrario: de cada 10 euros de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, nueve se destinan a él, especifica el análisis. En 2024, el campo recibió 7.769 millones de euros procedentes de la Unión Europea a través de la Política Agraria Común (PAC). De ese total, el 78% se destinó a prácticas consideradas perjudiciales por los ecologistas, frente a solo un 22% que tuvo efectos positivos.

“Consideramos que son medidas negativas porque se trata de pagos directos de la PAC que favorecen principalmente a los grandes productores, que aplican modelos de agricultura intensiva perjudiciales para la biodiversidad y la salud, debido al uso de sustancias químicas nocivas y a la expansión de los monocultivos”, explica Martín. Entre las iniciativas con impacto positivo figuran medidas ambientales también incentivadas por la PAC, como la creación de zonas de vegetación natural en los cultivos, que favorecen la presencia de insectos beneficiosos.

El estudio plantea la incongruencia de subvencionar el uso de plaguicidas y fertilizantes, que en la actualidad cuenta con un IVA reducido del 10%. Esa exención supuso en 2024 una subvención indirecta de 431 millones. “Existe una presión de los lobbies de la industria química para fomentar el uso de los agroquímicos, que está dinamitando todos los avances posibles incluso para tóxicos dañinos y lo estamos apoyando con dinero público”, sostiene Martín. “Unas exenciones fiscales que se deberían ir retirando de forma paulatina”, añade.

Una muestra del frenazo en la normativa medioambiental, es la flexibilización de los controles sobre los pesticidas propuesta por la Comisión Europea. Hasta ahora, estas evaluaciones debían realizarse de forma obligatoria cada 10 o 15 años, pero en la actualidad se pretende limitar esa revisión periódica solo a los casos en los que surjan nuevas evidencias científicas que aconsejen reexaminar las sustancias.

Científicos y ecologistas han advertido de que esta medida podría incidir en la salud humana y afectar al ecosistema. Son productos que pueden contaminar las aguas, suelos y aire, además de alterar los procesos ecológicos naturales. Una serie de experimentos con un millar de compuestos descubrió que la mayoría de los agroquímicos dañan a los insectos sin ser insecticidas, lo que podría explicar su declive.

Tampoco pasan la nota de corte para Ecologistas en Acción las subvenciones destinadas a la modernización de regadíos, porque aunque su objetivo es “promover el ahorro de agua y la eficiencia energética, lo cierto es que aumentan la superficie de tierras de regadío”, plantean. Y eso conlleva que se agraven la “desertificación y degradación del suelo”.

En cuanto al sector pesquero, el informe considera que inyecciones de dinero público perjudiciales son aquellas que incentiven la sobrepesca al reducir artificialmente los costes o los ingresos. Por ese motivo, las empresas que “externalizan su producción, su huella ecológica y evaden impuestos para después vender sus productos en Europa no deberían recibir subvenciones públicas de ningún tipo”, advierten. Además, el 63% de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo español “permiten artes de pesca de alto impacto y solo el 7% cuenta con protección real”.

En cuanto a las ayudas para modernizar la flota pesquera, el informe se refiere al fraude generalizado revelado en una investigación publicada por la ONG Oceana, en la que el 94% de 50 barcos de pesca de arrastre en el Mediterráneo investigados usaban motores más potentes de lo que tenían declarado. Esto conduce a que tengan mayor capacidad pesquera, lo que fomenta la sobrepesca, pero las autoridades pesqueras carecen de mecanismos para su control.

También hay proyectos que abren la puerta a la esperanza, pero “son residuales”, plantea el informe. Entre ellos se encuentra el programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, que apoya iniciativas que reducen la contaminación, conservan especies o mejoran el conocimiento científico del mar.

Los acuerdos de Kunming-Montreal, adoptados en 2022 durante la cumbre de la ONU sobre biodiversidad (COP15), establecen la hoja de ruta mundial para frenar la pérdida de naturaleza hasta 2030. Entre sus principales compromisos figura la identificación y reforma o eliminación de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad —como las que incentivan la sobrepesca, determinados modelos de agricultura intensiva o el uso excesivo de combustibles fósiles—, con el objetivo de reducirlas al menos en un 50% antes de que termine la década.