Mendocinas vuelven a las calles

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Es una noche de verano en Uspallata, Mendoza, al centro oeste de Argentina. Al costado de la Ruta 7, una mujer sostiene un cartel: “Toque bocina por el agua”. La rodean unas 50 personas que cantan y golpean tambores. Los camiones, que cruzan constantemente hacia Chile, reducen la marcha y responden con bocinazos.

Esta imagen representa el asentamiento que los habitantes sostienen desde febrero al margen de la ruta internacional, manifestándose contra el reinicio del emprendimiento minero San Jorge —ahora PSJ Cobre Mendocino— que planea extraer cobre y oro a 37 kilómetros de la localidad. A partir de inicios de 2025 se realizaron movilizaciones, caravanas, encuentros culturales, subidas grupales a las montañas y una audiencia pública ciudadana. Gran parte de estas iniciativas son fomentadas o lideradas por mujeres.

“Para nosotras siempre es más difícil. Hace poco, al debatir si cortábamos la ruta, una compañera, madre soltera, decía que tenía miedo: si la detenían, sus hijos quedaban solos”, comenta Macarena Limousin (33 años), integrante del grupo de habitantes que mantiene la protesta. Su pequeño se aproxima pidiéndole acudir al sanitario; otra ciudadana lo sujeta de la mano y lo acompaña. “Gracias —le dice Limousin, y retoma—. Él también defiende el agua”.

Con casi 15.000 habitantes, Uspallata es la localidad más grande cercana al Aconcagua, el cerro más alto del continente. Por sus montañas pasa el Qhapaq Ñan (conocido como Camino del Inca), y por allí cruzó el Ejército de los Andes para liberar a Chile en 1817.

Mendoza es hija del agua

“Huentota Akache Hia Tinap quiere decir ‘Mendoza es hija del agua’ en nuestra lengua”, cuenta Claudia Herrera Salinas, autoridad de la comunidad huarpe Guaytamari, ubicada a 11 kilómetros de Uspallata. “Fueron nuestros antepasados quienes construyeron las acequias para canalizar el agua de deshielo. Eso permitió este oasis en medio del desierto”.

Herrera se sienta sobre un tronco al atardecer, tras una jornada como anfitriona de un encuentro de asambleas socioambientales de todo el país. Tiene 70 años, dos trenzas canosas y la piel curtida por el sol. Levanta la vista para mirar los glaciares de los cerros. “De ahí —dice mientras señala las montañas— baja el agua que abastece a la provincia, en emergencia hídrica desde hace 14 años. Lo que está en juego hoy es la vida”.

En los últimos 25 años, los mendocinos salieron a las calles a defender el agua en tres momentos. El primero fue en 2004, al enterarse de que había proyectos de megaminería a cielo abierto. Se organizaron y elaboraron un proyecto de ley que, tras movilizaciones y cortes de ruta, se aprobó en 2007. Es la Ley 7722, que prohíbe sustancias tóxicas como cianuro en la minería metalífera, limitando la actividad a gran escala.

Un año después, el conflicto se focalizó en Uspallata con la presentación del proyecto San Jorge. “En 2008, en una clase de yoga, escuché que querían instalar una minera cerca”, recuerda Beatriz Mercado (55 años) e integrante de la Asamblea por el Valle de Uspallata. “Hasta ese momento, nunca me había manifestado por nada”. Hacía 10 años que vivía en el pueblo, tenía cuatro hijos y un comercio con su esposo. Junto a otras vecinas, empezó a informarse de las consecuencias de la megaminería en el ambiente. “Entendimos que nuestro pueblo podía cambiar para siempre. Hicimos reuniones, repartimos volantes y en 2009 organizamos la primera marcha, hasta que decidimos cortar la ruta”, describe.

El proyecto, entonces en manos de la canadiense Coro Mining, sostenía que el xantato que iba a utilizar no era tóxico. Pero en un informe técnico, investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Cuyo alertaron —entre otros problemas— que durante su descomposición, el xantato libera disulfuro de carbono (que al igual que el cianuro tiene una alta toxicidad), por lo que el proyecto no cumplía con la Ley 7722.

Analía Roggiano Vio —integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata— arribó a la localidad en 2010, poco antes del inicio del bloqueo vial inicial. “Me emocionó la relación de Mendoza con el agua. Aquí todos saben de dónde viene el agua que sale de la canilla (grifo). En otros lugares casi nadie se hace esa pregunta”, rememora. Dicho trámite finalizó mediante una consulta ciudadana en octubre de 2010, en la cual cerca del 80 % de la población desestimó la propuesta, logrando que el plan minero se detuviera.

El siguiente embate fue en diciembre de 2019, cuando la Legislatura provincial modificó la Ley 7722 para, entre otros puntos, habilitar el uso de cianuro. La reacción volvió a ser masiva y provincial: durante diez días, miles de personas se mantuvieron en las calles hasta que la reforma fue anulada.

En 2025, el yacimiento San Jorge reapareció como PSJ Cobre Mendocino con otros dueños: Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina). El proyecto promete invertir 600 millones de dólares, producir 40.000 toneladas anuales de cobre y generar 2.400 empleos. También asegura que cumplirá con la Ley 7722.

Durante el 4 de abril de 2025, la Fundación Universidad Nacional de Cuyo entregó un informe técnico suscrito por una veintena de expertos que ponía en duda diversos puntos del estudio de impacto ambiental elaborado por la firma. El escrito advierte, entre otras cosas, que la entidad empleó información obsoleta para su análisis y que la iniciativa agotará prácticamente la totalidad del flujo del arroyo donde captará el recurso hídrico. Asimismo, señala un “riesgo serio” de polución en las napas subterráneas que nutren al río Mendoza. Diversas instituciones, tales como el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) y la Facultad de Ciencias Médicas, igualmente aportaron recomendaciones.

Al ser consultada por El PAÍS sobre estas dudas, la empresa no dio respuestas puntuales, pero ratificó aspectos que están en su informe: que el arroyo del que tomará agua “no abastece a comunidades ni a usos productivos externos”, que recirculará el 80 % del agua en la planta de procesamiento y que consumirá “solo el caudal necesario, sin desviar el curso del arroyo”. También afirmó que está dispuesta a sostener diálogo con el pueblo uspallatino. “Más del 60 % de los participantes en la Audiencia Pública formal para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) apoyaron el proyecto. Esto constituye un nivel de respaldo sólido a través de un proceso transparente y legalmente establecido”, afirmó sobre las protestas.

Asimismo, voceros autorizados del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza afirman que la “DIA establece un esquema obligatorio de actualización, verificación y control permanente, lo que implica que cualquier dato inicial debe ser recalibrado en función de condiciones reales y actuales”.

Durante el último diciembre, la Legislatura terminó por confirmar una DIA que, actualmente, no contempla gran parte de los señalamientos del dictamen. Esta medida recibió el apoyo del presidente argentino Javier Milei —enfocado en la minería como eje central de su plan económico— y el descontento de diversos sectores del pueblo mendocino.

Uspallata regresa al foco de la disputa.

En el centro de la localidad, un gran cartel proclama: “Uspallata. Futuro con Minería”. Frente a esta única pancarta, cientos de pequeñas gotas de agua —símbolo de la resistencia— se multiplican en las ventanas de casas y comercios.

Aunque hay gran rechazo a la megaminería, la participación directa en la lucha es menor que hace quince o siete años. “Hay mucha necesidad de trabajo. El turismo (principal actividad económica) no es apoyado con políticas públicas. Lo mismo pasa con la agricultura, que prácticamente desapareció”, cuenta Roggiano, quien reparte su tiempo entre la crianza, el trabajo y las actividades en defensa del agua.

Mercado suma otras razones a la desmovilización: “Hay muchos empleados estatales que no pueden participar por temor a ser despedidos. También hay una represión feroz y llevaron presas a varias personas que, aunque las liberan, tienen que enfrentar después todo el proceso”.

Esa violencia fue vivida por Limousin: en enero de 2025, un grupo de manifestantes del sindicato de la construcción —que no eran del pueblo— golpearon a vecinos que protestaban frente a la sucursal de PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. “Eran varios pegándole a mi marido: yo me metí para sacarlo y también me golpearon. Nunca habíamos vivido algo así”, describe. Días después detuvieron a dos activistas socioambientales uspallatinos; luego siguieron trece detenciones, en Mendoza capital y, recientemente, otras nueve.

La ministra de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, Jimena Latorre, ha expresado que “quienes se manifiestan representan su legítimo pensamiento; quienes no también tienen una postura que es igual de legítima y respetable; en términos cuantitativos, las minorías organizadas no representan la voluntad de las mayorías, a veces silenciosas”.

Además de PSJ Cobre Mendocino, hay más de 70 proyectos mineros en la provincia. El pasado 7 de marzo, más de 20 mil personas desfilaron en contra de la megaminería en la capital mendocina mientras se realizaba la Fiesta Nacional de la Vendimia. “Todos saben que San Jorge es la punta de lanza”, concluye Mercado. “Si pasa, perderemos para siempre nuestra agua pura”.