Por una sociedad política compartida

En las democracias avanzadas, la sociedad civil actúa como un espacio intermedio entre el Estado y la ciudadanía, donde se articulan intereses, se moderan conflictos y se generan consensos. Como ya subrayó Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, la fuerza de la democracia estadounidense residía precisamente en la vitalidad de su tejido asociativo, capaz de atemperar los excesos del poder y fomentar la participación activa. En la misma línea, Jürgen Habermas destaca el papel de la “esfera pública” como ámbito deliberativo en el que la ciudadanía discute, argumenta y construye legitimidad democrática a través del diálogo que facilita su participación en un proyecto moral compartido.

La sociedad civil, entendida como conjunto de asociaciones, organizaciones empresariales, sindicatos, ONG y cuerpos intermedios, tiene una función esencial: evitar que el conflicto político derive en polarización destructiva y contribuir a mantener la cohesión social. En un contexto en el que los partidos tienden a enfatizar diferencias para movilizar a sus bases, corresponde a la sociedad civil reintroducir racionalidad, cooperación y orientación hacia el futuro. La teoría de la “razón pública” defiende precisamente que la estabilidad democrática requiere que los actores puedan apoyarse en principios compartidos y no únicamente en imposiciones partidistas. La mediación facilita la convivencia dentro de una pluralidad moral inevitable.

Vivimos un momento en el que los principios morales compartidos se han erosionado gravemente. Se ha descrito este fenómeno como la “fragmentación de los marcos de referencia”, donde ya no existen valores comunes capaces de unir a la sociedad en una visión compartida e inclusiva. Esta fragmentación alimenta la lógica amigo-enemigo que representa un riesgo profundo para las democracias liberales al reducir la política a un combate existencial.

Hoy se observa una escalada de poder caracterizada por el cierre de espacios de diálogo, la deslegitimación del adversario y la proliferación de narrativas excluyentes. Esto se traduce en muros culturales, ideológicos y sociales que impiden la convivencia en un proyecto político común. Isaiah Berlin advertía que la pluralidad de valores humanos es inevitable, lo que exige estructuras democráticas y políticas que permitan la coexistencia y la gestión del desacuerdo. Hace falta un proyecto moral común y no la destrucción del espacio público de deliberación.

En la lógica polarizada actual, los partidos situados en el centro del espectro político se debilitan y se ven tentados a buscar apoyos en fuerzas más radicales para conservar o adquirir poder. Este fenómeno, bien analizado en estudios sobre sistemas de partidos, provoca la fragmentación del centro y la “radicalización inducida”: cuando un partido tradicional depende de un extremo, se ve obligado a adoptar o tolerar posiciones más polarizadoras.

Esta dinámica acelera la construcción de distancias ideológicas insalvables, porque los extremos no se orientan al consenso, sino a la maximización de su identidad política y rentabilización de sus posiciones minoritarias. Hannah Arendt alertó sobre cómo los movimientos extremistas tienden a destruir los espacios compartidos de realidad, sustituyéndolos por relatos únicos y de enfrentamiento. Así, la alianza con los extremos no sólo genera inestabilidad institucional, sino que dificulta la existencia de una cultura política basada en el reconocimiento mutuo.

Ante este deterioro del espacio público y de amenaza de principios democráticos, la sociedad civil debe adquirir un papel de contención y fortalecimiento democrático. El análisis del capital social muestra cómo las sociedades con organizaciones fuertes e interconectadas son más resistentes al conflicto político destructivo. La mediación social implica reconstruir puentes, facilitar la alternancia democrática y promover modelos de sociedad avanzados que, aunque discrepantes en énfasis, compartan los principios básicos de libertad, justicia e igualdad de oportunidades.

La democracia no se sostiene solo en instituciones formales, sino en hábitos cívicos y en una cultura política que valore la cooperación. Conviene, por tanto, que la sociedad civil reactive ese proceso deliberativo y exija a los actores políticos una conducta orientada al bien común.

El papel de las empresas en la sociedad contemporánea supera de manera creciente la esfera económica. En un contexto de renovada competencia global, disrupciones tecnológicas y amenazas iliberales, las empresas también son actores políticos con responsabilidad. Michael Porter y Mark Kramer, con su concepto de “valor compartido”, señalan que las empresas tienen interés en sociedades estables, inclusivas y eficientes. Por ello, deben contribuir a la elaboración de políticas estructurales que aseguren la sostenibilidad económica y social frenando el avance de modelos iliberales que pervierten el funcionamiento de los mercados y de las instituciones con la ruina de sus ciudadanos asegurada, como demuestra la historia.

Desde el Círculo de Empresarios, como parte activa de la sociedad civil española, hemos insistido históricamente en la importancia de pactos de Estado que trasciendan la coyuntura política. La ausencia de estos pactos no es solo negligencia: puede convertirse en irresponsabilidad histórica que comprometa el futuro de España. Los ámbitos son conocidos y han sido señalados reiteradamente: sostenibilidad fiscal, pensiones, mercado laboral, energía, justicia, educación, financiación autonómica y la construcción de una Europa políticamente integrada. No se trata de una agenda partidista, sino de las condiciones básicas para que España pueda competir, crecer y garantizar oportunidades a las próximas generaciones. Son cuestiones que exigen acuerdos amplios, estables y orientados al largo plazo.

Cuando el motor de la acción política se orienta al poder por sí mismo y no al servicio público, se abre la puerta a la captura institucional por grupos autoritarios. Los grupos de interés organizados pueden apropiarse de recursos públicos en detrimento del bien común. El resultado es una democracia erosionada, vulnerable a la manipulación populista y a la hegemonía de actores que no respetan las reglas del juego. Para evitar esto pensamos que un ejercicio responsable de mediación de la sociedad civil, instituciones y empresas es conveniente en una situación de cambio geopolítico de gran intensidad.