La Audiencia Nacional avala que juzgará al BBVA y a su expresidente Francisco González por contratar a Villarejo

El BBVA y su expresidente Francisco González irán a juicio por el caso Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que existen suficientes indicios para que la entidad, como persona jurídica, y el que fuera su máximo responsable hasta 2018, así como otra decena de personas, entre ellos, exaltos cargos del banco, vayan a juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos derivados de la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas durante 12 años.

Los magistrados han desestimado los recursos de apelación que BBVA, González y los otros exdirectivos de la entidad de origen vasco plantearon contra el auto que el exjuez instructor Manuel García Castellón dictó hace un año y ocho meses (el 20 de junio de 2024) en el que puso fin a las pesquisas iniciadas en octubre de 2018 y declaró que la entonces cúpula directiva del banco conocía los encargos realizados al expolicía, que recibió más de 10 millones de euros entre 2004 y 2016. Unos trabajos que, según confirma la Sala de lo Penal, se llevaron a cabo “sin respetar la legalidad”, sirviéndose de funcionarios policiales para acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas, y sin autorización judicial.

El BBVA será la primera y única empresa del Ibex 35 que irá a juicio por el caso Villarejo. La treintena de líneas de investigación que conforman la macrocausa sobre los trabajos privados que realizó el comisario mientras seguía en activo en la Policía Nacional también salpicaron a otras del selectivo, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola, si bien ninguna de ellas, ni sus primeras espadas, se han visto obligadas a ponerse delante de un tribunal. Las dos primeras fueron desimputadas tras comprobar que su sistema de compliance (cumplimiento normativo) funcionó correctamente y que los presidentes de ambas firmas no tenían conocimiento detallado de los encargos a Villarejo. En el caso de la eléctrica, solo la filial de renovables fue investigada, si bien se acabó archivando por prescripción de los hechos, al igual que ocurrió con la cúpula directiva, entre la que se encontraba su presidente, Ignacio Sánchez Galán.

Así las cosas, la presunta responsabilidad penal de contratar los servicios de Villarejo se ciñó a la actuación de los exjefes de seguridad corporativos, si bien los de Repsol y CaixaBank fueron absueltos, al igual que el propio Villarejo; mientras que el de Iberdrola sigue a la espera de que se celebre la vista oral.

En el caso de la investigación sobre BBVA, el juez instructor hizo una larga lista de investigados a los que propuso juzgar. Además de al banco y a su expresidente, acordó continuar el procedimiento contra el ex consejero delegado Ángel Cano; el que era jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano (considerado el enlace entre el banco y el comisario jubilado); el entonces director de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; el que fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, o el jefe de auditoría interna hasta el pasado marzo, Joaquín Gortari; el expresidente de DCN (Distrito Castellana Norte) Antonio Béjar; el exresponsable jurídico del banco José Manuel García Crespo; y un empleado que continuó en relación con la esfera de Villarejo hasta 2018, fecha en la que el expolicía ya estaba en prisión provisional.

Del entorno de Villarejo, el juez consideró que debían ir a juicio el comisario jubilado; el abogado Rafael Redondo, quien fuera su socio en Cenyt, la empresa a través de la cual se canalizaban los espionajes e investigaciones; el ex inspector de Policía Antonio Bonilla y un agente de la Policía Nacional.

A lo largo de 11 autos, con fecha de este viernes, la Sección Tercera avala los indicios recabados por el instructor por los que propone enviar esta pieza separada de la macrocausa a juicio. En relación a BBVA, el tribunal señala, en línea con lo manifestado por el la Fiscalía Anticorrupción ―que durante todo el procedimiento ha sido muy beligerante con la entidad al poner en duda su colaboración para el esclarecimiento de los hechos―, que no es creíble el desconocimiento alegado por el banco en relación a que el titular real de Cenyt era el comisario jubilado. En este sentido, afirma que, pese a la publicación de noticias sobre los negocios privados de Villarejo, la investigación interna del banco no comenzó hasta 2018.

Los jueces indican, además, que el sistema de compliance de BBVA no era lo eficaz que requiere el Código Penal para poder ser eximido de responsabilidad penal, ya que dejaba al margen de control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección, “cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

González ordenó la contratación de Villarejo

En cuanto a Francisco González, la Sala de lo Penal subraya que él ordenó algunos de los contratos firmados con el entramado del expolicía. De acuerdo a las pruebas recabadas, el expresidente del banco conocía los “métodos de investigación” de Villarejo por trabajos anteriores realizados para la entidad. Por ello, afirma que no es “irrazonable” concluir que eligió al comisario para unas indagaciones concretas porque otras agencias no dieron los resultados esperados, “mientras que sí lo dieron las investigaciones de Cenyt”. Fuentes jurídicas cercanas a González han señalado que “asume la decisión de la sala con tranquilidad, y en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia”.

Tras conocer los autos, BBVA también ha reaccionado y ha puntualizado que la decisión de la Sala de lo Penal “no altera la situación procesal de la entidad, que se mantiene como parte investigada en el procedimiento hasta que el juez dicte, en su caso, auto de apertura oral”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “seguirá actuando con total determinación y diligencia bajo el liderazgo del Consejo de Administración, cuyos miembros no tienen conexión alguna con el caso“.

Con la resolución de los recursos de apelación, el Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene vía libre para mandar la causa a juicio y dictar el auto de apertura de juicio oral, el que oficialmente sienta en el banquillo a los procesados. No obstante, esta resolución no podrá ser dictada hasta que la Fiscalía Anticorrupción presente su escrito de conclusiones provisionales. Dicho auto debe recoger los hechos por los que se celebrará el juicio, así como las distintas peticiones de condena. Mientras que el ministerio público decidió esperar a conocer el criterio de la Sala de lo Penal antes de sugerir las penas que deben recaer a cada encausado, las acusaciones particulares sí presentaron sus relatos y pidieron penas de prisión para los altos cargos de BBVA y condenas de distintos grados de gravedad para el banco, que van desde la responsabilidad civil subsidiaria hasta multas e incluso la disolución.