La Audiencia confirma al expresidente

El asunto Villarejo ha estado acechando al BBVA desde julio de 2019, momento en el cual el magistrado de la Audiencia Nacional al frente de las indagaciones decretó su procesamiento. Las pesquisas relativas a las supuestas vigilancias que el comisario retirado José Manuel Villarejo efectuó contra hombres de negocios, figuras políticas y comunicadores bajo pedido del grupo bancario por más de una década ya habían comenzado tiempo atrás, aunque fue en aquel periodo estival cuando la atención recayó totalmente en la segunda institución financiera de España. Unos meses después fue involucrado en la macrocausa Francisco González, quien ejerció la presidencia por más de dos décadas hasta 2018, junto con su equipo de dirección. Transcurridos casi siete años, la Audiencia Nacional ha situado a la entidad, actualmente liderada por Carlos Torres, y a sus antiguos directivos ante la posibilidad de una vista oral al ratificar que hay pruebas bastantes de que el fichaje de las prestaciones del antiguo agente fue administrado por los mandos superiores de la organización sin supervisión interna alguna.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional notificó este viernes 11 autos en los que respaldó plenamente cada una de las deducciones del ahora magistrado de instrucción retirado, Manuel García Castellón, para procesar a BBVA, a González y a una docena de investigados, entre ellos ex altos cargos del banco, al igual que a Villarejo, por los presuntos delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos.

BBVA defendió su inocencia alegando en el recurso que “la base indiciaria es tan frágil que no se podrá demostrar la comisión de delito”. De hecho, espetó que la investigación era una “causa general contra banco, sin precedentes” y reprochó al instructor que copiara “palabra por palabra” el escrito por el que Anticorrupción pidió enviar a juicio esta pieza separada. La Sala de lo Penal no comparte este criterio y señala que las conclusiones expuestas por el juez García Castellón en un auto con fecha del 20 de junio de 2024 “no son irrazonables ni ilógicas”, al entender que todas las pruebas incorporadas al sumario acreditarían que el “sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos no era eficaz y dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección”.

Asimismo, el órgano colegiado respalda al instructor y apunta que el hecho de que asuma plenamente los argumentos de la Fiscalía no significa que no haya llevado a cabo la obligada labor de revisión de los indicios de criminalidad. “Simplemente que no puede decir nada más de lo dicho por el ministerio fiscal”, zanja.

Villarejo desempeñó distintas tareas para BBVA entre los años 2004 y 2016. Además de facilitar informes de seguimiento de sus pesquisas, que remitía al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano (a quien conocía por la etapa laboral previa de este en la Policía Nacional), incluía listados de llamadas, datos personales de archivos policiales e interceptaciones telefónicas. El contacto se originó por la urgencia del banco de frenar la opa planteada por Sacyr Vallehermoso para lograr el dominio de la entidad. Villarejo designó entonces como metas al expresidente de Sacyr Luis del Rivero; al exvicepresidente de BBVA José Domingo de Ampuero, y al antiguo director general adjunto del banco Vicente Benedito Francés, así como al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas, entre otros. Después de esto, las indagaciones se extendieron a otros individuos, como al expresidente de Colonial, Luis Portillo; el de Martinsa, Fernando Martín, y el Grupo Prasa que mantenía una deuda con la firma, o al cabecilla de la asociación Ausbanc, Luis Pineda, contra quien se formalizó una “denuncia anónima”, lo que motivó el inicio de una instrucción judicial por coacción.

Con todo ello, la Sala de lo Penal pone en duda que el sistema de prevención de delitos que tenía entonces BBVA fuera “eficaz”, requisito necesario para eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica, y decide que sea durante la celebración del juicio cuando se aclare si había posibilidad o no de haber actuado de otro modo para comprobar que los servicios contratados a Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, al que se abonó más de 10 millones de euros, cumplió la normativa interna de compras. Según indican, las pesquisas habrían detectado que una de las fórmulas para eludir el control era registrar esta sociedad como acreedor en lugar de proveedor.

Uso de bienes institucionales para fines propio

Los magistrados agregan a esta dinámica obsequios realizados por la entidad bancaria a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia”, con el objetivo de obtener un beneficio, como se desprendía de correos electrónicos intercambiados entre Corrochano (también procesado) y el que fuera comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (amigo de Villarejo) o con el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) ―uno de los máximos responsables policiales, encargados de sistemas de seguimiento y escuchas, entre otras funciones― Enrique García Castaño, alias El Gordo, sobre visados de familiares u amigos de directivos del banco, o peticiones de información. También se destacan pruebas sobre recomendaciones de candidatos en procesos de contratación de entidades del grupo BBVA, de acuerdo a las comunicaciones electrónicas de altos cargos del banco, que forman parte del sumario de la causa.

Otro de los hechos que resalta la Sala de lo Penal es la disposición de recursos de BBVA para uso personal y privado de la alta dirección “sin control de ningún tipo por parte de la entidad”. Así, recuerda casos como que “Francisco González utilizó personal y recursos del banco para asesoramiento tributario y adquisición de fincas a título privado, obtención de datos del Registro, cuestiones relativas a sus vacaciones y uso del avión corporativo con ese fin”. El auto se refiere asimismo a la disposición por parte del entonces consejero delegado de la entidad vasca, Ángel Cano, de dinero en efectivo de la entidad sin que conste la finalidad.

Respecto a la conducta supuestamente criminal de González, la Sala de lo Penal asevera que supervisó y validó los servicios de Villarejo y que, en momentos puntuales, dispuso la vinculación de Cenyt. El exdirigente de BBVA adujo desconocimiento de la vinculación de dicho entramado empresarial con “un policía en activo”, tal como era Villarejo entonces, y que se habrían usado tácticas prohibidas, defendiendo que la gestión de contratistas no era su responsabilidad. Pese a ello, los jueces desestiman esta versión y recalcan que el anterior jefe del banco no solo habría ordenado la contratación a través de Corrochano, luego de que este le mencionara un “anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad”, sino que habría restringido el saber del tema a “un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad”.

Las dudas sobre el cohecho

Cuestiones que serán evaluadas por el tribunal de la Audiencia Nacional que ha sentenciado ya diversos apartados de la macrocausa y que no percibe con nitidez que, en esos supuestos, las tareas privadas de Villarejo supongan cohecho, el delito fundamental del sumario, al interpretar que los desembolsos a Cenyt corresponden a un servicio particular y no han dañado a la Administración Pública. Igualmente, en varios procesos, los magistrados han apreciado que se produjeron delitos de descubrimiento y revelación de secretos a terceros, a pesar de que Villarejo y otros implicados han terminado siendo absueltos por haber prescrito. BBVA y sus antiguos responsables han reclamado el cierre del caso repetidamente por este motivo, si bien el instructor y la sala de apelación han desestimado sus pretensiones.

Con la resolución de los recursos, el tribunal despeja el camino para que el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 (órgano en el que se tramita la macrocausa sobre los espionajes de Villarejo), Antonio Piña, recabe todos los escritos de acusación ―falta por presentarse el de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió esperar a conocer las resoluciones que acaban de dictarse― y dicte la apertura de juicio oral, lo que sentará definitivamente a los investigados en el banquillo de los acusados.

Las acusaciones particulares han solicitado distintas penas de prisión para Villarejo, así como para los exdirectivos de BBVA, situando a Corrochano en el centro de toda la trama. En cuanto a la responsabilidad del banco, algunas de ellas solo le atribuyen la responsabilidad civil subsidiaria, es decir, que afronten las posibles indemnizaciones, si hay una sentencia condenatoria, en caso de que los condenados no lo hagan. Sin embargo, otras han ido más allá pidiendo que afronten cuantiosas multas por la actuación de sus altos ejecutivos, incluso la disolución, como es el caso del presidente de Ausbanc.

Falta por conocer cuál será la postura al respecto del ministerio público, pero el desarrollo de la investigación hace previsible que le acusen como persona jurídica. Los fiscales Anticorrupción encargados de esta pieza separada han sido muy críticos con la línea de defensa de BBVA, que insiste en que siempre ha estado a disposición de la justicia para aclarar los hechos.