Los ataques a la comunidad LGTBI llevan a una “supresión sistémica de las libertades individuales”, según un estudio

La imputación del alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por organizar la marcha del Orgullo del año pasado en la capital húngara, ignorando una prohibición del Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán, no es más que la punta del iceberg de un fenómeno que recorre toda Europa y otras partes del mundo y que se agudizó en 2025: los ataques contra las comunidades LGTBI —y a quienes los apoyan— evolucionan hacia una “supresión sistémica de las libertades individuales y de disidencia”, advierte la organización ILGA-Europa en su informe anual, que se presenta este jueves en Bruselas.

Si hace un año se alertaba ya de que “las personas LGTBI se han convertido en un campo de pruebas para leyes que erosionan la democracia”, los diversos sucesos, acciones legales e incidentes a lo largo de 2025 vienen a confirmar, consideran los expertos, que “Europa ha entrado en una nueva fase, en la que las herramientas para reprimir la disidencia se utilizan a gran escala”. Eso sí, la comunidad LGTBI y sus organizaciones siguen estando entre los objetivos prioritarios de estas leyes y políticas restrictivas, denuncia esta asociación paraguas que representa a más de 700 organizaciones LGTBI de 54 países europeos y de Asia central.

“Las salvaguardias de derechos humanos establecidas tras la Segunda Guerra Mundial están ahora seriamente en riesgo”, afirma la subdirectora de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel. En su informe, ILGA se hace eco del estudio publicado el pasado julio por la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la reunión pacífica y de asociación, la colombiana Gina Romero, en el que se “da la voz de alarma sobre las crecientes amenazas existenciales” a esos derechos, “agravadas por el desmantelamiento de la ayuda global”.

“Esto no es una cuestión del llamado wokismo o de ideología. Hablamos de personas reales que están siendo perseguidas y atacadas. Nuestros líderes deben responder con urgencia porque, sin una acción decisiva, vamos a un colapso democrático rápido y peligroso”, alerta ahora también Hugendubel.

Según el informe de ILGA, que analiza la situación en Europa y Asia central, a través de diferentes países y sistemas políticos ha encuentrado de forma “recurrente” en la última década instrumentos similares: leyes penales sobre “propaganda” o extremismo; controles estatales sobre la financiación extranjera de ONG; eliminación de la vida pública de las personas trans, intersexuales y no binarias mediante enmiendas constitucionales para definir el sexo en términos estrictamente biológicos; aprobar restricciones al derecho de asamblea arguyendo la protección del menor o cuestiones de orden público… Tomadas en conjunto, todas estas medidas “restringen quién puede organizar, hablar, reunirse o ser legalmente reconocido en la vida pública, reformulando las condiciones para la participación cívica”.

“En la última década, los informes anuales de ILGA-Europa han seguido un patrón que nos resulta familiar por la historia: la propaganda, la búsqueda de chivos expiatorios y la desinformación se intensifican hasta llegar a la negación de los derechos fundamentales, lo que ahora se ha traducido en leyes que criminalizan y silencian”, señala Hugendubel. “Aunque el ritmo y la intensidad varían de un país a otro, la trayectoria subyacente es inequívoca y profundamente preocupante”, insiste.

Hungría aparece en el informe de forma recurrente y no es casualidad. Las enmiendas legales aprobadas el año pasado para prohibir la marcha del Orgullo convirtieron a este país en el primer Estado miembro de la UE que “usa legislación primaria para prohibir asambleas LGTBI”, algo que pone al país centroeuropeo más cerca de Rusia o Turquía —dos de los países analizados con mayores ataques a la comunidad LGTBI— que a sus socios comunitarios.

Las amenazas del Gobierno de Orbán se hicieron efectivas a finales de enero, cuando la fiscalía de Budapest anunció cargos contra el alcalde de la capital y propuso una multa contra Karácsony por “organizar y liderar una reunión pública pese a una prohibición policial”. También sigue en vigor en Hungría una ley de protección infantil que prohíbe contenidos escolares que, según las autoridades, promueven la homosexualidad o el cambio de género. Además, en 2025, se aprobó una nueva enmienda constitucional para definir el sexo como una característica biológica determinada al nacer.

En esta oleada restrictiva, hay no obstante algunos casos de “resistencia” que dan lugar a un cierto optimismo: como el rechazo en 2025 por el Parlamento canario de la propuesta de Vox para derogar la ley trans o la aprobación en la Cámara catalana de una ley para erradicar la lgtbifobia, destaca el informe. Este también celebra la derogación el año pasado de la última de las “zonas libres de LGTBI” promovidas por el anterior Gobierno polaco ultra o la elaboración, en Dinamarca, de un plan de acción dedicado a mejorar la respuesta de la salud pública a las personas LGTBI. Unos hechos, celebra ILGA en un informe por lo demás sombrío, que “demuestran que las instituciones democráticas todavía pueden actuar de forma decisiva para defender los derechos”. Eso sí, subraya, siempre y cuando haya “voluntad política”.