Vaciar un río a cucharadas
Veinte años después, Marta Cecilia Domicó despide a su padre, un líder indígena que luchó contra Urrá, la represa que ahora está en medio del debate por las inundaciones en Córdoba

“Ahora que sé que estás en ese río, te regalo este ramo de flores. Siempre, siempre te voy a pensar”. Siguiendo la lenta cadencia de sus propias palabras, Marta Cecilia Domicó tiró una rosa tras otra a la corriente. Sobre el río Sinú, de pie en el muellecito de madera que recibe y despide constantemente al planchón de Calleja, Marta ofreció esa ceremonia mortuoria a su padre, Kimy Pernía Domicó, el líder indígena de la resistencia contra la represa Urrá 1. Salvatore Mancuso le contó a ella que en 2001 recibió de Carlos Castaño la orden de matarlo. Que lo enterraron en una fosa común. Y que cuando la Fiscalía quiso hacer una exhumación, lo sacaron de la tierra y lo arrojaron al agua desde ese muelle.
Marta llevó a cabo su rito veinte años después. Con la intención de comunicarle a Kimy que finalmente conocía el destino de su cuerpo. Y para que él lograra hallar la paz ahora.
No obstante, mientras vivía, Kimy no se sentía en paz. De acuerdo con las memorias de sus allegados, él afirmaba que, pese a construir un embalse estable, resultaba inviable dominar la potencia de aquel cauce. Avisaron que poseían un saber único sobre el Sinú y que eso terminaría siendo insuficiente. Ninguno de los dirigentes que se han referido a la corriente o a la represa posee formación en ingeniería o física. Sus palabras no provienen del ámbito académico. Su sabiduría emana del recuerdo ancestral del suelo y el líquido elemento transmitido por sus antepasados. Actualmente, no obstante, es posible que se expresen a través de un mal sueño. Aquel mismo que le quitaba el sueño de forma constante a Kimy.
Lo que viven las familias damnificadas no parece tener sentido. Porque así son las pesadillas. Por eso, lo que cuentan podría ser una ficción tenebrosa. “Confiados en que sonaría una alarma, nos dormimos con la boca abierta que ni un caimán en playa”. La creciente los sorprendió. Antes que las alarmas, los levantó de la cama un estruendo volcánico. Algunos dicen que pudo ser el movimiento o desprendimiento de una de las piezas gigantes de la presa. Todos corrieron hacia los puntos altos de las veredas mientras la ferocidad del agua arrancaba sus casas de las orillas y dejaba las varillas de cimentación como arterias sueltas y despelucadas.
Hacia las demás zonas del territorio fluyen torrentes de noticias. Representaciones de los desbordamientos que parecen estampas del fin del mundo. Capturas desde el espacio que muestran al Sinú cual inmensa serpiente ensanchada, repleta tras haber engullido once mil hectáreas de un solo golpe. Y estadísticas que rozan ya las cien mil familias que han extraviado totalmente el rumbo de su existencia.

Nadie tiene la culpa de que llueva, pero no se puede vaciar un río a cucharadas ni abandonar a la gente que quedó viva y sin nada. Eso me dijo un líder de Tierralta. Y tiene razón. Porque todos sabemos, diría Nic Pizzolatto, que hay cosas de las que no se sobrevive aunque no te maten, experiencias después de las cuales es imposible la plena existencia.
Esas familias que antes tenían sus casas, animales y cultivos, ahora viven en cambuches de plástico. Durante el día padecen un calor inclemente, el acecho insoportable de enjambres de zancudos que amenazan con inocular a niños y mayores la maldición de la malaria, la fiebre amarilla o el dengue. De noche no hay suficientes hamacas. Niños y adultos tiran colchonetas en el suelo y someten su descanso a la suerte. La lluvia se ensaña con ellos, se hace barrizal y los obliga repetidamente a izar sus colchones como en un castigo primitivo.
Cinco o hasta diez familias, según cuentan algunos líderes, pueden estar compartiendo un solo cambuche. El drama de la violencia entre las víctimas está latente. El hacinamiento, la precariedad extrema y la indolencia estatal convierten los derechos de esas familias en bienes escasos. Los derechos a dormir, a comer, a beber agua potable, los derechos de los niños y niñas a jugar, a vivir en espacios libres de riesgos contra su integridad física y sexual serán disputados en pulsos privados de poder y violencia. Un caldo perfecto para que los señores de la guerra aterricen, tomen control sobre los más vulnerables y degraden aún más su vida.
Hace poco cayó en mis manos, por un regalo sorpresivo, el conocido ensayo de Lafargue sobre el Derecho a la Pereza. Más allá de su lenguaje provocador y de la diatriba contra el trabajo, propias del marxista que era, el texto me hizo pensar en la furia del Sinú como prueba ácida de nuestro fracaso constitucional.
Algo falla cuando miles familias que gestionaban su vida en modelos económicos de autosubsistencia, en los que el manejo del tiempo está libre de las afugias de la economía de mercado, ahora resultan sometidas al reto premoderno de la supervivencia como un trabajo forzado: las víctimas deben templar cambuches cada día, limpiar barriales constantemente, buscar alimento entre las donaciones o las sobras, conseguir o improvisar ropa y cobijo, mantenerse en vela para vigilar la seguridad de los hijos en el hacinamiento y para reaccionar ante las inclemencias del tiempo, pelear por un metro cuadrado con otras familias desposeídas, o adoctrinar a los niños en la estrategia del silencio que protege contra el control violento. En esas condiciones, el trabajo de sobrevivir no da tregua para descansar, ni de día ni de noche.
La aproximación de Lafargue sería lapidaria. Si la indolencia o ineptitud del Estado no permiten recuperar la seguridad alimentaria y habitacional mínima, para amortiguar el agotamiento biográfico de las víctimas con un poco de quietud física y mental antes de conciliar el sueño y después de despertar por la mañana, nuestro sistema constitucional amenaza ruina.
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