El Tribunal Constitucional
ha admitido a trámite dos conflictos positivos de competencias del Gobierno: uno, contra la Junta de Andalucía, sobre regulación de mercados de productos agrícolas en zonas de producción; y el otro, contra la Diputación General de Aragón, por aprobar el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica El Pueyo.
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